Fuente: Declaraciones de Rocío San Miguel, presidente de Control Ciudadano, para Run Runes
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La directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, analizó lo ocurrido en el estado Bolívar el marco de la intervención militar denominada Operación Autana, que dejó un muerto y decenas de desplazados
Habitantes de la localidad de Tumeremo denuncian atropellos y violaciones a los derechos humanos por parte de miembros de la Fuerza Armada Nacional
La gestión de la minería en el sur de Venezuela está enmarcada en torno a tres intereses: Los de particulares, los de bandas armadas y la actuación de los militares.
Así lo declaró la directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, quien agregó que, en torno a esta disputa por el territorio, se encuentra la población, que permanece en completo estado de indefensión.
Las declaraciones de San Miguel fueron a propósito de lo ocurrido el pasado 14 de agosto en el municipio Sifontes del sur del estado Bolívar: Un muerto y decenas de personas desplazadas por la denominada Operación Autana que practicaron miembros miembros de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) de la región.
Habitantes de Tumeremo denunciaron el asesinato de Anderson Jesús Tibaduiza Gutiérrez, de 18 años de edad, a manos de funcionarios militares.
Según la versión de vecinos de la localidad, Tibaduiza Gutiérrez murió frente a la residencia de un amigo, quien resultó herido, en el sector El Esfuerzo.
Por su parte, la minuta policial del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc)especifica que el joven de 18 años cayó en un enfrentamiento con funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, adscritos al destacamento 624 de Tumeremo.
“Al asesinato de este muchacho uno no le encuentra explicación. ¿Dónde esta la actuación del Ministerio Público? Impera la ley del más fuerte en esa zona, no puede ser que estas situaciones se repitan”, opinó Rocio San Miguel.
San Miguel manifestó que los efectivos militares emprenden una búsqueda de supuestos campamentos de elaboración de drogas ilícitas en un territorio conocido por la explotación minera legal e ilegal.
“Se insiste con la presencia de los Tancol en Venezuela, aquí la noticia entonces es que el narcotráfico se instaló en el estado Bolívar”, aseveró San Miguel.
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Advierten que podría empeorar situación de minería ilegal
Un video de la Zodi muestra que las fuerzas militares “lograron inhabilitar campamentos que servían de laboratorios para elaborar sustancias ilícitas y de la misma manera pistas de aterrizaje no autorizadas cuyo fin era el tráfico de narcóticos”.
La diputada del Consejo Legislativo del estado Bolívar, Zaida Vahlis, exhortó a los miembros de la Fuerza Armada Nacional a no extralimitar sus funciones contra el pueblo que trabaja en la minería.
“Hay que establecer un ordenamiento jurídico que delimite tierras de los pueblos indígenas, parques nacionales y sitios para la actividad minera artesanal”, aseveró.
San Miguel indicó que la política del Estado en torno a este problema debe ser sostenida.
“Se insiste en operativos, la Fuerza Armada debe tener operaciones permanentes en estos sitios, los cuerpos de seguridad deben actuar especialmente en el anillo fronterizo con planes de constante ejecución”.
La presidenta de Control Ciudadano calificó a Bolívar como un estado complejo, donde confluyen la explotación minera legal e ilegal.
“El ciudadano común y corriente está en medio de una zona de guerra, carece de instituciones del Estado que lo protejan, especialmente en las regiones fronterizas”.
San Miguel expuso también que con la reforma al Código Minero colombiano propuesta por el recién electo presidente Gustavo Petro, es probable que empeore la situación de minería ilegal en Venezuela.
“Petro anunció en un consejo de seguridad integral que se erradique a los mineros ilegales en Colombia, todo parece indicar que esa gente se va a traspasar al lado venezolano”, advirtió.
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