Fuente: Venezuela al Día
Con cada supuesto intento de golpe de Estado al gobierno, cientos de empleados públicos pierden sus puestos de trabajo y un centenar de militares terminan tras las rejas, acusados de cometer delitos como rebelión y contra el decoro militar. Esa ha sido la fórmula de poder de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Crédito AVN
Para el 20 de junio la ONG Justicia Venezolana había registrado 152 detenciones de militares por razones políticas, 60 capturados en lo que iba de 2018 hasta la fecha. Sin contar los detenidos tras el supuesto atentado a Maduro, ocurrido el 4 de agosto en la avenida Bolívar de Caracas.
Según ha mencionado en distintas ocasiones Rocío San Miguel, presidenta del grupo de vigilancia Control Ciudadano, Maduro también mantiene el control a través del miedo, deteniendo o purgando regularmente a otros oficiales y soldados de la Fuerza Armada Nacional (FAN).
Es decir, el régimen chavista-madurista de alguna forma se entera de supuestos rumores sobre un “levantamiento militar” o un “golpe de Estado” en su contra e inmediatamente, utiliza la información a su favor y maquina un contragolpe que termina con varios militares detenidos.
Algunos analistas señalan que estos uniformados arrestados a veces no tienen nada que ver con el golpe que se buscaba ejecutar; sin embargo, sí se encontraban en alguna “lista negra” dentro del Alto Mando de la FAN y su detención solo forma parte de un show más del régimen, para intimidar a los militares que desean un cambio de gobierno para Venezuela.
Rebeliones militares
Entre las supuestas rebeliones o Golpes militares se encuentran el famoso “Golpe Azul”, la “Operación Armagedón” y la “Operación Constitución”.
-Golpe Azul u Operación Jericó: Fue conocida el 12 de febrero de 2015 cuando el presidente Nicolás Maduro anunció el supuesto golpe de Estado. Por esta operación no comprobada, fueron arrestados cinco militares y tres civiles: el taxista Pedro Maury, el carpintero Jesús Salazar y Luis Colmenares, TSU en ciencias fiscales.
Según el régimen, el supuesto acto fue planificado por el general de la Aviación Oswaldo Hernández, quien permanecía detenido desde abril de 2014 (en medio de las protestas antigubernamentales) y fue condenado en mayo de 2015 a ocho años y siete meses de prisión por los delitos de rebelión y contra el decoro militar, mismos cargos con los que fueron sentenciados los 5 militares.
De los militares, Ricardo José Antich, Peter Alexander Moreno, Carlos Esqueda y Luis Lugo (todos teniente primero de la Aviación) fueron liberados el 11 de octubre. Pero horas después se dio la orden de recaptura, aún se desconoce el motivo, y sus familiares han sido asediados por las fuerzas policiales del Estado. Tanto que la madre de Lugo, Gloria Calderón, fue arrestada para presionar su regreso a la cárcel.
Rocío San Miguel en ese momento manifestó que “la detención de Gloria Calderón madre del Tte. Lugo ratifica el patrón de Terror-Violencia-Miedo utilizado por el Gobierno de Venezuela como fórmula de Poder”.
Operación Armagedón: Desde el año 2017, inteligencia militar ha estado investigando un presunto plan de golpe de Estado, denominado “Operación Armagedón. En junio de este año, el Tribunal Militar decretó privativa de libertad contra nueve militares de la FAN por su presunta participación en esa intento golpista, que buscaba impedir las elecciones presidenciales del pasado 20 de Mayo y el asesinato del presidente Nicolás Maduro, según se desprende de un informe de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) identificado como DGCIM-DEIPC-IC-002-2018.
De acuerdo a este informe, la periodista Sebastiana Barráez indicó -en un artículo publicado en su blog– que a la dirigente María Corina Machado se le señala como “la principal civil involucrada, como financista y enlace internacional con los militares detenidos”, debido a que goza de popularidad entre las filas militares; no obstante, Machado no ha sido detenida por este caso.
Operación Constitución: Quizás ha sido el intento más serio de derrocar a Maduro. Sin embargo, la poca credibilidad de la que goza el Gobierno venezolano ha hecho dudar de que sea cierto el supuesto “intento de magnicidio”, ocurrido el 4 de agosto con drones explosivos, durante un discurso del mandatario en la avenida Bolívar de Caracas.
Lo cierto es que sobre este supuesto “atentado” la Inteligencia del Gobierno esta tras la pista de al menos 34 personas, entre militares y civiles. Varias ya han sido arrestadas y también, varias han sido las acusaciones de que se trate de otra farsa, que solo busca encarcelar o desterrar a más dirigentes de la oposición y a castrenses.
Los casos del diputado a la Asamblea Nacional Juan Requesens y del concejal por el municipio Libertador (Caracas) Fernando Albán, han sido los que más han acaparado la atención internacional y de las ONG’s defensoras de derechos humanos. Según distintos expertos, Requesens fue sometido a una droga para declarar en un video hecho público, lo que el régimen deseaba y posteriormente, ha sido sometido a torturas y tratos inhumanos.
Por otra parte, la comunidad internacional pide que la muerte del concejal Albán sea investigada por expertos internacionales. Debido a que hay versiones que desmienten que Albán supuestamente se suicidó -el 8 de octubre- al lanzarse del piso 10 de la sede del servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Plaza Venezuela, donde permanecía detenido desde el 5 de octubre por su vinculación con la Operación Constitución.