Fuente: Correo del Caroní/ Laura Clisánchez
Indígenas reportan daños de chozas y conucos como consecuencia del conflicto entre las Fuerzas Armadas, miembros disidentes de las FARC y un sindicato minero.
La primera semana de febrero, el observatorio indígena Kapé Kapé reportó una incursión de distintos cuerpos policiales y militares del Estado, entre esos la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en la cuenca del río Caura del municipio Sucre en el estado Bolívar.
La incursión ocurrió en, principio, específicamente en el sector Alto Caura donde habitan comunidades indígenas de la etnia yekwana y sanema. En teoría, se debió a un “operativo de seguridad” o inspección para liberar la zona de los grupos armados que se enfrentan por el control de las minas donde hay oro, diamantes y coltán. Entre los grupos en pugna se cuentan mafias del oro o sindicatos y guerrilleros disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Luego, el 9 de febrero la comisión de la FANB se desplazó hacia el sector Bajo Caura, donde habitan ocho pueblos indígenas, yekwanas, sanema, jivi, piaroa, pemón y otros. Los militares ejecutan hasta ahora un operativo de seguridad en la comunidad indígena jivi Casanay, cercano a la mina El Silencio, uno de los focos más violentos de la zona.
El consejo de caciques de las etnias jivi, yekwana y sanema planea reunirse en el transcurso del mes para evaluar los daños y realizar propuestas, no lo han hecho hasta ahora por falta de combustible para el traslado. El consejo está compuesto por 18 caciques del pueblo jivi, mientras que de los yekwana y sanemá son 53 los representantes.
Van tres enfrentamientos armados
Hasta este 11 de febrero ha habido al menos tres enfrentamientos entre los cuerpos civiles y militares del Estado contra estos grupos armados, de acuerdo con el reporte del vocero de Kapé Kapé en la zona. “Esa es la desesperación de los hermanos indígenas que conviven en esas comunidades”, dijo.
Kapé Kapé informó que hasta ahora no ha habido ninguna muerte indígena como resultado de los enfrentamientos entre los grupos en disputa y que la comisión militar de la FANB desocupó las zonas cercanas al río del sector Alto Caura, sin embargo, los pobladores reportan el daño de chozas y conucos en medio del pugilato.
Quienes ahí viven temen una eventual ocupación permanente de grupos armados irregulares, de mineros, ser víctimas de maltrato de los cuerpos militares del Estado y el desalojo de sus tierras a causa de la diseminación de la actividad minera ilegal en el territorio al que todos los grupos incursionan desconociendo la autoridad política que tienen los indígenas en él.
Las comunidades indígenas que habitan en la cuenca del río Caura vienen denunciando la ocupación de grupos guerrilleros desde hace más de dos años, específicamente las disidencias de las FARC y distintos sindicatos mineros, que intentan apoderarse del territorio desde 2016 para controlar la extracción de oro, coltán y diamantes.
Aunque desde 2017 el régimen considera a la región del Caura un territorio altamente conservado por su diversidad biológica, fragilidad ecológica y por ser el hábitat ancestral de comunidades indígenas -a las que hasta ahora no se les ha otorgado la demarcación del territorio-, en plena pandemia aprobó deliberadamente la explotación minera en seis ríos de la Amazonía, incluyendo el Caura.
Aunque la explotación minera de la zona ya se estaba diseminando progresivamente, el decreto fue carta blanca para que se acelerara la invasión del territorio por mineros, grupos armados criollos y guerrilleros extranjeros. Las balsas mineras en el río comenzaron a aparecer como caimanes en boca de caño.
Fue entonces cuando inició la ola de protestas del pueblo indígena del Caura, que advertían sobre la violencia de la que hasta hoy son víctimas, el robo de las cosechas de sus cultivos, la violación de sus mujeres y niñas y el daño irreparable que la actividad extractivista estaba haciendo al ambiente.
El decreto se derogó en octubre de 2020. Pero para entonces tres miembros de la Guardia Indígena, dos yekwana y un wayuu, fueron asesinados a mansalva por los invasores vinculados con la minería, un día después de que el consejo de caciques se negara a entablar un diálogo con grupos armados que pretendían hacerse con el control del lugar, según reportó la organización indígena Kuyujani en mayo de 2020. La solicitud de cese de actividades de los grupos armados hecha por la organización permanece desoída.
Tiempo después, en junio de 2020, un grupo armado de 70 hombres tomaron las instalaciones del campamento turístico Caura, que integra el Parque Nacional Caura, el más grande del país, que coincide con el bloque 2 del territorio del Arco Minero del Orinoco (AMO) y área natural conservada que ha sido una víctima protagónica de delitos ambientales.
Cada vez que los indígenas de la zona se resisten al control de grupos armados, alguien muere y el patrón es de larga data. En 2018, dos miembros de la tribu jivi murieron en una masacre en la mina El Silencio. Un año después, en el mismo territorio desaparecieron dos hermanos indígenas también de la etnia jivi.
La escalada de violencia se mantiene y amplifica conforme aumenta la fiebre de oro en el territorio ancestral indígena frente a los ojos del Estado que, en operativos de seguridad, tampoco garantiza la integridad física de los moradores que ahí habitan.
Una invasión tras otra
La invasión de grupos armados, guerrilleros y mineros se han extendido a todos los municipios del estado Bolívar con recursos minerales y ha ingresado cada vez más a las comunidades indígenas.
A inicios de febrero, por los ríos Cuyuní y Chicanán arribó un grupo armado liderado por alias Fabio y mineros de El Dorado, en el municipio Sifontes, e intentaron invadir la comunidad indígena de San Luis de Morichal para ejercer la minería ilegal.
Con este, la comunidad de San Luis de Morichal ha resistido a tres intentos de invasión, los indígenas tratan de resguardar sus territorios y piden la protección de un Estado que no se las garantiza, sino que propicia el caos en las zonas mineras.