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Fuente: La Prensa de Lara

A doce funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) los imputaron por los presuntos delitos de homicidio calificado por motivos fútiles e innobles, trato cruel, abuso de autoridad, uso indebido de armas orgánicas y privación ilegítima de libertad. Gruseny Antonio Canelón Scirpatempo, de 32 años de edad, conocido «Tony«, fue su víctima.

Crédito La Prensa de Lara

El 11 de abril de 2017, funcionarios de la Guardia Nacional le dispararon a quemarropa a «Tony» en medio de una manifestación en contra del gobierno de Nicolás Maduro, registrada en el Distribuidor Bellas Artes en Cabudare, municipio Palavecino.

Para ese momento se supo que en el expediente se registró toda la golpiza que recibió por los militares cuando le dispararon a quemarropa. El joven permaneció intubado 33 horas y murió el 13 de abril a las 3:00 de la mañana. Se convirtió en la tercera víctima mortal de las protestas.

En el año de la muerte de «Tony», la Fiscalía 21 del Ministerio Público, con competencia en Derechos Fundamentales, dirigía las investigaciones en conjunto con el Eje de Homicidios del Cicpc Lara, comprobaron que existía la participación de funcionarios de la Guardia Nacional.

Cinco días después de la muerte de «Tony» y luego que los funcionarios encontraron pruebas de la implicación de militares, la orden de aprehensión fue emitida por el Juez de Control 7, bajo el número de oficio 4071 y no fue sino hasta el día siguiente que el abogado Pedro Troconis, para ese entonces coordinador del Foro Penal capítulo Lara, difundió la orden a través de su cuenta en Twitter.

Luego de cuatro años de aquel día en el que «Tony» perdió la vida, el 19 de noviembre, doce de 14 GNB identificados como: Wilfredo Pirela, Pastor Oviedo, Lucindo Parra, Jorge Luis Chirinos, Edixon Silva, Wilmer Arriechi, Carlos Urbaneja, Marcos Sánchez, Alí Meléndez, Yomar Pérez, Yanín Vera y José Rodríguez los trasladaron hasta Tribunales larenses. Una fuente interna detalló que la audiencia duró más de cinco horas, donde estuvo presente la Fiscal Nacional 85 y el Tribunal de Control número 7 los imputó.

El juez ordenó como sitio de reclusión la sede del Destacamento 121 de la GNB.

En proceso

Por la muerte de «Tony», catorce militares tenían orden de aprehensión, el viernes fueron imputados doce. El GNB Orangel David Morán Sánchez, quien sería el presunto implicado número 13, ya había sido imputado previamente. Sin embargo, LA PRENSA pudo conocer que el funcionario fue detenido hace un tiempo y se encuentra en fase de juicio.

Aunque las fuentes consultadas no indicaron la fecha exacta en la que fue detenido, sí destacaron que el hombre fue imputado y ahora está en proceso judicial.

Mientras que el último implicado en este caso que conmocionó no sólo al estado Lara, sino a toda Venezuela, Jackson García, quien era sargento segundo, se supo por una fuente militar que murió a consecuencia de un cáncer.

Sin ser notificados

La familia de «Tony» no fue notificada sobre esta nueva imputación de los doce, presuntos, militares implicados en el homicidio, pues la información los agarró de sorpresa.

Un familiar, quien no quiso identificarse, no descarta que estas detenciones se lleven a cabo luego de la visita a Venezuela del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI).

«Podría tratarse de un ‘parapeto’ por la visita del fiscal, nada nos alegra porque nadie nos dice si esas personas no van a recibir un beneficio más adelante», comentó el familiar.

Los familiares de «Tony», desde el primer día exigieron justicia, que el proceso fuera transparente y que los implicados pagaran con cárcel por lo que hicieron.

El estado Lara fue sacudido en 2017, los crepúsculos se tornaron grises, las calles se calentaron, cauchos quemándose adornaban toda la ciudad, grupos de jóvenes de diferentes municipios salieron a protestar porque querían un mejor futuro para ellos y sus hijos, pero las balas les truncaron sus sueños.

En total, fueron veinte personas que murieron en Lara en el 2017 durante las manifestaciones políticas contra Maduro.

A quemarropa

La tarde del 11 de abril, «Tony» fue herido cuando intentó ayudar a uno de sus compañeros que se lo estaban llevando detenido, justo en ese momento al joven le disparan a quemarropa en un costado y lo montan en la patrulla junto a los demás detenidos.

Jesús Guarecuco, quien para ese año era el presidente de la Sociedad de Médicos Internos y Residentes (Somir), explicó que la persona que le disparó a Tony estuvo a menos de un metro de distancia porque su herida era grande y profunda. El disparo le causó una lesión hepática grado 4 y otra en el colon con múltiples heridas.

«Tony» fue una de las víctimas que relató lo que le pasó. Como pudo sacó su celular y le envió una nota de voz a un amigo. «Me llevan preso al Hospital Militar, voy disparado, voy herido. Ayúdame por favor», pero nunca llegó al hospital, sino hasta horas después cuando ya había perdido mucha sangre.

Esperan por la justicia

Familiares de los 27 caídos en Lara durante las protestas de 2014, 2017 y 2019 en contra del Gobierno nacional, de los 286 fallecidos en el país, están esperanzados y con sed de justicia luego de la visita del titular de la Corte Penal Internacional (CPI) a Venezuela.

Esas manifestaciones violentas que se registraron de forma paralela en todo el país y en el 91% de los casos hay impunidad. Abogados y familiares detallaron que sus casos aún se encuentran en etapa de investigación.

Para los familiares de las víctimas de las manifestaciones de 2017, la impunidad sigue reinando, han pasado 4 años en los que han estado presentes en cada ente para exigir respuestas.

Casos con 19 GNB implicados

En el estado Lara, alrededor de 19 funcionarios militares fueron señalados como presuntos responsables en las muertes de tres jóvenes durante las manifestaciones en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro.

El primer caso del que se conoció fue la orden de aprehensión contra 14 funcionarios de la GNB, fue en el caso de «Tony», que luego de más de cuatro años de su muerte se conoció que fueron imputados y el caso continúa.

Mientras que en el caso de Eyker Rojas, el Ministerio Público ordenó la aprehensión de cuatro GNB quienes, supuestamente, fueron los que le dispararon.

Eyker recibió un disparo en el pómulo derecho con salida en la occipital derecha «debajo de la cabeza» y la bala se le alojó en el hombro derecho. Al joven lo hirieron el 26 de abril de 2017 a las 9:30 de la noche en la calle 61 con carrera 15.

Por un militar

Manuel Sosa (33) fue asesinado el 25 de mayo durante las protestas de Valle Hondo en 2017. El joven re­cibió un disparo en el cuello. Se conoció que ese día llegó un grupo de mili­tares al lugar donde estaba Manuel.

Manuel, al igual que Tony y Eyker, presuntamente, fue asesinado por un Guardia Nacional. Veintidós días después de su muerte salió a relucir el nombre del militar, quien para ese entonces era un primer teniente de la GNB, adscrito al Destacamento 123 de Cabudare, a quien le libraron orden de captura luego de que la Fiscalía 21 con competencia en Derechos Fundamentales, logró identificarlo y fue señalado como el que, presuntamente, accionó el arma.

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