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Gustavo Enrique González López

 

Egresado de la Academia Militar de Venezuela en julio de 1982, con el grado de subteniente (actual Teniente) y el título académico de Licenciado en Ciencias y Artes Militares, ocupando la posición número 45 de un total de 102 graduados. Arma: Infantería. Es Mayor General del Ejército (activo), actualmente director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

Cargos principales:

En 2006 fue escogido presidente de la C.A. Metro de Caracas. Dos años más tarde fue designado comandante de la 5ta. División de Infantería de Selva, Teatro de Operación N° 5 y Guarnición de Ciudad Bolívar. En 2013 es nombrado secretario de la Unidad de Seguridad e Inteligencia del Sistema Eléctrico y unos pocos días después, director general del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa). En el marco de las protestas del 2014 es designado director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Y el 09 de marzo de 2015 Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Pazhasta el 02 de agosto de 2016.

En el 2015, González López fue sancionado por el gobierno de los Estados Unidos, al aparecer en una orden presidencial del entonces presidente Barack Obama. En la hoja informativa se explica que González López “es responsable por o cómplice de, o responsable por solicitar, controlar o de otra manera dirigir, o ha participado en, de forma directa o indirecta, en actos significativos de violencia o conducta que constituyen un abuso serio o violación de los derechos humanos”.

El 3 de noviembre de 2017, el gobierno canadiense dio a conocer que forma parte de la lista de 18 altos funcionarios venezolanos sancionados por este Estado, ya que “son responsables, o cómplices, de graves violaciones a los derechos humanos reconocidos internacionalmente, han cometido actos importantes de corrupción o han hecho ambas cosas”. Esta medida trae como consecuencia la congelación de bienes en Canadá y la declaración de persona inadmisible en Canadá bajo la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados. El 16 de noviembre de 2017 fue denunciado por Luisa Ortega Díaz ante La Haya por presuntamente haber “cometido crímenes de asesinato, tortura, encarcelamiento, así como un ataque sistemático y generalizado contra la población”.El 18 de enero de 2018 fue aprobada una sanción por parte de la Unión Europea en la que lo responsabilizan, junto a otros representantes del gobierno venezolano, de la represión y situación política de Venezuela. El 28 de marzo de 2018 fue sancionado por el gobierno suizo. Aseguran que es responsable de graves violaciones de los Derechos Humanos, que incluyen detención arbitraria y tortura, así como represión a la sociedad civil y a la oposición democrática en Venezuela. Dos días después, el 30 de marzo, el gobierno de Panamá lo sancionó al ser considerado de alto riesgo por blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Ha sido acusado de mantener privados de libertad a presos políticos que cuentan con boleta de excarcelación dictada por tribunales.

Actualizado 30/06/18

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