Uniformados reproducen esquemas de militarización cuando asumen cargos públicos
Caracas, 24 de noviembre de 2021.- 17% de los gobernadores electos en los comicios regionales de este 21 de noviembre de 2021, provienen de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con estos resultados disminuye la participación de los militares en los gobiernos regionales.
Los militares que resultaron electos como gobernadores, todos oficiales en reserva activa fueron: el almirante Adolfo José Pereira Antique en el estado Lara y el almirante Gilberto Pinto en el estado Sucre. En el estado Trujillo el capitán del Ejército Gerardo Alfredo Márquez y en el estado Yaracuy el capitán de la Aviación Julio César León Heredia, ambos participantes en las intentonas golpistas del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992 respectivamente.
Por su parte, la almirante Carmen Meléndez (Armada), también de la reserva activa, resultó electa como alcaldesa del Municipio Libertador (Caracas), uno de los cargos de elección popular más importantes del país, por cuanto en este municipio residen las sedes de los poderes públicos.
Pasamos de 7 a 4 gobernadores que provienen de la FANB
En la actualidad 6 gobernaciones son ocupadas por militares: coronel (Ejército) Ramón Carrizales (Apure), mayor general (GNB) Justo Noguera Pietri (Bolívar), coronel (Ejército) José Manuel Suárez (La Guaira), almirante Adolfo Pereira (Lara), general en jefe (Ejército) Henry Rangel Silva (Trujillo) y capitán (Aviación) Julio León Heredia (Yaracuy).
La gobernación de Aragua también estuvo ocupada por un militar, el mayor general (Ejército) Rodolfo Marco Torres, quien ejerció el cargo hasta agosto de 2021, cuando renunció y pocos días después asumió como ministro para la Atención de las Aguas. Fue sustituido por Daniela González Coviella.
Por su parte el coronel (Ejército) José Manuel Suárez, quien resultó electo este 21 de noviembre, ocupaba la gobernación de La Guaira desde mayo de 2021, cuando asumió el cargo tras el fallecimiento del gobernador de la entidad, el también militar general en jefe (Ejército) Jorge Luis García Carneiro.
Así mismo, el Almirante Adolfo Pereira, quien también resultó electo como gobernador del estado Lara, ocupa ese cargo desde el 26 de octubre de 2020, cuando sustituyó a la almirante Carmen Meléndez, quien renunció a la gobernación, para ocupar el cargo de ministra de Interior, Justicia y Paz, para entonces.
El problema de la militarización del ejercicio del poder
Control Ciudadano ha venido documentando desde las elecciones regionales de 2013, la presencia de militares al frente de las gobernaciones, la cual ha venido disminuyendo ostensiblemente en los dos últimos procesos electorales.
Para el periodo de gobierno regional 2013-2017, la participación de gobernadores provenientes de la FANB fue de un 52 %. En el periodo 2017-2021 fue de un 30%, situándose para el periodo actual del 2021 al 2025 en un 17 %.
Para Rocío San Miguel, presidente de Control Ciudadano: “la presencia de militares al frente de las gobernaciones es un dato importante que permite monitorear esquemas de militarización de la administración del Estado. Los efectivos de la FANB cuando asumen cargos públicos de naturaleza civil generalmente reproducen esquemas de militarización y colonizan la estructura de gestión, con un número significativo de efectivos militares. Esto es negativo”.
Sin embargo, agrega San Miguel, “también se ha podido observar, que con la disminución de la presencia de militares en gobiernos regionales, los comandantes de las REDI y de las ZODI pasan a ejercer una tutela militar indebida sobre las competencias de las gobernaciones. Esto también es negativo, especialmente en los estados fronterizos del país, con mayor énfasis aún, si son dirigidos por gobernadores opositores al gobierno central, como es el caso de lo que sucederá, para el periodo 2021-2025, con los gobernadores de Nueva Esparta y del Zulia, Morel Rafael Rodríguez Ávila y Manuel Rosales”.
Para la presidente de Control Ciudadano: “Lamentablemente, la ecuación de control de los militares sobre la administración pública nacional y descentralizada, es un tema pendiente en Venezuela, respetándose las competencias de gobernadores y alcaldes electos, de acuerdo a la Constitución, sin militarizarse el control de estos espacios“.
