Fuente: El Impulso

“Es una sentencia muy grave porque es la puerta de entrada para que se establezca un cogobierno financiero, con millones de dólares bajo la administración de los militares en Venezuela”.

Crédito Archivo El Impulso

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Así calificó la presidenta de la organización Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, Rocío San Miguel, la sentencia Nº 1.421 (de fecha 15/12/16) emanada de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que le quita la potestad de control a la Contraloría General de la República (CRG) para transferírselo a la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

En entrevista para EL IMPULSO, sostuvo que el Gobierno nacional está en la búsqueda de la instauración de un Estado militar dentro del actual Estado venezolano, el cual, después de la disposición legal del TSJ, adquiere “el poder de pagarse y darse el vuelto” sin ningún tipo de disimulo ni regulación.

Aseguró que esta “maniobra” corona la eliminación de la facultad de auditoría que tenía la Asamblea Nacional sobre efectivos militares (incluso de interpelar al Ministro de la Defensa), y responde a la construcción de una “ruta de transición en la que los militares quieren asegurar su futuro frente ante cualquier escenario que pueda presentarse en el país”.

“Pareciera que las órdenes están siendo dictadas de la cúpula militar, porque aquí el único beneficiado es la casta militar que podrá manejar todo estos recursos del Estado. Esto es gravísimo”.

Hizo énfasis en hacer ver que es un paso “definitivo” hacia un Estado paralelo, gobernado por una FANB con finanzas y reglas propias de funcionamiento, y con un enorme poder económico sobre el cual no existe posibilidad de auditabilidad”.

Proliferan empresas militares

San Miguel destacó que la masa monetaria crece cada vez más en el seno militar, puesto que cada día adquieren mayores responsabilidades civiles.

Tiene contadas unas 14 empresas a la orden del Ministerio de la Defensa, entre las que destaca la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim), pero también se encuentra una importadora de cauchos y una embotelladora de agua.

Recordó que, por ejemplo, todo el sistema de exploración y explotación minera nacional fue concedido a la FANB por decreto presidencial y, tras la sentencia, esa estructura quedaría exenta de revisión civil y de la CGR.

“Esta maniobra no puede ser observada con buena fe, ni tampoco con alegría por los venezolanos, dado a la ruta de enorme corrupción en la que han venido siendo protagonistas factores militares con poder en el país, cuando hay muy graves indicios de la vinculación de la FANB a tráficos ilegales como el de alimentos, minerales, combustibles y el de drogas”.

Expuso que la decisión del TSJ se sustenta en una reforma de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de 2014 hecha “hábilmente” por Nicolás Maduro, como ajuste conveniente para sortear todo tipo de control.

Asimismo, reiteró que tal fallo es inconstitucional porque rompe el pacto social de los venezolanos al atribuir a los militares poderes que no tienen asignados en la Constitución.

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