Fuente: Sofía Nederr, El Nacional 

Como una aberración calificó la diputada Delsa Solórzano que el Tribunal Supremo de Justicia no preservara el derecho a la vida en el dictamen sobre el recurso contra la resolución 008610 del Ministerio de la Defensa, al permitir el uso de armas de fuego de la FANB para el control del orden público. La presidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional cuestionó que se deja a discrecionalidad de los militares las actuaciones en las protestas.

Crédito Archivo Últimas Noticias

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Criticó que año y medio después del recurso de nulidad, y la medida cautelar solicitada por ella y el concejal Manuel Rojas Pérez (AD), la Sala Político Administrativa admitiera el recurso y negara la medida cautelar. “Seguiremos el proceso, no desistiremos de la nulidad aunque el proceso tarde años, iremos a todas las instancias. Llama la atención que el TSJ, con rapidez para anular las decisiones de la Asamblea Nacional, no actuara con celeridad y que además se excediera en sus atribuciones porque en una cautelar no podía referirse al fondo. Además, los magistrados refieren el derecho a la libertad de expresión cuando lo que se quiere preservar es la vida de los ciudadanos que manifiestan pacíficamente,”, indicó.

Solórzano cuestionó que el TSJ avale que la resolución continúe vigente en detrimento de los derechos humanos. El concejal Manuel Rojas Pérez dijo que la norma del Ministerio de la Defensa viola la Constitución y pactos internacionales. Añadió que el tribunal pareciera que quiso decidir de una vez sin que se dirimiera sobre el recurso de nulidad, al tiempo que obvió el contenido de la resolución.

“El TSJ quiso enmendar la plana al acto administrativo del Ministerio de la Defensa, firmado por el general Vladimir Padrino que ahora es el presidente de facto del país, lo cual es improcedente. Un tribunal serio hubiese suspendido la norma hasta tanto no hubiese sentencia definitivamente firme”, sostuvo Rojas Pérez.

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