Fuente: Joan Camargo, 2001

La ejecución del macroproyecto de explotación de minerales, en la denominada Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, pareciera ser para el Gobierno el impulso que lo lleve a diversificar la economía

Crédito 2001

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del país, y de esta manera sortear todos los problemas generados por la crisis económica.

La política de explotación estipulada en el motor minero abarca la intervención de grandes zonas de los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro protegidas por leyes y convenios internacionales, donde existe un total de tres reservas forestales, monumentos naturales, y la Cuenca del Caroní, portador de las reservas de agua más grandes del país, que nutre de agua a los embalses de Guri, Caruachi y Tocoma.

Criterios no tan buenos. La explotación de minerales en un territorio que consta de 111.843 kilómetros cuadrados, es decir el 12% del territorio nacional, parece no tener más resultados positivos que negativos.

Américo De Grazia, presidente de la Comisión mixta especial de la AN que estudia el tema del Arco Minero, manifiesta que la política de explotación de minerales no tiene otro propósito ni otro objetivo que pagar los intereses de la deuda a Gold Reserve, puesto que ya se le vencieron los lapsos y necesita dinero y entrada rápida.

Vale destacar que la empresa canadiense Gold Reserve perdió la concesión en el año 2009, debido al fuerte impacto que causaba la práctica de la minería en el ecosistema venezolano. Por este hecho, la empresa no recibió ningún tipo de indemnización al respecto.

Después de años de disputa legal, Venezuela le pagará un total de 769 millones de dólares como resarcimiento; monto que también representa parte de la inversión hecha por el país para la reactivación de dichas prácticas.

¿Solución económica? Para el diputado Américo De Grazia el extractivismo no representa una solución a la crisis económica. Manifiesta que el mismo Presidente anuncio que al país ingresarán por concepto de extractivismo minero 80 mil millones de dólares en los próximos 20 años, lo que equivale al 1% de lo que ingresó por concepto del rentismo petrolero en los últimos diez años.

Por otra parte, José Prat, diputado por el estado Bolívar, manifiesta que es una ingenuidad por parte del Gobierno si cree que la explotación del Arco Minero podría conducir a la salida de la crisis económica que vive el país. Opina que la inversión generada no daría unos dividendos inmediatos como para representar una solución a la necesidad de dinero urgente que tiene el Gobierno.

Fuerza Armada y minera. La participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la explotación del Arco Minero del Orinoco ha sido fuertemente criticada por asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales, por la carencia de legalidad y competencias de los militares en la explotación de minerales en el país.

Desde la Asociación Civil Control Ciudadano se han hecho advertencias muy severas por el involucramiento de los militares en este tipo de actividad.

“Exigimos que la FAN quede excluida de las actividades del Arco Minero. No puede explotar minería y ser policía ambiental al mismo tiempo. Eso es completamente contrario a la ley”, aseveró la abogada Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano.

Trabas legales. Las zonas dispuestas a la explotación minera son áreas protegidas constitucionalmente por los artículos 127, 128, 129, 304 y 327 de la Constitución; así como en la Ley Penal del Ambiente, Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, Ley de Aguas, Ley Orgánica del Ambiente, Ley de Zonas Costeras, Ley de Bosques, Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas, y distintos convenios internacionales.

Impacto ambiental. La ecóloga Evelyn Pallotta indica que la actividad minera puede afectar el 30% de los bosques del país, la Cuenca del Caroní y la del Caura, lo que tendría un impacto directo sobre el embalse de Guri, planta que genera el 70% de la energía del país.

Además, afecta 670 tipos de aves, 25 familias de peces, 5 mil especies botánicas, 159 especies de reptiles y 217 especies de mamíferos, dentro de las cuatro áreas estratégicas de explotación.

Según Pallotta, el macroproyecto busca obtener una riqueza inmediata sin tomar en cuenta los impactos a largo plazo y la afectación que se genere en esa zona. Es decir, ellos plantean la remoción de 700 millones de toneladas de tierra en 70 años, solo para extraer 7 mil toneladas de oro.

Las políticas extractivistas se están desarrollando en tierras vitales imposibles de regenerar dada la fragilidad de su ecosistema. La utilización de químicos como el cianuro contamina todas las aguas utilizadas para este fin. Para la extracción de oro se emplea un estimado de 110 litros de agua por segundo, lo que representa nueve millones de litros de agua por día.

“El Estado no se puede convertir en un gran garimpeiro; tiene que tomar en cuenta los aspectos ambientales y estratégicos como lo es la sustentabilidad de los recursos hídricos y el ecosistema. Los recursos deben explotarse con criterio y de manera sustentable”, añade Pallotta.

La contraparte. La Asamblea Nacional creó una comisión mixta que abordará los factores que están directamente involucrados en el tema. Entre ellos destacan la minería, el ambiente y los grupos indígenas.

El diputado José Prat manifiesta que el Gobierno debió hacer un debate donde se pusieran en discusión estos tres elementos fundamentales para el desenvolvimiento del país. “Podemos vivir sin oro, sin coltan y sin diamante, pero no podemos vivir sin agua. El Gobierno no puede comprometer todo el futuro del ecosistema del país por una decisión coyuntural que la están tomando ellos solos”, concluyó Prat.

 

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