Fuente: Abel López, El Nacional
A un año del cierre de la frontera colombo-venezolana, las consecuencias de dicha medida política se mantienen en ambos países. Esta decisión política tuvo implicaciones en todas las áreas sociales para los habitantes de los estados limítrofe como ocurrió en el ámbito económico, el cual sufrió una disminución de la productividad y oferta de bienes y servicios, tras la caída de la demanda en muchos comercios.
Archivo Telesur
Mientras algunos expertos y funcionarios venezolanos afirman que las consecuencias fueron negativas, otros políticos opinan que el Ejecutivo nacional acertó al cerrar la frontera. Pero todos coinciden en que es necesario el restablecimiento de las relaciones binacionales fronterizas, que apunten a la integración y apertura de los límites que unen a Colombia y Venezuela.
Diversos actores políticos plantearon su punto de vista y posturas a El Nacional Web, tanto opositores como oficialistas presentaron su balance del cierre fronterizo, positivo para unos y negativo para otros.
Ámbito económico
María Teresa Belandria, coordinadora internacional de Vente Venezuela y profesora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), sostuvo que las consecuencias del cierre fronterizo se deben leer en tres áreas, la primera es la comercial y económica. Hasta el momento en las ciudades fronterizas San Antonio y Ureña 90% de los comercios esán cerrados, lo que ha generado desempleo y descenso en la productividad.
La también especialista en Derecho Internacional Económico y de Integración indicó que uno de los sectores más afectados fue el transporte ya que cerraron más de 300 empresas dedicadas a realizar traslados. El intercambio comercial de lo que fue la frontera más importante de Latinoamérica cerró 2014-2015 en 1,1 millones de dólares; no obstante, Belandria prevé que al final de 2016 ronde los 600 o 700 millones de dólares.
Alejandro García, alcalde del municipio Pedro María Ureña del estado Táchira, coincidió con la especialista. Indicó que el balance del cierre fronterizo es negativo porque cerca de 1.000 empresas y unos 1.500 comercios legales cerraron sus puertas. “Al no haber fuentes de ingreso la gente busca alinearse con el contrabando y la extracción de combustible. Por eso Cúcuta está inundada de productos y gasolina venezolana”, explicó.
Sobre los pasos o ilegales, llamados trochas, García indicó: “Están custodiados por personas que envió el gobierno nacional, pero que lamentablemente sucumbieron ante la perversión de grupos armados y encargados del contrabando de bienes (…) ahora hay una alta tasa de criminalidad desbordada”.
Por otro lado, para el concejal de Ureña Carlos Cortez las medidas implementadas por el Ejecutivo nacional fueron positivas en su totalidad. Indicó que el contrabando no se redujo en 100%, pero alcanzó entre 60% y 70%.
“Al principio el cierre de frontera fue necesario, porque los bachaqueros y colombianos nos quebraron”, indicó Cortez. Sin embargo, reconoció que muchos venezolanos ahora deben cruzar hacia Colombia para adquirir bienes escasos en el país.
Según Belandria, el cierre fronterizo no detuvo la fuga de bienes: “Pregúntaselo a cualquier persona que haya estado en la frontera de Paraguachón Paraguaipoa-La Raya, en La Ureña-San Antonio o en Apure-Arauca. Se cerraron los pasos legales, con lo cual el contrabando por las trochas se incrementó y por eso fue que se consiguieron cientos de productos venezolanos del lado colombiano la primera vez que se abrió la frontera ¿Cómo salieron si los militares tenían el control de los pasos fronterizos?”.
Perjuicio a los individuos
La diputada por el estado Táchira y presidenta de la Comisión Especial de Frontera de la Asamblea Nacional, Laidy Gómez, denunció que el cierre fronterizo trajo como consecuencia la vulneración del derecho a la vida, aparte de los daños económicos adyacentes.
María Teresa Belandria coincidió con la legisladora. Aseguró que “hubo familias desplazadas y separadas, que tuvieron que dejarlo todo y salir con los pocos enseres que pudieron cargar. Colocaron en un mismo lote a ciudadanos que tenían actividades regulares y legítimas con personas que realizaban acciones ilícitas: el daño humano que se generó en la frontera es muy importante”.
La profesora de la UCV aseguró que los grupos indígenas fueron los más afectados, principalmente en el sector La Guajira. Cuando se cerró la frontera del estado Zulia se estableció un régimen migratorio especial para los Wayúu, a quienes se les asignó una cédula especial así como una constancia de residencia. Pero ni siquiera con todos estos documentos las fuerzas castrenses les permitían la entrada a Paraguachón y Paraguaipoa. “Asumían que toda la comunidad era contrabandista y no iban a visitar sus tierras o enterrar a sus muertos”.
“De este modo se hizo un daño muy importante, afecto el tránsito libre de una comunidad indígena, para quienes el límite y la frontera no han existido nunca. Ellos son un pueblo que está divido por una raya que puso alguien”, comentó.
Sin embargo, el concejal Carlos Cortez aseguró que los cuerpos policiales y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) mantuvieron un trato adecuado hacia los pueblos indígenas que habitan en la zona y sostuvo que nunca fueron agresivos.
Militarización como factor clave
“La presencia militar en vez de garantizar la seguridad y soberanía nacional en la frontera, ha generado acciones arbitrarias, como la famosa ‘matraca’ y la economía ilícita a través de las trochas”, sostuvo la diputada Laidy Gómez, quien añadió que hay un alto número de funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) involucrados en delitos de contrabando.
Para la parlamentaria resulta incoherente que el encargado de la política alimentaria sea el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, cuando muchos funcionarios de la FANB están implicados en el contrabando de comida hacia Colombia.
Más de lo mismo
La vocera de Vente Venezuela María Teresa Belandria sostuvo que si bien es cierto que se establecieron controles muy estrictos, en el resto de la frontera se mantuvo el contrabando de gasolina y alimentos, así como el paso de guerrilleros y bandas paramilitares.
Afirmó que las relaciones entre ambas naciones no pueden ser esporádicas o coyunturales sinor permanentes.
“Estas medidas son una repetición de las mesas permanentes que existían en la Comisión Presidencial de Integración y Asuntos Fronterizos”, explicó Belandria en relación con los anuncios que realizaron el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, el 11 de agosto desde Puerto Ordaz, estado Bolívar, cuando indicaron que se abriría de forma progresiva la frontera con una serie de medidas.