Fuente: Informe 21

El alcalde del municipio caraqueño de Sucre, Carlos Ocariz, negó estar implicado en un ataque con granada contra un puesto militar, tal como aseguraron presuntamente las autoridades venezolanas, y dijo que se trata de una persecución contra él por su relación con el referendo revocatorio presidencial.

Crédito Informe 21

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Ocariz, quien es jefe de campaña del revocatorio que impulsa la oposición, afirmó en conferencia de prensa que las autoridades quieren hacer creer que él se encuentra detrás “de una rebelión”, pero aseguró que lo único que busca, como “coordinador del revocatorio” es una “elección”.

El director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Gustavo González López, anunció hoy que investigan al alcalde por su “presunta implicación” en el lanzamiento de una granada contra un puesto de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en la zona de Petare, en el municipio que dirige Ocariz el pasado 2 de octubre y que hirió a 17 personas entre civiles y militares.

“(Ocariz) Está bajo investigación a los fines de determinar su autoría intelectual, así como la posibilidad que haya financiado las actividades terroristas antes explicadas”, aseguró González López.

El portavoz de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, consideró en la conferencia de prensa junto a Ocariz que la acusación contra el alcalde es “una agresión contra el derecho del pueblo a construir una solución pacífica, electoral, democrática”.

Torrealba, acompañado de los representantes de los partidos que conforman la MUD, indicó que esta no es la primera “agresión” que realizan contra algunos de sus dirigentes, pues Juan Carlos Caldera “uno de los actores fundamentales de la MUD” en la interacción con el Poder Electoral, “también fue agredido”, aseguró.

Por su parte, el jefe de la fracción parlamentaria opositora en la Asamblea Nacional, Julio Borges, que es también coordinador del partido Primero Justicia (PJ), al que pertenece Ocariz, manifestó que las acusaciones contra su compañero son una medida para “perseguir” a los dirigentes políticos.

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