Fuente: 2001

La Asamblea Nacional cree oportuno conocer los motivos que tiene el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) para llevar adelante procedimientos reprobados por las organizaciones políticas y muchas voces defensoras de los derechos humanos en el país.

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Las denuncias sobre violaciones del debido proceso, detenciones sin órdenes judiciales, aislamiento de detenidos, son consideradas razones de peso por  el Legislativo  para solicitar la comparecencia de Gustavo González López, director del organismo de inteligencia y contrainteligencia.

Detenciones

Yon Goicoechea, miembro del partido Voluntad Popular, fue interceptado en Caracas en su automóvil el 29 de agosto del año en curso por funcionarios armados; y fue acusado de portar detonantes para explosivos. En el momento de la detención, sus familiares no sabían su paradero y estuvo más de 56 horas “desaparecido”, según denunció su esposa.

Asimismo, Daniel Ceballos, exalcalde de San Cristóbal, fue trasladado desde su casa, donde cumplía arresto domiciliario, a la cárcel 26 de julio, ubicada en San Juan de los Morros, estado Guárico. El traslado se llevó a cabo a las 3:00 am en una ambulancia con la excusa de una visita médica, según denunció su esposa, Patricia de Ceballos. Sin embargo, dentro del vehículo los funcionarios mostraron la orden de traslado. El 27 de septiembre, Ceballos fue nuevamente trasladado pero en esta ocasión al Helicoide de Caracas.

Villa Rosa

Por otra parte, Braulio Jatar, director del portal web Reporte Confidencial, también fue detenido por el Sebin a principios de septiembre por publicar vídeos del famoso cacerolazo durante la visita del presidente Nicolás Maduro a Villa Rosa, estado Nueva Esparta.

El día 11 de septiembre, Jatar fue trasladado del Sebin a la cárcel 26 de julio sin orden judicial, según denunció la esposa del comunicador. El 25 del mismo mes, el hijo del periodista denunció un nuevo traslado, en el que no se conocía su paradero.

Por tuitear

El Sebin detuvo a Marcos Rada Ríos, por presunta comisión del delito de terrorismo, según informó González López. Aseguró que por labores de inteligencia se logró identificar al sujeto que, según las investigaciones, contaba con asesoría del extranjero. La detención se llevó a cabo por “mensajes de odio y terrorismo”. El director aseguró que “las instituciones en Venezuela están comprometidas en la lucha contra cualquier perturbación”.

Tras los médicos

El diputado y presidente de la subcomisión de Salud de la AN, José Manuel Olivares, denunció a través de su cuenta en Twitter, que el Sebin está visitando médicos del estado Bolívar con la finalidad de “evitar que se pronuncien sobre los problemas de salud”. La cifra de fallecidos por difteria en dicha entidad ascendió a 20 personas. Desde abril se registraron casos del brote de la enfermedad, sin embargo, hasta ahora el Gobierno no ha alertado a la sociedad.

No pudieron pasar

Con el fin de determinar si se estaban cumpliendo con las normas establecidas por las Naciones Unidas en cuanto a las dimensiones de las celdas e iluminación, la SubComisión de los Derechos Humanos (Ddhh) de la AN visitó la sede de El Helicoide del Sebin, el 29 de septiembre y el acceso fue negado. El diputado por el estado Lara Teodoro Campos, informó que era la octava vez que asistían al Sebin para conocer las condiciones de los presos, y aseguró que dicha SubComisión solicita la destitución inmediata del director del cuerpo de seguridad, Gustavo González López.

Objetivos

Ahora bien, entre las funciones del Sebin se encuentran asesorar al Poder Ejecutivo en la formulación de las políticas en materia de seguridad de la Nación, contribuir con los órganos de seguridad ciudadana en el enfrentamiento de las modalidades del crimen organizado de mayor significación, entre otros.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 44, defiende la libertad personal calificándola como “inviolable” y que, en consecuencia “ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti” y que “toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o abogada (…) y éstos y éstas, a su vez, tienen el derecho a ser informados o informadas sobre el lugar donde se encuentra la persona detenida”.

“Un plan de amedrentamiento contra los que buscan el cambio político”

Tomás Guanipa, diputado a la Asamblea Nacional (AN) por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), recibió una información en la que le indicaban que el Sebin busca sembrarle armas o explosivos al también diputado Juan Carlos Caldera, actual representante de la AN ante el CNE. El fin es incriminarlo en delitos graves y finalmente apresarlo, como también sucedió con Carlos Melo, Yon Goicoechea y demás representantes de la oposición venezolana.

“Todo esto es un plan de amedrentamiento con el que se busca que quienes estamos luchando a favor de que haya en Venezuela un cambio político dentro de la Constitución, que es el referendo revocatorio, dejemos de luchar o salir del camino del revocatorio”, dijo Caldera.

“Creo que conmigo se vuelven a equivocar pensando que con  amedrentamientos o persecusiones voy a dejar de luchar”, aseguró.

También indicó que la Fiscalía tiene una dirección de Derechos Humanos que debe velar por el respeto y que todas las instituciones del Estado cumplan y garanticen los Ddhh, “en el marco de eso nosotros estamos exigiendo que la Fiscalía haga la investigación”, agregó.

La adscripción del Sebin fue modificada, anteriormente estaba adscrito al Ministerio del Interior y ahora a la Vicepresidencia, “en Venezuela nada ni nadie puede estar fuera de la Constitución, todos estamos por debajo y debemos cumplir y someternos a la Carta Magna, ese es el deber ser”. Agregó el diputado.

Detenciones arbitrarias por doquier

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es muy clara sobre cuál es el procedimiento para detener a una persona adecuadamente.

“La legislación no puede ser modificada ni siquiera por vía de una Asamblea Nacional Constituyente ni de Reforma Constitucional para establecer retrocesos en materia de derechos humanos”, afirma Liliana Ortega, directora ejecutiva del Comité de Familiares de Víctimas (Cofavic), una organización de Derechos Humanos (Ddhh).

El artículo 44 de la Constitución resguarda dos elementos para las detenciones: ninguna persona puede ser arrestada o detenida sin una orden judicial, a menos que sea sorprendida “in fraganti”, y el otro elemento es que la persona debe ser juzgada en libertad, ahora bien, toda detención donde no se conjuguen estos elementos es una detención arbitraria.

“Toda aquella situación donde una persona esté de manera prolongada incomunicada, sin tener acceso a sus abogados y su familia de manera prioritaria, es una desaparición forzada. Una persona no puede ser sometida a un aislamiento prolongado sin que se sepa su lugar de detención y sin que ella tenga contacto con su abogado y familia. Se puede estar hablando del peor terrorista, del peor de los criminales, pero estos estándares tienen que cumplirse”, aseguró la directora de la organización.

El Grupo de Trabajo de las Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas ha considerado ciertos elementos para calificar una detención como arbitraria, entre las que están: que sea evidentemente imposible invocar un fundamento jurídico alguno que lo justifique. Que la privación de libertad resulte del ejercicio de derechos o libertades sobre el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a manifestación pacífica y todo lo que tiene que ver con el ejercicio de derechos políticos y la manifestación de su voluntad.

En este sentido, Ortega afirma que “todas aquellas detenciones, practíquelas el Sebin o cualquier cuerpo policial, que no cumplan estos estándares son detenciones arbitrarias”.

Ortega señala que como organización de derechos humanos, tienen una característica fundamental, y es que, “no podemos pronunciarnos sobre hechos que fueron denunciados públicamente pero que nuestras oficinas no tienen ningún tipo de prueba”.

Instó a quienes trabajan en defensa de los Derechos Humanos a preservar la independencia, rigurosidad y seriedad.

“Actúan como si estuviesen en un país en guerra”

Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional y defensora de los Ddhh, estima que el Sebin opera como si en el país hubiese una guerra.

“Desatienden los mecanismos de control civil, como los que tienen en plena competencia la Asamblea Nacional, no rinden cuentas de manera transparente, ocupan espacios territoriales a sangre y fuego, teniendo como regla de enfrentamientos el uso de la fuerza mortal, es decir, estamos claramente frente a un pie de fuerza que se ha asumido y se ha visto a sí mismo como un cuerpo armado en una guerra” agregó.

San Miguel afirma que los organismos de inteligencia en los países democráticos deben tener mecanismos de control externo y de control interno, “está demostrado que con el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, no existen ni los uno ni los otros. La sociedad no tiene garantía de que el Sebin no se desvía del rol constitucional. Cuando eso pasa, todas las actuaciones empiezan a peligrar, entre ellas la de los privados de libertad que se encuentran en sus manos”.

La Asamblea Nacional tiene pleno poder de ejercer la contraloría del Sebin, según San Miguel, pero que también debería ejercerlo la Fiscalía General de la República, puesto que son órganos externos de control democrático sobre el funcionamiento de los órganos de inteligencia, “pero la realidad es que esas contralorías externas se han ido socavando en el tiempo al punto que han sido desconocidas por el propio órgano”, sentenció.

Asimismo, aseguró que la Fiscalía debe garantizar los derechos humanos, entre ellos el debido proceso, la integridad personal y sobretodo, la garantía del derecho fundamental de la vida.

El Dato

129 “presos políticos” viven bajo condiciones precarias, y 50 de ellos se encuentran en situaciones graves de salud, según la diputada Adriana Pichardo, en un informe presentado a la AN en agosto del año en curso.

Va en aumento

El Foro Penal Venezolano indicó en septiembre que las detenciones arbitrarias han aumentado, hasta ahora han sido 96 los presos políticos. Tras la movilización opositora  la “Toma de Caracas” la ONG contabilizó 93 detenciones.

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