La participación de la Fuerza ArmGacetaada Nacional en la explotación del Arco Minero del Orinoco, con una nueva corporación militar, profundizará la corrupción en Venezuela
Control Ciudadano, Caracas, 25/02/2016.- La creación de la , otorga a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) el monopolio de los servicios en el sector, además de la explotación minera nacional, en asociación con empresas nacionales y extranjeras. También le concede responsabilidades que están fuera de su competencia y que son contrarias a la protección del medio ambiente, garantizada en la ley.

El Presidente Nicolás Maduro acordó crear la CAMIMPEG con 15 días de antelación al anuncio de la firma de convenios con empresas mineras canadienses, chinas y africanas, para la exploración y explotación del llamado Arco Minero del Orinoco, de  más de 112.000 kilómetros cuadrados, ubicado al sureste del Venezuela. La empresa está adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa y tiene por objeto todo lo relativo a las actividades licitas de servicios petroleros, de gas y explotación minera en general, sin que esto implique limitación alguna, de acuerdo al Decreto N° 2.231, publicado en la Gaceta Oficial Ordinaria 40.845.

La nueva compañía militar, que ya ha sido denominada en Venezuela, “la PDVSA paralela”, ha sido entregada a la Fuerza Armada Nacional para su gestión por los próximos 50 años y  ejecutará más de medio centenar de funciones, según el Decreto de creación, para las cuales no dispone de competencias, experiencia, ni infraestructura.

Control Ciudadano considera que a esta compañía se le han asignado competencias por vía sub-legal, que claramente coliden con las funciones de policía administrativa especial de guardería ambiental y de investigación penal, que tiene asignada la FANB, de acuerdo al artículo 100 de la Ley Orgánica del Ambiente, en concordancia con el numeral 15, artículo 25 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Advierte Control Ciudadano que “los militares pasarán a convertirse, a través de esta nueva compañía anónima, en una agencia de empleo del sector minero y de hidrocarburos en Venezuela, pudiéndose someter a sus empleados y trabajadores al régimen militar, de acuerdo al artículo 2 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, promulgada por Maduro en noviembre de 2014, por vía habilitante.

Venezuela, con reservas de 4.136 toneladas de oro, 33,79 millones de quilates de diamante y  3.644 millones de toneladas de hierro, además de inmensas reservas de coltán, bauxita y cobre, en el llamado  Arco Minero del Orinoco, ha otorgado plenos poderes al Ministro de la Defensa, sin intervención de ningún órgano o funcionario, ni siquiera del Presidente de la Republica, para designar y remover la junta directiva de esta empresa, que asumirá actividades de rectoría en la explotación minera nacional.

CAMIMPEG, a cargo de la Fuerza Armada Nacional, en el cumplimiento de su misión, también podrá establecer agencias, sucursales y representaciones en cualquier lugar del mundo. También importar, exportar, distribuir, y comercializar bienes y servicios para la industria petrolera nacional, minera y de gas.

Rocío San Miguel, Presidenta de Control Ciudadano, considera preocupante la participación de la Fuerza Armada Nacional en una industria por naturaleza depredadora del ambiente y la ausencia del diseño de controles para el debido funcionamiento de esta nueva empresa militar, según se evidencia del Decreto de creación. Y advierte “es preocupante la urgencia del ejecutivo nacional por incorporar los diamantes como activo de sus reservas internacionales, ante la presión de los acreedores internacionales, sin embargo esta circunstancia no puede llevar a la República a explotar minerales estratégicos sin el respeto a la Ley”. El país debe tener claro que de acuerdo a la Ley la FANB no puede explotar recursos naturales, explicó.

Las acusaciones por corrupción en contra de militares en la gestión de empresas públicas en Venezuela, han sido públicas y comunicacionales en los últimos años, las cuales han estado vinculadas a: la gestión en la construcción de viviendas, ejecución del Plan Bolívar 2000, gestión de divisas, compra de alimentos, gestión de centrales azucareros y adquisición de armas. Sin embargo, continúan entregándoseles cuotas de participación en el manejo económico del país, sin la debida rendición de cuentas y transparencia y para actividades que no encuadran, la mayoría de las veces, en la defensa nacional. “Se distraen recursos humanos y financieros en actividades que no son propias de la institución armada”, agregó San Miguel.

La Fuerza Armada en Venezuela posee un banco propio (BANFANB), una televisora (TVFANB). También empresas de transporte de valores, constructora, embotelladora, ensambladora de vehículos, fábricas de confección y un complejo industrial Tiuna, creados recientemente, de los cuales el país desconoce los balances, siendo una regla la opacidad en la gestión y sus resultados.

En Chile, los militares lograron que el poder político les asignara el manejo del cobre a la salida de Pinochet mediante una ley nacional y con la condición de que un porcentaje de los ingresos fuesen destinados a la Fuerza Armada de ese país. Control Ciudadano se pregunta si la creación de CAMIMPEG y la asignación de la rectoría en la explotación del Arco Minero del Orinoco a la FANB, violando la Ley, simbolizan la entrega de un anclaje económico a los militares para una eventual transición política en Venezuela.

Por lo pronto, Control Ciudadano propone que el Decreto Presidencial que crea CAMIMPEG sea objeto de un control de constitucionalidad ante el Tribunal Supremo de Justicia, pues otorga a los militares actividades que coliden con normas legales. Igualmente pide que se informe al país, a través de la comparecencia del Ministro de la Defensa a la Asamblea Nacional, el alcance que tendrá la entrega de minerales estratégicos como el oro, los diamantes y el coltán, a empresas extranjeras para su certificación y explotación, conjuntamente con la FANB, pues podría estarse comprometiendo la viabilidad económica y ecológica futura de Venezuela, además de violarse la Ley.

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