Control Ciudadano presentó informe ante la subcomisión de Asuntos Fronterizos de la Asamblea Nacional.
Con motivo de cumplirse cinco años del cierre de la frontera colombo-venezolana por órdenes de Nicolás Maduro Moros, la Presidenta de Control Ciudadano Rocío San Miguel, compareció ante la Subcomisión de Asuntos Fronterizos de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional, para presentar un informe que permite hacer un recorrido en torno a los hitos más relevantes que han caracterizado estos cinco años de obstáculos desde el cierre de la frontera.
El incidente como excusa para el cierre de la frontera
En su intervención, San Miguel recordó el ataque armado del 19 de agosto de 2015, contra cuatro efectivos del ejército venezolano (dos oficiales y dos efectivos de tropa), por supuestos “paramilitares” colombianos, en la población fronteriza de San Antonio del Táchira, que significó la excusa para el cierre de frontera entre el estado Táchira y el departamento colombiano del Norte de Santander el 21 de agosto de 2015 y la declaración inicial de un “estado de excepción”, en seis municipios del estado Táchira[1], para iniciarse en Venezuela un largo período de “estados de excepción”, que tuvo como epicentro la frontera con Colombia y que por diferentes motivos, se ha extendido espacial y temporalmente a todo el territorio nacional por cinco años.
A continuación se transcriben los aspectos más importantes del informe presentado por la Presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional:
El fracaso de las Zonas Militares y las Zonas de Seguridad en la frontera
Las declaratorias de “estados de excepción” sucesivas[2] estuvieron acompañadas de la delimitación de ocho (8) zonas militares para la gestión de todos los estados fronterizos con Colombia, designándose seis (6) generales y dos (2) almirantes dependiendo directamente del Presidente de la República, para establecer “un nuevo orden” en el sector de la frontera asignado para su gestión, “con el fin de fortalecer la capacidad de organización y el liderazgo de las nuevas estructuras para una nueva frontera”, según rezan los decretos de la época.
Los militares designados entonces, que nunca rindieron informe de su gestión, fueron:
- General de división (Ejército) Carlos Alberto Martínez Stapulioni[3] , Autoridad Única de la Zona Uno, estado Táchira.
- General de división Luis Rodolfo Arrieta Suarez (Ejército)[4], Autoridad Única de la Zona Dos, estado Táchira.
- General de división (Ejército) Carlos Rafael Suárez Medina[5], Autoridad Única de la Zona Tres, estado Zulia.
- General de división (Ejército) Elías Antonio Moreno Martínez[6], Autoridad Única de la Zona Cuatro, estado Zulia.
- General de división (Ejército) Carlos Miguel Yanes Figueredo[7], Autoridad Única de la Zona Cinco, estado Zulia
- Vicealmirante Antonio José Clemente Carreño[8], Autoridad Única de la Zona Seis, estado Apure.
- General de división (Ejército) Johny Orlando Sandia Santiago[9], Autoridad Única de la Zona Siete, estado Apure.
- Vicealmirante Juan Carlos Caraballo[10], Autoridad Única de la Zona Ocho, municipio Atures del estado Amazonas.
“Quienes apoyándose además en la existencia de 45 zonas de seguridad de instalaciones militares y zonas de seguridad fronterizas en los estados Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, limítrofes con Colombia, las cuales representan un 22,92% del territorio nacional[11]; dieron una pretendida solución militar a los problemas fronterizos, que a cinco años de aquel cierre de la fronteras, ha demostrado su fracaso”, explicó la Presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional.
El año 2015 y el fatídico “nuevo orden” a inaugurar para la frontera
“El año 2015 fue el punto de partida para instaurar “un nuevo orden para una nueva frontera”, que tras cinco años de vigencia tiene como caracterización: la militarización, la suspensión de los derechos civiles, económicos y sociales, la consolidación de la economía ilegal a lo largo de la frontera, ejercida por mafias, con una amplia participación de efectivos militares y policiales y el fortalecimiento de los grupos armados al margen de la ley (tanto nacionales como extranjeros).
El cierre de la frontera en 2015, estuvo acompañado del desalojo de viviendas y deportación violenta de más de 1500 ciudadanos colombianos a su país en un solo día. Los días siguientes se llegó a la cifra de más de 22.000 colombianos expulsados. Un hecho sin precedentes en la vulneración de derechos humanos, caracterizado por su proceder, como delito de odio y persecución, que se ejerció generalizada y sistemáticamente por días, contra nacionales colombianos, quienes cargando con su familia, sus enseres, camas, sillas, mesas, colchones y sus animales, cruzaban el rio Táchira para llegar a Colombia en las más precarias y humillantes condiciones.
La frontera fue reforzada entonces con tropas paracaidistas, caribes y de Infantería de marina que fueron aerotransportadas desde sus respectivas guarniciones, a las zonas en cuestión.
Un ministro de fronteras del que se desconoce su gestión
Un informe sobre el cierre de la frontera colombo -venezolana no debe pasar por alto la existencia de un ministro de fronteras con 5 años en el cargo, del que se desconoce su gestión.
En efecto debemos recordar que en septiembre de 2015, es designado el mayor general Gerardo José Izquierdo Torres, ex comandante del ejército, como Ministro de Estado para la Nueva Frontera de Paz[12], quien tenía el deber de proponer al Consejo de Ministros, políticas públicas relacionadas con la construcción de la nueva frontera como espacio de paz, desarrollo, dignidad y el buen vivir en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, entre otras medidas que promoviesen la integración, la paz y la unión de los pueblos en las áreas de fronteras, según el Decreto de su designación. Un ministro próximo a cumplir cinco años en el cargo, sin que se conozca su gestión. Un ministro que parece haber sido tragado por la frontera, quien además ejerce como presidente de la Comisión Presidencial Negociadora para la Delimitación de Áreas Marinas y Submarinas con la República de Colombia y otros temas (CONEG); y como Presidente de la Comisión Presidencial para la Integración y Asuntos Fronterizos (COPIAF); cargos sobre los cuales tampoco ha rendido cuentas al país desde su designación.
Una Ley de Fronteras promulgada hace 5 años que no se ha cumplido
El 30 de diciembre de 2015, seis días antes de instalarse la actual Asamblea Nacional, es dictada una Ley Orgánica de Fronteras entre gallos y media noche por el ejecutivo nacional. Una Ley próxima a cumplir cinco años, que no se ha cumplido y fue dictada en fraude a la Constitución.
Una Ley que tardó 16 años en promulgarse. Que no fue consultada a gobernadores ni alcaldes fronterizos, dictada apresuradamente sin cumplir el mandato constitucional de establecer asignaciones económicas especiales para los estados y municipios fronterizos (Artículo 15 de la Constitución).
Una Ley que viola la constitución al atribuirle el manejo de la política de fronteras en exclusividad al Presidente de la República, cuando por mandato constitucional es competencia del poder público nacional (Artículo 156, numeral 30). Entre otros aspectos graves que en su oportunidad advertimos desde Control Ciudadano y pueden ser consultados en nuestra página web.
Todavía los habitantes fronterizos en el marco de la Ley Orgánica de Fronteras esperan por:
- El Reglamento de la Ley Orgánica de Fronteras que debió dictarse antes del 30 de diciembre de 2016.
- El Plan de Desarrollo Integral Fronterizo, que debió dictarse antes del 30 de junio de 2016.
- Y todos los planes de ordenamiento y reglamentos de uso de las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial, ubicadas dentro de las Regiones Fronterizas, actualizando los que ya existieran antes del 30 de diciembre de 2016.
Todos los cuales debieron ser promulgados por Nicolás Maduro Moros.
La frontera como espacio de tránsito y producción de drogas
A cinco años del cierre de la frontera colombo -venezolana no puede dejar de mencionarse que Venezuela, además de continuar siendo un país de tránsito ha pasado a ser productor de coca en la frontera.
El hallazgo de 18 hectáreas sembradas con plantas de coca, en el suroeste del Municipio Jesús María Semprún, en el Edo Zulia en enero 2016 encendió las alarmas sobre Venezuela como país productor de coca y pone en duda la certificación de país libre de cultivos ilícitos.
En su informe de 2019, publicado el 27 de febrero de 2020, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), órgano de las Naciones Unidas (ONU), indicó que “en 2018 se desmanteló un total de 33 laboratorios ilícitos de cocaína de tamaño mediano, en la República Bolivariana de Venezuela, cerca de la frontera con Colombia” (JIFE, 2020, p. 93)[13]
El cierre de la frontera entre Venezuela y Colombia ha hecho florecer las economías ilegales.
San Miguel explicó ante la Subcomisión de Asuntos Fronterizos de la Asamblea Nacional que: “La economía ilegal en la frontera Colombo venezolano se ha diversificado con el cierre de la frontera. De las actividades ilícitas tradicionales en frontera, vinculadas al narcotráfico, la corrupción y el secuestro, se ha pasado al auge en estos cinco años, de los tráfico ilegales de minerales, alimentos, combustible y de personas, acrecentándose a partir de la pandemia del COVID-19, el auge de las actividades relacionadas con el tráfico de personas y la muy probable situación -ante la crisis de combustible en Venezuela-, que el tráfico ilegal de gasolina empiece a operar de Colombia hacia Venezuela, dirigido por las mafias que controlan la zona”.
Los militares como actores de la economía ilegal
De la narrativa de los habitantes de la frontera colombo – venezolana y de las denuncias públicas, tres actores aparecen liderando las actividades vinculadas a las economías ilegales: a) los militares; b) los funcionarios policiales (FAES, policía nacional, policías estadales, policías municipales y otros cuerpos de seguridad del Estado, incluyendo funcionarios públicos civiles) y; c) los grupos paramilitares y parapoliciales (incluyendo la guerrilla colombiana, paramilitares y colectivos).
Propuestas
A cinco años del cierre de la frontera y ante la imposibilidad de un mínimo de coordinación entre Colombia y Venezuela para atender los problemas de la frontera común, es necesario la activación de una instancia internacional que de respuesta. En ese sentido, Control Ciudadano considera debe edificarse un mecanismo institucional robusto, de apoyo y protección a los habitantes de frontera, afectados adicionalmente por la crisis humanitaria compleja que está golpeando brutalmente a los venezolanos. Para ellos, la asistencia internacional es urgente. Control Ciudadano recomienda, por el impacto en la seguridad regional, que este esfuerzo sea liderado por Naciones Unidas con la designación de un enviado especial para la crisis fronteriza colombo-venezolana, con el fin de:
- Coordinar los necesarios esfuerzos de seguridad entre dos países que han roto relaciones diplomáticas desde hace más de un año y medio y cuya dinámica fronteriza está afectando de manera acelerada la vida de más de cinco millones de personas en torno a la frontera de ambos países, con un enorme impacto en la seguridad regional.
- Establecer un mecanismo internacional de vigilancia y monitoreo para la protección de los derechos humanos en la frontera.
- Cooperar en la desmovilización de las estructuras de economía ilegal y grupos armados al margen de la Ley que operan en la frontera.
Así mismo es necesario encontrar fórmulas que permitan honrar los compromisos asumidos por los ministros de la defensa de Colombia y de Venezuela, contenidos en la Declaración Conjunta del 2 de octubre de 2015, los cuales podrían ser impulsados por Naciones Unidas, entre los que destacan:
- Retomar el funcionamiento del Centro Conjunto Binacional de Comando y Control (Cebcot), mediante la creación del Centro Binacional de Lucha Contra el Crimen Organizado Transnacional Colombia–Venezuela.
- Identificar conjuntamente entre ambos países los pasos informales a lo largo de la frontera común, para el trabajo coordinado en la lucha contra los tráficos ilegales.
- Revisar y fortalecer el Procedimiento Operacional Vigente (POV) entre la Fuerza Aérea Colombiana y la Aviación Militar Venezolana en la lucha contra el narcotráfico.
- Proponer mecanismos de mitigación, de las consecuencias medioambientales de la minería ilegal en la frontera.
- Vigilar la utilización del espectro radioelectrónico por parte de emisoras ilegales que operan en frontera.
- Si menoscabo de incorporar el intercambio de información epidemiológica entre ambos países para una adecuada respuesta al tránsito de personas en la frontera.
APENDICE
Incidentes armados en la frontera entre Venezuela y Colombia en los últimos 5 años
- El 30 de enero de 2016 se produjo un intercambio de disparos entre la Policía Nacional y la Infantería de Marina de Colombia, y la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, como consecuencia de la persecución por parte de los militares venezolana, de un grupo de canoeros colombianos que navegaba por el fronterizo río Arauca.
- El 23 de marzo de 2017, cerca de 60 efectivos militares venezolanos instalaron un campamento e izaron el pabellón nacional, supuestamente, en territorio colombiano según denunciaron autoridades de Colombia, en el lugar conocido como Bocas de Jujú, Arauquita.
- El 15 de febrero de 2018, el presidente Nicolás Maduro denunció la existencia de un plan para activar un `falso positivo´ en la frontera con Colombia.
- El 19 de febrero de 2018 el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, indicó que un guerrillero del grupo insurgente Ejército de Liberación Nacional (ELN), fallecido mientras colocaba un explosivo en una carretera de la frontera, pertenecía o perteneció, a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela. El presidente Santos indicó, que ese hecho pone de manifiesto que ese grupo guerrillero está reclutando a venezolanos, tal y como adelantó el comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, general (Ejército) Alberto José Mejía Ferrero.
- El 06 de agosto de 2018, un vehículo del Ejército Bolivariano estalló al pisar una mina durante un patrullaje en la frontera. Como consecuencia, dos de sus ocupantes, el teniente Junior Javier Hernández Viloria y el sargento de tercera, Julio Cesar Soto Amaya, resultaron gravemente heridos, mientras el sargento de segunda Brayan Alexander Acosta Fruto, falleció. Los tres efectivos militares eran plazas del 121 Batallón de Infantería Motorizado Venezuela, orgánico de la 21ª Brigada de Infantería con sede en Machiques, estado Zulia.
- El 14 de septiembre de 2018- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, a través de un comunicado, informó que el día 13 de septiembre recibió información según la cual, 20 efectivos armados de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, incursionaron en territorio colombiano, específicamente islas Maipures, municipio de Cumaribo, departamento del Vichada, donde agredieron y secuestraron a tres pobladores locales.
- El 04 de noviembre de 2018, un convoy de la Guardia Nacional Bolivariana fue atacado en el estado Amazonas por guerrilleros pertenecientes al grupo terrorista colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN). La emboscada se produjo como respuesta a la detención por parte de efectivos militares del jefe del “Frente Oriental” del ELN, el ciudadano colombiano Luis Felipe Ortega Bernal, apodado “Garganta” y “Salcedo”, así como otras tres personas, incluida una mujer, a quienes se les incautaron armas, granadas y dinero. Como consecuencia del ataque armado, según la versión oficial, fallecieron tres efectivos de la Guardia Nacional, mientras que diez resultaron heridos incluyendo al comandante del Destacamento N° 631, teniente coronel William Bastidas, y el capitán José Alexander García.
- En febrero de 2019, más de 700 efectivos de la Fuerza Armada Nacional cruzaron la frontera con Colombia solicitado refugio.
- El 26 de marzo de 2019, el gobierno de Colombia acusó un ataque armado desde Venezuela, concretamente desde la ribera venezolana del río Arauca, en el sector La Yuca, contra unidades militares colombianas, generando heridas a un infante de marina. Por su parte informó que “mientras que efectivos militares venezolanos realizaban labores de inspección a un muro de contención en el Sector La Gallina, parroquia El Amparo del municipio Páez en el estado Apure, fueron objeto de una injustificada agresión por parte de una unidad de la Armada Colombiana, cuyas evidencias físicas y gráficas fueron recogidas por una comisión de investigación multidisciplinaria a cargo de la 92 Brigada Caribe, adscrita a la Zona de Defensa Integral 31 Apure.
- El 25 de junio de 2019 ocurre un nuevo incidente entre las Fuerzas Armadas de ambos países en un sector en el sector de La Guadalupe – Río Negro (Departamento del Guainía).
- El 03 de septiembre de 2019 Nicolás Maduro ordena a las unidades militares destacadas en la frontera con Colombia, declarar “alerta naranja”, además de iniciar ejercicios militares.
[1] Decreto N° 1.950. Gaceta Oficial 6.194 de fecha 21 de agosto de 2015, mediante el cual se declara el Estado de Excepción de los Municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Rafael Urdaneta del estado Táchira
[2] Amazonas: Decreto N° 2.071, mediante el cual se establece el Estado de Excepción en el Municipio Atures del estado Amazonas. Gaceta Oficial N° 40.773 de fecha 23 de octubre de 2015. Apure: Decreto N° 2.015, mediante el cual se declara el Estado de Excepción en el municipio Páez del estado Apure. Gaceta Oficial No 40.746 del 15 de septiembre de 2015 y Decreto N° 2.016, mediante el cual se declara el Estado Excepción en los municipios Rómulo Gallegos y Pedro Camejo del estado Apure. Gaceta Oficial No: 40.746 del 15 de septiembre de 2015.
Táchira: Decreto No 1.950, mediante el cual se declara el Estado de Excepción de los Municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Rafael Urdaneta del estado Táchira. Gaceta Oficial N° 6.194 del 21 de agosto de 2015, prorrogado a través del Decreto N° 2.054 publicado en la Gaceta Oficial N° 40.769 de fecha 19 de octubre de 2015 y Decreto No 1.969, mediante el cual se dicta el Estado de Excepción en los municipios Lobatera, Panamericano, García de Hevia y Ayacucho del estado Táchira. Gaceta Oficial N° 40.735 de fecha 31 de agosto de 2015, prorrogado a través del Decreto No 2.076, publicado en la Gaceta Oficial No 40.777 del 29 de octubre de 2015. Zulia: Decreto N° 2.013, mediante el cual se declara el Estado de Excepción en los municipios Machiques de Perijá, Rosario de Perijá, Jesús Enrique Lossada y la Cañada de Urdaneta del estado Zulia. Gaceta Oficial No 40.746 del 15 de septiembre de 2015 y Decreto N° 2.014, mediante el cual se declara el Estado de Excepción en los municipios Catatumbo, Jesús María Semprún y Colón del Estado Zulia. Gaceta Oficial No 40.746 del 15 de septiembre de 2015.
[3] Decreto N° 1.956. Gaceta Oficial N° 40.732 del 26 de agosto de 2015.
[4] Decreto N° 1.970. Gaceta Oficial N° 40.736 del 01 de septiembre de 2015.
[5] Decreto N° 1.992. Gaceta Oficial N° 40.741 del 08 de septiembre de 2015.
[6] Decreto N° 2.017. Gaceta Oficial N° 40.747 del 16 de septiembre de 2015.
[7] Decreto N° 2.018. Gaceta Oficial N° 40.747 del 16 de septiembre de 2015.
[8] Decreto N° 2.019. Gaceta Oficial N° 40.747 del 16 de septiembre de 2015.
[9] Decreto N° 2.020. Gaceta Oficial N° 40.747 del 16 de septiembre de 2015.
[10] Decreto N° 2.072. Gaceta Oficial N° 40.773 del 23 de octubre de 2015.
[11] Datos de Control Ciudadano que ha documentado el registro de todas las zonas de seguridad en Venezuela, dictadas mediante decretos presidenciales, en el marco de la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa de 1976 y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación vigente.
[12] Decreto 2.011. Gaceta Nº 40.744 del 11 de septiembre 2015
[13] Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (2020). Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 2019. Disponible: https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2019/Annual_Report/Spanish_ebook_AR2019.pdf