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Control Ciudadano.- Venezuela debe cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre el caso de la “lista Tascón”, antes de que se desarrolle cualquier reglamentación para un posible referéndum revocatorio presidencial. Así lo manifestó la presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, luego de que el rector del Consejo Nacional Electoral, Roberto Picón pidiera a la directiva del ente comicial la aprobación de un reglamento que permita activar el proceso de referendo revocatorio en contra de Nicolás Maduro, a partir del 10 de enero de 2022.

“Cualquier reglamento sobre Referéndum Revocatorio Presidencial en Venezuela, pasa por que el Estado cumpla previamente la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó la aplicación de la Lista Tascón en Venezuela. De lo contrario el reglamento no será creíble”, señaló San Miguel a través de su cuenta en la red social Twitter.

 

Lista Tascón, un mal precedente 

La activación del referéndum revocatorio presidencial de 2004 dejó un mal precedente, que hoy sigue afectando los derechos de miles de venezolanos que apoyaron, con sus firmas, la solicitud de activación de este mecanismo.

Se trata de la llamada “lista Tascón”, una base de datos recopilada y divulgada por el fallecido diputado Luis Tascón, a través de la cual se hizo pública la identidad de los ciudadanos que apoyaron con sus firmas la activación del referéndum revocatorio presidencial.

Como consecuencia, se produjeron acciones de discriminación, como despido de miles de trabajadores del sector público o negación de ingreso laboral a organismos del sector público a ciudadanos que aparecían en “la lista”.

Sentencia a favor de víctimas de la “lista Tascón”

Por este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia, el 8 de febrero de 2018, en la que determinó la responsabilidad del estado venezolanos por “desviación de poder y discriminación política”, en contra de un grupo de funcionarias públicas que aparecían en la “lista Tascón”.

Tres años y 8 meses después de la emisión de esta sentencia el Estado venezolano no ha acatado lo establecido en la sentencia y no aplicado las reparaciones correspondientes, lo que implica que el caso Tascón sigue siendo un mal precedente, que podría repetirse y afectar los derecho de miles de venezolanos.

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