Siete años y seis meses de prisión deberán cumplir estos efectivos militares.
Fuente: Tal Cual
La magistrada Carmen Marisela Castro Gilly desestimó los recursos de apelación en el caso de los tenientes coroneles Igbert Marín Chaparro, Deibis Mota Marrero, Carlos Peña Palmentieri y Víctor Soto Méndez por «manifiestamente infundados». La jurista aseveró que ninguna de las tres demandas cumple con los artículos 454 y 457 del Código Orgánico Procesal Penal, donde se establece un lapso de 15 días para introducir este tipo de recursos ante la Corte de Apelaciones
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desestimó los recursos de casación interpuestos por los abogados de los tenientes coroneles Igbert Marín Chaparro, Deibis Mota Marrero, Carlos Peña Palmentieri y Víctor Soto Méndez y ratificó la condena de siete años y seis meses de prisión contra estos efectivos militares.
En la sentencia 023, de fecha 17 de febrero, la magistrada Carmen Marisela Castro Gilly desestimó los recursos de apelación en el caso de los cuatro militares por «manifiestamente infundados». La jurista aseveró que ninguna de las tres demandas cumple con los artículos 454 y 457 del Código Orgánico Procesal Penal, donde se establece un lapso de 15 días para introducir este tipo de recursos ante la Corte de Apelaciones.
Marín Chaparro, Mota Marrero, Peña Palmentieri y Soto Méndez fueron detenidos en distintos procedimientos en marzo de 2018 y fueron acusados en tribunales militares por los supuestos delitos de instigación a la rebelión, contra el decoro militar y traición a la patria.
El Juzgado Militar Tercero en Funciones de Control de Caracas solo admitió las dos primeras acusaciones y el 16 de diciembre de 2020 los condenó a siete años y dos meses de prisión. Sus abogados han interpuesto diferentes recursos de apelación pero todos fueron negados sistemáticamente.
Los cuatro militares han denunciado que en sus casos no se presentaron suficientes pruebas para demostrar la supuesta conspiración en la que se les vincula. También han señalado las diversas torturas a las que han sido sometidos en diferentes centros de reclusión, ya sean los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (caso Igbert Marín Chaparro) o el Centro Nacional de Procesados Militares (caso Deibis Mota Marrero).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dictado medidas cautelares a favor de los tenientes coroneles Igbert Marín y Deibis Mota por razones de salud, pero han sido obviadas por el Estado venezolano. Mientras que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU ha solicitado la liberación inmediata de Marín Chaparro.
El pasado 27 de enero, Igbert Marín Chaparro culminó una huelga de hambre de 67 días luego de que sus familiares denunciaran su situación al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. Un día después, el funcionario de la ONU solicitó la liberación de todos los presos políticos en el país.