Fuente: El Pitazo
Durante la audiencia realizada este martes 14 de agosto en la sede del Palacio de Justicia de Caracas, el Tribunal Especial Primero de Control dictó sentencia contra diez ciudadanos por su presunta vinculación con el plan para asesinar al presidente de la República, Nicolás Maduro, en un acto realizado el pasado 4 de agosto.
El tribunal, con competencia en casos vinculados al terrorismo, acordó privativa de libertad a Juan Carlos Monasterios, Gabriel Valera Ruiz y José Eloy Rivas Diaz por su participación directa en el atentado, por lo que serán recluidos en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Monasterios Vanegas y Valera Ruiz fueron acusados por traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de frustración en la persona del Presidente de la República, homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía y por motivos fútiles en grado de frustración contra siete efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lanzamiento de artefacto explosivo en reuniones públicas, daños violentos a la propiedad, terrorismo y asociación para delinquir, mientras que Rivas Diaz recibió los mismos cargos, además de financiamiento al terrorismo.
La audiencia también decidió privar de libertad al diputado Juan Requenses y a los ciudadanos Alejandro Pérez Gámez, Pedro Javier Zambrano, Brayan de Jesús Oropeza Ruiz y Yanín Fabiana Pernía por instigación pública continuada, traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de frustración, terrorismo, asociación para delinquir y posesión de armas y municiones.
Todos los implicados serán llevados a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), aunque no se especificó cómo será distribución de los detenidos entre los calabozos ubicados en Plaza Venezuela y El Helicoide.
Tanto Zambrano como Pérez Gámez son militares pertenecientes a la Guardia Nacional Bolivariana. El primero, se había dado de baja recientemente con el rango de coronel; mientras que el segundo continuaba activo como General de División.
En el caso de Requesens, Monasterios, Valera Ruiz y Rivas se les ordenó la congelación de sus cuentas bancarias y la incautación de todos sus bienes e inmuebles, los cuales pasarán a custodiade la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
Por su parte, a José Gregorio Blanco y Luis Alberto Guerra se les acordó medida cautelar con régimen de presentación cada 15 días y la prohibición de salida del país por estar incursos como cómplices no necesarios en el delito de lanzamiento de artefacto explosivo.
Todos los delitos bajos los cuales fueron sentenciados los implicados fueron los mismos que dictaminó previamente el Ministerio Público, con la diferencia del diputado Requesens, a quien se le sustituyó el cargo de financiación al terrorismo por traición a la patria.
Igualmente, el Tribunal acordó que se practique un reconocimiento médico legal a los detenidos, con el fin de verificar su estado de salud. Esto surge después de los recursos interpuestos por la defensa del parlamentario que alegó la nulidad de los videos presentados por el presidente Maduro en cadena nacional como prueba incriminatoria, ya que los mismos solo tenían como objetivo la denigración física y psicológica del acusado.