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Fuente: Efecto Cocuyo 

Fuente: Efecto Cocuyo

Tres presos políticos militares comenzaron una huelga de hambre este jueves 21 de septiembre, en protesta porque tienen cinco años a la espera de un juicio.

En redes sociales como X, familiares de los presos militares dijeron que la acción la inició el capitán de Corbeta Carlos Macsotay Rauseo, medida a la que se sumaron horas más tarde el mayor de la Aviación, Ricardo González Torres, y el teniente de Navío, Antonio Scola Lugo.

El pasado 22 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) ratificó las medidas cautelares a favor de Macsotay Rauseo al considerar que “se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Venezuela”.

Estos tres presos políticos militares fueron apresados en el año 2018. Los acusaron de estar en la llamada “operación Armagedón”, que según el gobierno buscaba derrocar a Nicolás Maduro.

Cuando la Cidh emitió las medidas de protección dijo que el capitán de Corbeta, preso en Ramo Verde, no tenía la asistencia médica necesaria después de cinco años de reclusión y ante el deterioro de su salud.

“Según la parte solicitante, el beneficiario es capitán de Corbeta de la Armada Venezolana y se encontraría privado de libertad en el Centro Nacional para Procesados Militares sin recibir atención médica necesaria, dado que su salud estaría gravemente afectada por las secuelas de agresiones recibidas durante su detención”, explicó la Cidh.

También señalaron que ha recibido malos tratos de sus carceleros, quienes lo llaman “traidor a la patria”.

Los presos por operación Armagedón

Por la operación Armagedón, el gobierno apresó a los capitanes de Corbeta Luis Humberto de la Sotta y Carlos Macostay Rauseo; al teniente coronel Ruperto Molina Ramírez; los mayores Abraham Américo Suárez Ramos, Adrián de Gouveia de Sosa y Ricardo Efraín González Torres; el teniente de Navío Antonio Scola Lugo; y los capitanes de Fragata Elías José Noriega Manrique y Luis Alberto Cunes.

Los señaló de intentar impedir la elección presidencial de mayo de 2018, en la que Maduro fue reelecto para un segundo mandato, pese al cuestionamiento internacional por la falta de condiciones y garantías del proceso y la decisión de la mayoría opositora que hacía vida en la Asamblea Nacional de 2015 de no presentar candidatos.

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