Fuente: Tal Cual
La abogada Tamara Suju, presidenta del Instituto Casla, calificó de falsos todos los delitos que le imputa el Ministerio Público y aseveró que llevarán estas denuncias de torturas a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional
El primer teniente Reinaldo Finol denunció las múltiples torturas de las que ha sido víctima en manos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), como parte de los intentos para inculparlo, al igual que al estadounidense Matthew Jhon Heath, en presuntos actos de terrorismo.
Crédito Tal Cual
Durante el juicio que se sigue contra Finol, Heath y otros militares venezolanos por presuntos actos «para desestabilizar la nación», el primer teniente aseguró que fue víctima de una detención arbitraria en casa de su madre, que fue allanada sin una orden judicial. Además, a la mujer la apuntaron en la cabeza para obligarlo a entregarse.
El año pasado, en la sede de la Dgcim ubicada en Maracaibo, el ahora general de División José Serrano Gotera -jefe de la Región de Contrainteligencia número 1- lo intentó obligar a grabar un vídeo donde admitiera su vinculación en presuntos planes terroristas.
Cuando fue trasladado a Caracas, Finol asegura que fue víctima de múltiples torturas ordenadas por el general Carlos Enrique Terán Hurtado, director de la división de Investigaciones de la Dgcim. Algunas de ellas, según el primer teniente, fueron ejecutadas por el mayor Carlos Blanco.
El primer teniente dijo al juez que fue golpeado «múltiples veces, fue asfixiado, encerrado en el tigrito (celda de castigo) desnudo por tres días sin comida, donde hacia sus necesidades en un pote. El Dgcim quería que implicará a Matthew Heath».
Su residencia. Contó ante el Juez como en DGCIM Maracaibo el Gral Serrano Gotera trato de obligarlo a grabar un video donde dijera que era un terrorista y contó como en el DGCIM de Boleita en Ccs, fue Torturado por orden del Gral Teran Hurtado x, entre otros, el May Carlos Blanco
— Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) November 17, 2021
La abogada Tamara Suju, presidenta del Instituto Casla, calificó de falsos todos los delitos que le imputa el Ministerio Público y aseveró que llevarán estas denuncias a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) «para demostrar como siguen torturando a personas, a los que forjan expedientes para acusar a otras personas. Matthew Jhon Heath está preso por ser estadounidense. Fingiendo doble detención para implicarlo».
Ya el Instituto Casla había denunciado ante la Fiscalía de la CPI, en febrero de este año, que el estadounidense fue víctima de torturas que implicaban asfixia, golpizas, descargas eléctricas y amenazas de muerte y violación, además de la negación de facilidades como un traductor durante las audiencias antes del pase a juicio.
Tanto Matthew Jhon Heath, como los venezolanos Reinaldo Finol, Marco Garcés Carapaica, Darwin Urdaneta Pardo y Daeven Rodríguez fueron detenidos a inicios de septiembre de 2020 por funcionarios de la Dgcim por tener presuntos planes para «sabotear» instalaciones militares e industrias del Estado.
Según el Ministerio Público, los supuestos planes del estadounidense y sus colaboradores incluía acciones contra la industria petrolera y el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). A los venezolanos se les imputó los presuntos delitos de traición a la patria, terrorismo, tráfico ilícito de armas y asociación para delinquir, mientras que Heath es procesado por supuesto terrorismo, tráfico ilícito de armas y asociación para delinquir.
Según la administración de Nicolás Maduro, el estadounidense fue enviado por el Gobierno del expresidente Donald Trump para «desestabilizar» su gestión, algo que funcionarios de ese país negaron en varias oportunidades. Además, han pedido un juicio justo para su compatriota.
En las últimas semanas se han conocido varias denuncias de torturas contra militares detenidos, entre ellos los presuntos implicados en la Operación Gedeón. Estos delitos así como los tratos crueles, incluido el abuso y violencia sexual contra civiles y militares detenidos por razones políticas ha sido documentada en diversos informes de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, la OEA y la Misión de Determinación de Hechos, quienes han coincidido que se tratan de prácticas recurrentes, especialmente cometidos por organismos de inteligencia y contrainteligencia en Venezuela.
Así también se detalla en el especial La república que tortura, hecho por TalCual, donde se evidencia que estos delitos, al igual que los tratos crueles, inhumanos y degradantes son poco investigados y sancionados por el Estado venezolano.