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Fuente: Efecto Cocuyo 

“Si hay dudas sobre la muerte de la militar la Fiscalía debe abrir una investigación”, dice Rocío San Miguel

La teniente del Ejército Elinés María Olivero Turmero, de 21 años de edad, fue encontrada sin vida en un batallón militar ubicado en el estado Bolívar, al sur de Venezuela.

El hecho ocurrió el pasado domingo 2 de octubre, dentro de uno de los baños de unas de las habitaciones del Batallón de Infantería de Selva Tomás de Heres, en la población de Tumeremo.

La primera hipótesis sobre la causa de muerte habría sido por suicidio, ya que el cadáver de Olivero lo hallaron con sábanas alrededor del cuello, pero familiares informaron al sitio web de sucesos Crímenes Sin Castigo que el cuerpo de la joven tenía hematomas.

“El cuerpo de mi hija tenía hematomas en ambas piernas, muñecas y brazos. Presentó rasguños en el rostro, un golpe en la frente y además tenía sangre y tierra en las uñas, mientras que, en una de las manos, les faltaban dos, como si se las levantaron desde la cutícula. En el cuello tiene dos marcas, una horizontal y otra vertical”, explicó Ángel Olivero, papá de la militar.

Violencia física

Esta denuncia también la sostuvo la abogada y defensora de derechos humanos Tamara Suju quien, a través de su cuenta en la red social X, aseguró que el cuerpo de la joven tenía claros signos de violencia física.

Rocío San Miguel, presidenta de la organización Control Ciudadano, dijo en conversación telefónica con Efecto Cocuyo que el Estado debe ofrecer garantías a los familiares de Olivero.

Para la experta en temas militares, los familiares deben tener acceso al cadáver y a la autopsia. Cuentan con derechos por ser familiares, pero además si hay dudas sobre la muerte de la joven teniente, el Ministerio Público debe abrir una investigación.

“Los familiares deben exigir que si hay causas para comprobar un homicidio que sea la jurisdicción ordinaria la que investigue. El exhorto es a los padres, a que presenten al Ministerio Público la denuncia”, aseguró San Miguel este jueves 5 de octubre.

La abogada y  defensora de derechos humanos señaló que ha habido otros casos donde han existido dudas de las muertes de efectivos militares, pero que muchas veces no hay una investigación imparcial.

San Miguel indicó que dentro de los cuarteles también se han registrado suicidios, pero reiteró que cuando hay la más mínima duda la Fiscalía debe investigar los casos.

Investigación en proceso

Mediante un hilo publicado en la red social X, el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz informó que los órganos de investigación penal, forense y criminalísticas, bajo la dirección del Ministerio Público, realizan las “diligencias” correspondientes para el esclarecimiento del caso del fallecimiento de la teniente Elinés Olivero.

El despacho señaló que los funcionarios del Ministerio Público, del Cuerpo de Investigaciones Científica, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), realizan las actuaciones según lo establecido en los protocolos en materia de investigación penal para “garantizar la custodia de las evidencias y la objetividad de los resultados”.

La mañana de este 4 de octubre, los familiares de Elinés protestaron en la plaza Andrés Eloy Blanco, frente a la sede de la alcaldía de Anaco, en Anzoátegui, para exigir justicia y que se practique una nueva autopsia.

Katiuska Turmero, madre de la joven fallecida, pidió al fiscal Tarek William Saab, que asigne un fiscal nacional para que investigue el caso. Aseguró a medios locales que el cuerpo de la joven oficial presenta lesiones que no se corresponden con un suicidio.

Medios locales informaron que este jueves una comisión del Cicpc delegación de Anaco trasladó el cuerpo de Olivero Turmero a la sede del Senamecf para practicarle una nueva autopsia.

La delegada municipal de la Defensoría del Pueblo en Anaco y la zona centro, Nilka Lara, aseguró a Elinformador.com que el traslado fue autorizado luego de un trabajo articulado entre la Defensoría del Estado Anzoátegui, representada por Rafael Vega, y el fiscal superior de la entidad, Jairo Gil.

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