La abogada y defensora de Derechos Humanos considera que de ser contestadas afirmativamente las dos últimas preguntas del referéndum consultivo sobre el Esequibo, se otorgaría al gobierno de Maduro un cheque en blanco que le permitiría tomar decisiones que conlleven, incluso, a una guerra
Entrevista: César Batiz Redacción: Kemberlyn Talero
Fuente: El Pitazo
Entender el conflicto territorial entre Venezuela y Guyana es complejo por los diversos factores que lo involucran desde el punto de vista histórico, geográfico, jurídico, diplomático y de seguridad y defensa. La vía para resolverlo parece clara: el juicio en la Corte Internacional de Justicia, pero intereses políticos internos pudieran condicionar las decisiones de Estado en torno a la defensa de este espacio y el referéndum convocado por el gobierno de Nicolás Maduro puede dejar una puerta abierta para que se tomen medidas que atenten, incluso, contra las elecciones presidenciales de 2024, según advierte la abogada y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel.
Para la experta, quien además es magíster en Seguridad y Defensa y especialista en Derecho y Política Internacional, la consulta prevista para el 3 de diciembre tiene preguntas que inducen a los venezolanos a votar por la inconstitucionalidad y otras que constituyen un “cheque en blanco” para el gobierno de Maduro que pueden conducir incluso a una guerra.
“En lo individual mi conciencia va a estar en paz votando el 3 de diciembre. Creo que para un venezolano no es una opción abstenerse. Mi voto va a ser “Sí”, “Sí”, “No”, “No”, “No” y va a ser por tres razones fundamentales”, dijo en entrevista con César Batiz, director de El Pitazo.
A su juicio, mantener el caso en la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia es la vía adecuada para resolver el conflicto, pues asegura que Venezuela tiene elementos suficientes para ganar el juicio. Esa es una de las razones por las que considera necesario votar en la elección prevista para el 3 de diciembre. Pero tiene dos más.
La posibilidad de que se cree una nueva lista Tascón entre patriotas y traidores a la Patria es otra de las preocupaciones que llevará a la defensora de Derechos Humanos a votar en este referéndum. Una tercera razón tiene que ver con la oportunidad que representa esta actividad para medir la capacidad del sistema electoral venezolano, y preparar el camino para la elección presidencial que se espera en el 2024.
Pero la posibilidad de que esas presidenciales sean amenazadas por un conflicto bélico es la razón que la llevará a votar “No” en las preguntas 4 y 5 de este referéndum. “Aquí (en las preguntas) se habla de ‘otros planes’ y de ‘todos los medios’, lo que significa que de aprobarse se estaría autorizando, incluso, el inicio de una guerra por una razón que puede dirimirse tranquilamente en la Corte Internacional de la Justicia”, dijo.
Una de las opciones que observa San Miguel es la posibilidad de que tras una decisión de este tipo se ordene una movilización nacional con la que se suspendan los comicios de 2024 si Maduro siente amenaza a su permanencia en el poder. “Esto podría ocurrir en Venezuela con un botón que se apriete para exacerbar cualquier choque militar fronterizo que conlleve a la declaratoria del Estado de Emergencia”, expresó. Para Rocío San Miguel, esa sería una de las razones que impida al gobierno de Maduro mantener el caso en la Corte Internacional de Justicia.
“Sería un error histórico retirarnos de la Corte Internacional de Justicia” – Rocío San Miguel, abogada y presidente de la ONG Control Ciudadano
―¿Tiene el venezolano promedio el suficiente conocimiento sobre el Esequibo y los temas constitucionales que lo rodean para responder las preguntas del referéndum sin ser manipulado?
―Es un tema técnicamente muy complejo que abarca temas de seguridad y defensa nacional, geografía, historia de la conformación jurídico territorial de Venezuela, planteamientos de historia y dentro de lo jurídico aspectos constitucionales. Eso ya te da cuenta de la envergadura que significa una cabal comprensión de este tema. Incluso estudiosos tienen puntos de opinión diferentes sobre algunos aspectos que tienen que ver con este tema que toca elementos de la soberanía y territorialidad de los venezolanos.
―El doctor Allan Brewer Carías (abogado y profesor universitario) dice que el referéndum es inconstitucional tanto por las preguntas como por las respuestas que se pueden generar de ellas. ¿Qué opinas?
―Yo coincido en aspectos de inconstitucionalidad de este referéndum y esa es la razón que me lleva a contestar “Sí” y “Sí” a las preguntas 1 y 2, que son un retrato de lo que contiene el artículo 10 de la Constitución venezolana, el cual dice que corresponde al territorio de Venezuela aquel que formaba parte de la Capitanía General de la República con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales que no resulten nulos. La primera pregunta propone ratificar que el Laudo de París de 1899 es nulo e írrito, lo que siempre nos enseñaron en el colegio; y la segunda nos propone que el Convenio de Ginebra de 1966 es el único tratado por el que Venezuela acepta dirimir la controversia por el territorio Esequibo. Es inconstitucional preguntar esto porque estarías induciendo a las personas a contestar “No” y “No” a estas preguntas y en ese caso violar el artículo 10 de la Constitución. ¿Cómo los convocantes van a inducir al fraude constitucional al provocar una respuesta en el ciudadano que pueda significar violar una norma fundamental del estado? Eso está mal hecho y si el TSJ hubiese hecho control de la constitucionalidad de manera efectiva hubiese rechazado estas dos preguntas. Nos queda a los venezolanos que decidimos participar contestar “Sí” y “Sí”. Ya comenzamos a ver las costuras de este hecho tan precipitado, mal concebido, soberbiamente inaceptable en asesoría como el que se le está planteando a los venezolanos.
―Si no hay que llevar a referéndum estas preguntas porque ya la Constitución lo establece, ¿qué se debe hacer?
―Podríamos deducir que para qué participar en el referéndum si es una burla, porque me están preguntando sobre cosas que ya están en la Constitución. Ahí comienza el problema, con las preguntas 3, 4 y 5. La pregunta 3 nos convoca a retirarnos de la Corte Internacional de Justicia, y, por cierto, es inoficiosa porque el miércoles 15 de noviembre la vicepresidenta de la nación (Delcy Rodríguez) anunció que no iba a participar. Entonces, ¿para qué nos preguntan eso? Muchos abogados y connotados jurídicos hemos advertido el significado de permanecer en la Corte Internacional de Justicia dirimiendo los derechos históricos que tenemos sobre el territorio Esequibo. Incluso hemos señalado que sería un error histórico retirarnos de la Corte Internacional de Justicia, pues es en ese espacio donde vamos a tener pruebas para presentar, alegatos que esgrimir y toda la carga documental jurídica y de argumentos que nos permita demostrar que el territorio Esequibo es nuestro. ¿Por qué retirarnos anticipadamente? ¿Quién se beneficia con esta posición? Sin duda se beneficia Guyana.
Mi conciencia va a estar en paz después de votar el 3 de diciembre – Rocío San Miguel, abogada y presidente de la ONG Control Ciudadano
―La pregunta 3 dice que el no reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en este conflicto es una posición histórica de Venezuela. ¿Realmente es una posición histórica?
―La vicepresidenta señalaba decisiones y hacía referencia al Acuerdo para resolver la controversia entre Venezuela y el Reino Unido de la Gran Bretaña (Acuerdo de Ginebra), que remite en su artículo 4 al artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Cuando se firmó esto en 1966 se acordó que entre los medios para dirimir el conflicto tendríamos por base el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas que dice los métodos para la solución de controversias entre Estados. Entre los diferentes modos aparece justamente la vía judicial para dirimir el caso en esta instancia, agotados la negociación y los buenos oficios, como ha sido posible. ¿Por qué se omite esto? Porque se quiere ocultar que nos estamos retirando indebidamente, y con consecuencias históricas muy graves para el país, de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia.
―Al omitir esto pareciera que en lugar de ganar el caso lo quisieran perder…
―Yo no veo otra explicación. Tenemos títulos históricos y alegatos que demostrar, ¿por qué salirnos de la competencia de la Corte Internacional de Justicia? Pero lo más determinante es que inexorablemente la sentencia, participemos o no en el juicio, va a ser de obligatorio cumplimiento para Venezuela. Entonces, ¿qué sentido tiene salirse del caso?
―¿Y si no participa no hay forma de que la sentencia sea favorable a Venezuela?
―Lo que sucede es que si yo abandono anticipadamente un proceso judicial me voy a ver limitado en mis capacidades de presentar pruebas y mi adversario en el litigio va a utilizar todos los espacios procesales para hacer valer su derecho sin que los jueces encuentren la posición de Venezuela. Entonces tendrá más ventaja Guyana en sus alegatos, lo que nos resta y podría generar lesiones irreversibles a nuestra verdad jurídica e histórica obteniendo una sentencia desfavorable. Además, lo que se está dirimiendo en la Corte Internacional de Justicia solo tiene que ver con el Laudo Arbitral de 1899 relacionado con la territorialidad y no sobre los espacios marítimos que se generan a partir de la prolongación de la frontera terrestre. Es decir, vamos a tener dentro de tres o cuatro años una sentencia que va a establecer los límites terrestres y no va quedar resuelto el tema de la delimitación marítima, con lo cual probablemente presente el caso también en la Corte Internacional de Justicia.
Estamos a las puertas de que se cree una nueva lista Tascón entre patriotas y traidores a la Patria – Rocío San Miguel, abogada y presidente de la ONG Control Ciudadano
―Esto se relaciona con la pregunta 4 del referéndum que habla de oponerse por todos los medios a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar de manera ilegal y en violación al derecho internacional…
―El problema que plantea la pregunta número 4 es que constituye un cheque en blanco. Se trata de una pregunta abierta que a su vez es inconstitucional. No se puede preguntar a los venezolanos si están de acuerdo con oponerse por todos los medios. ¿Qué medios? ¿Los que usted interprete en su saber y entender? Es obligatorio preguntar en un referéndum constitucional con una fórmula cerrada que establezca con certitud qué va a generar mi respuesta positiva o negativa. Cuando preguntan “oponerse por todos los medios”, no se sabe cuáles son todos los medios. ¿Qué significa esto, ir a la guerra? Oponerse por todos los medios significa, incluso en el derecho internacional, que si Venezuela considera que se encuentra lesionada su integridad territorial, ir a la guerra. Pasaríamos del título sexto de la Carta de Naciones Unidas, en el que nos encontramos ahora, al capítulo séptimo que trata las amenazas a la paz y a la seguridad internacional provocando lo que ya advirtió Guyana, que al día siguiente del anuncio del referéndum dijo que demandaría a Venezuela ante la Corte Penal Internacional por el delito de agresión. Esto se escaparía de las manos y tendría consecuencias inmanejables para el Estado venezolano que son completamente descabelladas. Proponemos que las preguntas 3, 4 y 5 sean respondidas negativamente por los venezolanos porque no podemos entregar irresponsablemente un cheque en blanco a un poder que dice que hará cualquier otra medida que entiende a su entender y saber.
―Y la pregunta 5 consulta si estamos de acuerdo con la creación del estado Guayana Esequiba, darle cédula de identidad venezolana a los que viven en este territorio…
―Tiene el mismo problema que la pregunta 4. Allí taxativamente se menciona “entre otros planes” y no se aclara cuáles son esos otros planes que pueden ser negativos para el país, como está siendo negativo a que no se pidan medidas provisionales por parte del Estado, que se anuncie que nos vamos a retirar de la Corte Internacional de Justicia. Es decir, esto está técnicamente mal elaborado y la única manera de medianamente proteger este dislate histórico es responder “Sí”, “Sí”, “No”, “No” y “No” para que no seamos corresponsables de este tamaño error histórico que se va a cometer utilizando el ropaje de la soberanía nacional.
―Parece tan claro y no creo que haya falta de entendimiento y conocimiento entre Maduro y quienes lo rodean. Hay mucha habilidad e información ¿Por qué plantear algo así?
―Yo creo que no se ha cumplido con la convocatoria real a los expertos venezolanos que deberían concurrir para asesorar en un tema como este. Los expertos en derecho internacional deberían ser consultados, también debieron ser consultados historiadores, geógrafos y diplomáticos con dominio del tema, expertos en la formación de la República y sus transformaciones territoriales, expertos petroleros y en seguridad y defensa. Yo no estoy tan segura de que el gobierno esté bien asesorado, ni siquiera comunicacionalmente. A pesar de que controlan el 70% del espectro comunicacional, creo que la comunidad internacional está perfectamente clara de que se están cometiendo una serie de errores en la conducción de este tema que pueden tener consecuencias muy graves para la nación. La manera de atajar esto es, en lo posible, que no nos salgamos de la competencia de la Corte Internacional de Justicia y que se pidan medidas provisionales urgentemente para que cese la explotación de recursos naturales en los espacios marítimos por delimitar pero también en el espacio terrestre donde hay explotación de minerales; y pedir que se retiren los efectivos militares guyaneses que se encuentran desplegados actualmente en este territorio esequibo, incluso con participación de efectivos militares extranjeros.
El referéndum sobre el Esequibo está técnicamente mal elaborado – Rocío San Miguel, abogada y presidente de la ONG Control Ciudadano
―Ha dicho que se pueden pedir esas medidas provisionales, sobre todo por el tema petrolero. ¿Por qué no lo hacen?
―Podríamos especular que se está armando un plan para ser modulado desde Miraflores. Hay un viejo refrán que dice “piensa mal y acertarás”. Hay que entender que un choque militar fronterizo puede desencadenar un conflicto armado y a mí se me ocurre pensar que podrían iniciarse algún tipo de medidas después del referéndum consultivo orientadas a dibujar el mapa, convocar a venezolanos nacidos en el territorio esequibo para cedularlos, pero también pudiera ocurrir que se provoque un choque fronterizo militar, ordenar la movilización nacional de acuerdo con la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación y declarar el Estado de Conmoción Exterior, uno de los decretos del Estado de Emergencia, para suspender las elecciones presidenciales de 2024 si Maduro no se encuentra en la cresta de las encuestas y favorecido en la posibilidad del voto popular. Esto podría ocurrir en Venezuela con un botón que se apriete para exacerbar cualquier choque militar fronterizo que conlleve la declaratoria del Estado de Emergencia.
―¿Qué significa ordenar la movilización nacional?
―Es una disposición establecida en la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación que no solo pone al servicio de la Fuerza Armada Nacional a los efectivos militares sino a la reserva militar y todos los bienes que se consideren indispensables para la defensa nacional, esto puede significar requisitorias temporales de bienes de particulares para ser utilizados en la defensa nacional, lo que puede abarcar alimentos, bienes de particulares, recintos de particulares y todo lo que se pueda imaginar. Sería un llamado a todos los efectivos de la Fuerza Armada Nacional, la Milicia Nacional Bolivariana y la reserva nacional, conformada por oficiales retirados, miembros de la FAN retirados, pilotos de la aviación civil, y de la marina mercante. Eso pudiera pasar porque aquí se habla de otros planes y de todos los medios, lo que significa que de aprobarse se estaría autorizando, incluso, el inicio de una guerra por una razón que puede dirimirse tranquilamente en la Corte Internacional de la Justicia.
—¿La Fuerza Armada Nacional está preparada para una guerra?
—En términos de poder relativo de combate, si miramos la fuerza armada de Guyana y de Venezuela, estamos hablando de una proporción de 1 a 100. Venezuela posee una muy importante adquisición de sistema de armas en los últimos 20 años, tiene todo un sistema defensivo pero también armamento de combate del cual carece la Guyana Defense Force, que es una fuerza armada muy pequeña, de escasamente 5.000 efectivos con algunas unidades ofensivas de patrulleros con ametralladoras en la superficie de los buques para defender los espacios marítimos de ese país. Pero no nos podemos olvidar de la diplomacia militar que ha venido desplegando Guyana en los últimos cinco años, que mantiene en óptimas condiciones los acuerdos de cooperación, no solo con el Comando Sur sino con los países de la Caricom y con el apoyo, además, de los países de la Commonwealth liderados por Gran Bretaña. Pero además debe señalarse la cooperación militar con Brasil, que se encuentra en el terreno en disputa. Desde hace aproximadamente 10 años Brasil, con su ejército, viene adelantando la salida del norte con obras de infraestructura a través de todo el territorio Esequibo y ahí hay intereses geopolíticos de significado e importancia para Brasil. En la hipótesis de un conflicto armado no se puede hablar solo de un poder relativo de combate entre un país intermedio en materia militar, sino de alianzas militares que tienen los países en conflicto.
Es una buena oportunidad de medir y demostrar los problemas del sistema electoral venezolano – Rocío San Miguel, abogada y presidente de la ONG Control Ciudadano
—El próximo 19 hay un simulacro de referéndum y hemos visto información de que a los militares les están pidiendo el 1×10 y pensando en que después del referéndum pueda pasar esto a una declaratoria de guerra. ¿En el espíritu corporativo de la Fuerza Armada Nacional existe la motivación como para ir a un conflicto bélico internacional?
—En 2010 hay un precedente importante en Venezuela por el cual estuvimos a punto de ir a la guerra con Colombia. Fue un incidente en el que Álvaro Uribe Vélez señaló que las FARC se encontraban emplazadas en el territorio de Venezuela, concretamente en el estado Zulia, indicando todas las coordenadas que permitían su localización. Debo decir que estuvimos a horas de ir a la guerra con Colombia. A mi modo de ver, ahí privó la sensatez de los Altos Mandos de ambos países que entendieron que no se trataba solamente de la variable militar para medir la pertinencia de una guerra. Aquí pudiera pasar algo similar. Pudiera ocurrir que aun queriendo el Presidente la guerra, los militares digan que no es lo más adecuado ni la solución más racional para resolver este problema. Los estudios de las relaciones internacionales están llenos de casos de la irracionalidad de ir a la guerra. Esperemos que no se estudie en el futuro el caso de Venezuela y su decisión de ir a la guerra cuando tenía toda una hoja de ruta con opciones favorables para ganar el caso por la vía jurisdiccional.
—¿Hay alguna opción para evitar ese camino?
—En lo individual mi conciencia va a estar en paz votando el 3 de diciembre. Creo que para un venezolano no es una opción abstenerse. Mi voto va a ser “Sí”, “Sí”, “No”, “No”, “No” y va a ser por tres razones fundamentales. La primera es porque estoy convencida de que el mejor curso de acción es mantenernos en la Corte Internacional de Justicia y por eso voy a decir “No” a la tercera pregunta. Porque estoy, además, vinculada sentimental y afectivamente a los efectos perversos que puede tener el resultado de esta votación en los términos de crearse una nueva lista Tascón. A todos los empleados públicos y militares les exigen el 1×10. Estamos a las puertas de que se cree una nueva lista Tascón entre patriotas y traidores a la patria. Y la tercera razón por la que votaría tiene que ver con una percepción de carácter técnico electoral: esto pone en evidencia al sistema electoral venezolano, que queremos incorporar a 120.000 individuos que han nacido en el territorio esequibo, pero le negamos el derecho a 5,4 millones de venezolanos que no van a poder votar en este referéndum porque se les niega la apertura del registro electoral. Este proceso electoral serviría para verificar cómo se seleccionan los testigos de mesa, para pedir verificación internacional, para ver el funcionamiento del Plan República, para exigir en la sala de totalización cómo se cuentan estas cinco preguntas. Es decir, si hubiese una capacidad de movilización en la veeduría de esto también tendría beneficios de vigilancia sobre la integridad del sistema electoral, porque no podemos olvidar que Venezuela comienza una ruta electoral, para mí definitoria del futuro de los venezolanos, con las elecciones presidenciales de 2024, elecciones de alcaldes y gobernadores y elecciones de la Asamblea Nacional. Ahí hay una oportunidad para vigilar la integridad del sistema electoral.
—¿Le recomendarías a los partidos de la Plataforma Unitaria que se sumen a este referéndum y que soliciten ser testigos y la presencia de observadores internacionales?
—Yo pediría que se pospusiera y se abriera el registro electoral para los venezolanos en el exterior. Porque de los 5,5 millones de venezolanos en el exterior en este momento solo pueden votar 117.000. ¿Acaso a los 5,5 millones no les interesa votar sobre el Esequibo? Tienen derecho de opinar sobre este tema, tienen que ser llamados a esta consulta, pero no, se les pide un método de residencia oficial mientras les vamos a ofrecer documentos a quienes nazcan en el Esequibo. Hay una solidez argumental que no puede desaprovecharse para medir y demostrar los problemas que presenta en términos de integridad el sistema electoral venezolano e ir apuntalando todos los elementos que serán necesarios para las presidenciales. Yo creo que hay que ser coherentes, la única arma que tenemos es el voto, en las movilizaciones nos han asesinado. No estoy diciendo que no nos movilicemos, pero no echemos por la basura el arma del voto. Los partidos políticos y la sociedad civil organizada deberían participar y hacerse vigilantes de ese sistema electoral porque hay más de 1.500 centros electorales que han sido creados y no sabemos dónde están. Todo eso debe revisarse con mucha anticipación a un hecho realmente importante para la historia de Venezuela como serán las elecciones presidenciales de 2024 si la guerra no nos lo lleva por el medio.
Propongo que se posponga el referéndum y se abra el registro electoral – Rocío San Miguel, abogada y presidente de la ONG Control Ciudadano