Fuente: El Informador
En ocasión del Dia de los Derechos Humanos, este viernes 10 de diciembre, las Red de Derechos Humanos y la Alianza de familiares de víctimas (Alfavic) exigirán a la Fiscalía Superior del Estado Lara que se activen los 21 casos de jóvenes “ajusticiados” en las manifestaciones entre abril y agosto de 2017.
Crédito El Informador
La información la suministró Nelson Fréitez, integrante de la Cátedra de Derechos Humanos de la UCLA, quien añadió: «Esos jóvenes fueron ejecutados con amas de fuego “disparadas por funcionarios militares y grupos de civiles bajo su coordinación para dispersar manifestaciones de personas desarmadas y esos hechos deben ser investigados a profundidad”.
Al ser preguntado sobre los avances de las denuncias en procura de justicia, expresó que la Corte Penal Internacional (CPI) del año 2018 dio lugar a la apertura El Caso Venezuela 1, en consecuencia, a comienzo de noviembre pasado el fiscal de la CPI, Karim Khan se trasladó a Venezuela y firmó un memorando de entendimiento con el Estado Venezolanos para iniciar la fase de investigación.
Ello indica que el Estado Venezolano debe hacer reformas judiciales y debe investigar las cadenas de mando que ordenaron los hechos y que la Fiscalía de la CPI seguirá investigando: ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzosas, explicó.
Khan dejó claro que el Estado venezolano, hasta el presente, no ha investigado y mucho menos sancionado a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, comentó.
Seguridad social
Con relación al derecho a la seguridad social, expresó que desde 2015, la población venezolana está sometida a una situación de emergencia humanitaria compleja que viven los países cuya institucionalidad está desmantelada. El Estado debe ser garantizar esos derechos, a la salud, la vida, la alimentación, la educación y no lo está cumpliendo. Al contrario, el gobierno con sus políticas pone en riesgo la salud y la vida, señaló Fréitez
A su juicio, todos los órdenes del país están seriamente afectadas negativamente, pese a que Venezuela tuvo un ingreso de más de un billón de dólares por venta de petróleo durante el período 2008 -2012.
Si la administración de esos recursos hubieran sido administrados honestamente, la población no tuviera las deficiencias de hoy día en cuanto a servicios públicos, salarios, seguridad social, sistema de pensiones, sistema de salud.
Pero, todo fue desmantelado por la corrupción y ahora el Gobierno endosa la situación a las sanciones internacionales que rigen desde 2018. Sin embargo, a esa fecha ya la emergencia humanitaria estaba desatada en el país, acusó.