PNB retomó el testigo de las FAES en las ejecuciones extrajudiciales

Fuente: Tal Cual/ Luisa Quintero

Lupa por la Vida destacó que en agosto de 2021, 113 personas fueron presuntas víctimas de ejecuciones extrajudiciales. El Cicpc lidera desde hace años el ranking, seguido por la PNB y policías estadales. Las FAES han disminuido su letalidad, producto de reiterados señalamientos de organismos internacionales. El abogado Zair Mundaray refiere que hay una “impunidad estructural” alimentada por la reducción de las capacidades de investigación del Ministerio Público

Las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela durante el primer semestre del año han disminuido, en parte por los señalamientos contra las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un brazo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), pero se mantienen dentro del espectro de supuestos operativos de seguridad en comunidades.

Un video viralizado en Twitter el pasado 30 de septiembre motivó una actuación rápida del Ministerio Público. En el clip se observa a un joven amarrado a dos columnas en la entrada de un callejón, mientras un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) lo sostiene y otro le dispara directamente al pecho. Mientras lo van desatando, se escuchan nuevos disparos al aire y se ve el movimiento de otros funcionarios.

Esto ocurrió en el sector La Trilla, de Ocumare del Tuy. La víctima era Dimilson Guzmán Santaella (21 años), quien supuestamente formaba parte de una banda delictiva. Según la minuta policial, el joven se enfrentó a la comisión policial con una escopeta. Pero el vídeo muestra al joven sin camisa, sin un arma cercana, amarrado y rodeado de policías, mientras la persona que graba el vídeo exclama «no están disparando, no hay nadie. Mira cómo mataron a ese pobre hombre».

Ese mismo día, en Twitter también circuló un audio de un oficial de la PNB donde detalla el «método» que deben seguir el resto de los policías para evitar investigaciones de fiscales y garantizar la impunidad a la hora de cometer «un trabajo», el eufemismo usado para referirse a una ejecución.

Ambos materiales demuestra lo que a través de cientos de testimonios han denunciado miles de familiares y vecinos de las víctimas desde el nacimiento de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) y, posteriormente, la creación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES): En Venezuela existe abiertamente un patrón de ejecuciones extrajudiciales contra personas en barriadas y comunidades pobres, justificado a través de operativos policiales con la excusa de supuesta «resistencia a la autoridad».

Este patrón ha sido resumido desde la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y ratificado a través de la Misión de Determinación de Hechos, de la siguiente manera: las víctimas siguen siendo hombres jóvenes y niños en sectores populares, que no sobrepasan los 35 años, son pobres y afrodescendientes. Los funcionarios de seguridad irrumpen en las viviendas y utilizan la violencia, «incluida la violencia de género, para controlar a los testigos y separar a las víctimas de sus familiares».

También se registran denuncias de acoso y violencia sexual en estos operativos, manipulación de la escena del crimen y robo a las víctimas y sus familiares.

Provea y Centro Gumilla, a través de la iniciativa Lupa por la Vida, contabilizaron 825 presuntas ejecuciones extrajudiciales durante los primeros seis meses de 2021, una disminución del 48% frente al primer semestre de 2020, cuando se contabilizaron 1.611 asesinatos de este tipo.

Según Lupa por la Vida, esta disminución podría guardar relación con el informe de la Misión de Determinación, presentado en septiembre de 2020, en el que Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López y Néstor Reverol fueron señalados de cometer crímenes de lesa humanidad.

La disminución, aunque positiva, otorga peso a la tesis de que las ejecuciones extrajudiciales son una política de Estado y que, cuando existe voluntad política, se puede orientar a los cuerpos policiales para que sus actuaciones sean menos letales.

FAES desplazada

Para Lupa por la Vida, uno de los principales hallazgos de su monitoreo durante el primer semestre del año fue la disminución radical en la cantidad de veces que los cuerpos policiales intervinieron en sus ejecuciones. En este semestre acumularon 64 operaciones que acabaron con asesinatos, a diferencia de las casi 417 que abarcaron en el mismo período del año pasado.

La ONG considera que esta menor operatividad podría tener que ver con un proceso de disolución progresiva de las FAES, ya que este año han trasladado personal hacia la nueva Dirección Contra la Delincuencia Organizada (DCDO), que fue responsable de cuatro casos de presuntas ejecuciones de este registro.

En agosto de este año, la baja actuación de las FAES en presuntas ejecuciones extrajudiciales también quedó demostrado. Lupa por la Vida contabilizó 113 asesinatos en todo el país, de los que solo pudieron identificar a 80 de las víctimas.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) continúa liderando los registros, al igual que en 2020. En agosto estuvieron vinculados en 43 asesinatos en todo el país. Le siguen las policías estatales, señaladas en 28 casos, y la PNB que estuvo involucrada en 20 casos. De ellos, en nueve hubo presencia de las FAES.

La Fuerza Armada Nacional estuvo señalada de participar en 12 casos de ejecuciones extrajudiciales. Específicamente, se ubicó a efectivos de la Guardia Nacional en 11 muertes y al Ejército en una.

De las 80 víctimas identificadas por Lupa por la Vida, 79 eran hombres cuyas edades oscilaban entre los 18 y 30 años (34 personas), 20 superaban esa franja de edad y uno era menor de edad al momento de ser asesinado.

Impunidad para matar

Zair Mundaray, abogado penalista y exfiscal del Ministerio Público, dice que el audio del oficial de la PNB demuestra un «profundo desconocimiento de la criminalística y la ciencia forense. Eso es bueno, porque desde la perspectiva de la investigación, al querer simular un enfrentamiento han generado un patrón absolutamente imposible de reproducir en estas situaciones».

En diversas investigaciones periodísticas y de organizaciones no gubernamentales se ha demostrado que los asesinados en estos «enfrentamientos» tienen características similares: uno o dos disparos lineales en la parte superior del tórax, lo que produce un sangrado rápido y una muerte casi instantánea por shock hipovolémico.

Mundaray explica que estos disparos no se producen en muertes donde hay persecución, pues el cuerpo está en constante movimiento, algo que se demuestra a través de los orificios dejados por las balas, ya sea de forma ascendente o descendente. «Las heridas a los costados son las que se producen en los verdaderos enfrentamientos, por la posición que toman las personas al intentar defenderse, exponiendo una parte de su cuerpo al tirador».

A partir de las OLP, el Ministerio Público logró determinar este patrón de enfrentamientos simulados. «Nosotros nos preguntamos, a raíz de las muertes en 2015, por qué la gente no metía las manos. Eso es una reacción natural, al igual que ponerte de lado o ponerse de espaldas. A partir de allí nos dimos cuenta de que algo estaba ocurriendo para que los tiros fueran exactamente iguales. Nos percatamos en un asesinato en San Vicente (estado Aragua) a través de un vídeo y testigos que las personas son agarradas de ambos brazos y luego asesinadas con uno o dos disparos. Eso generó un patrón de que más del 80% son muertes iguales, algo que en términos criminalísticos es imposible», asegura el exfiscal.

Mundaray, quien también formó parte del Consejo General de Policía, dice que a partir de estas declaraciones del oficial se denota la impunidad con la que actúan los cuerpos policiales, pues saben que cuentan con el apoyo del Estado para que estos graves delitos no sean investigados o sancionados.

«Conozco casos incluso de funcionarios que han sido destituidos, se les ha pedido la renuncia o se les ha rebajado de cargo por pedir órdenes de captura contra las FAES. Imagínate la connivencia que hay entre las FAES y la Fiscalía. Los pocos casos que han sido procesados han sido donde activistas chavistas fueron asesinados, como el caso de Guacamaya TV, o donde han sido públicos y notorios, como este caso. El resto no han sido investigados», destaca el abogado.

Además, refiere que hay una «impunidad estructural» alimentada por la reducción de las capacidades de investigación del Ministerio Público. «En la nota hay algo muy interesante, y es que el oficial dice que ‘un fiscal de mala fe’. Es decir, no está cumpliendo sus funciones. Están convencidos de que cumplen sus funciones, que es una actividad de Estado, permisada, y tiene la aquiescencia del Estado, y eso está en su formación».

El exfiscal dice haber obtenido información de que en el centro de formación y entrenamiento para funcionarios de las FAES, ubicado en El Junquito (Distrito Capital), se les enseña que si matan «no van a tener consecuencias».

Se les enseña que es en defensa de la ‘revolución’, sus valores y principios, menciona el abogado. «Estamos frente a una formación de verdaderos criminales. La expresión de este tipo te dice que lo ha hecho (asesinado) más de una vez, y lo ha hecho sin ninguna consecuencia, y se ha acostumbrado tanto que se atreve de dar instrucciones en un grupo sobre cómo se debe asesinar. Lo ve como una actividad loable. También es preocupante que hay periodistas que normalizan estas ejecuciones extrajudiciales y crímenes contra los derechos fundamentales, diciendo que las víctimas eran asesinos o por haber cometido un delito».