Fuente: Efecto Cocuyo/ Félix Azuaje
Los 13 indígenas pemones, que detuvieron en diciembre del 2019 y acusaron por supuestamente participar en el asalto a dos instalaciones militares en el estado Bolívar, fueron acusados de “terrorismo” y pasarán a juicio presos.
El coordinador de Pueblos Indígenas de la organización no gubernamental Foro Penal, Olnar Ortiz, indicó que el tribunal cuarto de Caracas con competencia en Terrorismo determinó que existen “suficientes indicios” para mantener a los miembros de los pueblos originarios tras las rejas.
Crédito Entorno Inteligente
Durante la audiencia preliminar que se realizó este viernes, 27 de noviembre, la defensa de los 13 pemones solicitó que los evaluara un médico. Desde su detención y traslado a Caracas, sufren supuestamente de vejaciones y tratos crueles que propiciaron un desgaste en su estado de salud, tanto física como emocionalmente.
Los pemones permanecerán en el Internado Judicial de El Rodeo III en el estado Miranda. A esta cárcel común los trasladaron a mitad de este año, después de que los sacaron de sus tierras ancestrales.
Se trata de Óscar Pérez, Leomar Delgado, Alfredo Fernández, Frank Fernández, Fiacencio Meya, Amilcan Pérez, Frederick Fernández, Lisandro González, Carlos García, Pantaleón Pérez, Willy Martínez, Ronny Sánchez y Salvador Franco, quienes son acusados de Conspiración en la forma política de Terrorismo, sustracción de armas de fuego o municiones en resguardo, asociación para delinquir, uso de adolescentes para delinquir, porte ilícito de armas de fuego y aprovechamiento de cosas provenientes del delito.
La toma
El 22 de diciembre del 2019 los 13 pemones supuestamente participaron, junto a un oficial retirado y un suboficial, en la toma del Batallón 513 de Infantería de Selva Mariano Montilla al sur del estado Bolívar.
A los indígenas los capturó la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el caso lo radicaron en un tribunal de Caracas, que decidió este viernes continuar con el juicio.
Recientemente el mismo Foro Penal denunció que los indígenas fueron tratados de manera cruel y en septiembre les prohibieron las visitas, así como la entrega de alimentos, por lo que la organización elevó la queja a instancias internacionales.