Fuente: Diario Contraste Noticias
El caso de María Auxiliadora Delgado Tabosky (46 años), una de las españolas que el chavismo mantiene encarcelada en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), ha despertado una vez más la preocupación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Crédito: Diario Contraste Noticias
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria ha analizado de nuevo la situación de esta hispanovenezolana con pasaporte español, que lleva casi tres años en las mazmorras del centro de inteligencia con su esposo, Juan Carlos Marrufo Capozzi (49 años), un militar retirado y de nacionalidad italiana.
La decisión del Grupo de Trabajo quedó plasmada en un informe de enero de 2022, pues el caso del matrimonio es uno de los investigados en relación con la detención arbitraria en Venezuela
«A juicio del Grupo de Trabajo, esto equivale a una práctica sistemática de privar a las personas de su libertad sin respetar los derechos consagrados en el derecho internacional. El encarcelamiento generalizado o sistemático u otra privación grave de la libertad pueden constituir crímenes de lesa humanidad».
El matrimonio se encontraba en su vivienda, ubicada en el estado venezolano de Carabobo, en el centro del país, cuando fueron arrestados y enviados a prisión en marzo de 2019 por supuesta conspiración.
En octubre de ese mismo año quedaron en libertad tras recibir un permiso de la DGCIM. Pero una contraorden de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) los volvió a llevar a la cárcel con nuevos delitos: terrorismo, traición a la patria, asociación para delinquir, homicidio de tipo frustrado, homicidio intencional calificado de ejecutado con alevosía y motivos fútiles e innobles.
«El caso de María Auxiliadora Delgado Tabosky y su esposo es el de dos personas que no han tenido derecho a juicio ni defensa. La decisión del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU establece que las detenciones pueden constituir crímenes de lesa humanidad y eso está relacionado con la investigación que lleva la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional», explicó a ABC Alfredo Romero, abogado y director del Foro Penal.
Durante su primera visita a Venezuela el pasado noviembre, el fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, anunció que el organismo va a investigar al régimen chavista por posibles crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con denuncias de víctimas y de organizaciones no gubernamentales, como el Foro Penal.
El matrimonio ha sufrido retrasos en el proceso judicial. «Son tres años sin sentencia», dijo a este medio una persona allegada a la pareja, que prefirió no identificarse para evitar represalias hacia la familia.
Tanto Delgado Tabosky como Marrufo Capozzi están en la sede del DGCIM, en Caracas, pero en celdas separadas. «Sus condiciones de salud se han agravado en este tiempo. María Auxiliadora es hipertensa y Juan Carlos también, y además han tenido otros problemas por nódulos tiroideos y en sus riñones», comentó.
«María Auxiliadora dio recientemente positivo por coronavirus y pidió a sus custodios que la trasladaran a una clínica porque estaba esputando flema con sangre, pero se la negaron. Insistió tanto que la llevaron a una clínica dos días después y en la consulta le diagnosticaron Covid», agregó la fuente.
Los esposos han recibido al menos una vacuna contra la enfermedad, según pudo saber ABC.
La fuente también explicó que los dos presos políticos han tenido pensamientos suicidas y han sufrido torturas psicológicas.
«Ya el solo hecho de que haya retraso procesal penal y estén en un lugar donde los hostigan es preocupante […] Estuvieron cuatro meses sin ver la luz, escucharon gritos y vivieron los peores momentos del DGCIM», dijo.
«Quieren que los liberen porque son inocentes. Y hay dos informes de la ONU que ratifican su caso es un delito de lesa humanidad y que debe intervenir el TPI. Solicitamos la liberación inmediata de ambos», afrirma.
La familia de los detenidos exige celeridad en el caso y considera que los tribunales y la Fiscalía General han ensuciado sus expedientes para alargar el proceso y mantenerlos en prisión.
Los familiares, al igual que Foro Penal, han pedido al régimen de Maduro que acate las medidas de la ONU.
En Venezuela hay cuatro ciudadanos españoles detenidos por razones políticas. España ha expuesto con opacidad los casos y son escasas las menciones sobre la situación de los ciudadanos con doble nacionalidad, que languidecen en las deprimentes celdas que son controladas por la cúpula chavista.
Los nombres que engrosan la lista de Foro Penal son María Auxiliadora Delgado Tabosky, Ángela Lisbeth Expósito Carrillo (56 años), Jorge Henrique Alayeto Bigott (48 años) y Francisco Javier Gorriño Fernández (67 años), aunque este último se encuentra con arresto domiciliario.
La exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya dijo en varias ocasiones que la salida de la crisis política en Venezuela «debe incluir la plena liberación de todos los presos políticos y el respeto de los derechos humanos».
Sin embargo, ser un preso político en el régimen es estar en la sombra del sistema judicial