Las ONG exhortaron a los familiares de las víctimas a mantener su lucha y a no permitir “que el Estado ni la sociedad calle su verdad”
Fuente: El Carabobeño
Foto cortesía: El Carabobeño
Unas siete ONG de Venezuela que trabajan en la defensa de los derechos humanos firmaron un manifiesto, difundido este lunes, en el que exigen el cese de las ejecuciones extrajudiciales y piden justicia para las víctimas y sus familiares.
Según Cofavic, entre 2012 y julio de este año se contabilizaron 14.220 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales.
“Hacemos un llamado a que las ejecuciones extrajudiciales cesen de forma absoluta e inmediata. Queremos evitar el dolor de cualquier otra madre, esposa, tía, hermana, hijos o persona venezolana, que pueda sentir al arrebatarle de forma violenta, inesperada e injusta un ser amado”, dice el manifiesto.
En el texto, firmado por las organizaciones Mi Convive, Provea, la Alianza de Familiares y Víctimas del 2017 (Alfavic), Paz Activa, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Madres Poderosas y la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (Reacin) solicitaron reparación y garantías para que la ciudadanía pueda sentirse segura.
Además, exhortaron a los familiares de las víctimas a mantener su lucha y a no permitir “que el Estado ni la sociedad calle su verdad”.
Igualmente, clamaron a los miembros de los cuerpos de seguridad, que “reconocen el accionar erróneo y violento de sus compañeros”, a ser “cambio” dentro de sus espacios y, junto con el Estado, a hacer valer el “derecho a la vida y a la seguridad”.
Este fin de semana, cerca de 20 personas, casi todas mujeres, participaron, a propósito del Día de los Derechos Humanos, en una vigilia en Caracas para exigir justicia y reparación por casos de familiares que fueron víctimas de asesinatos a manos de funcionarios policiales.
CIDH y las ejecuciones extrajudiciales
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en enero de este año, condenó las ejecuciones extrajudiciales de hombres jóvenes en situación de pobreza en Venezuela, e hizo un llamado al Estado a observar los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza, así como a investigar, juzgar y sancionar la práctica sistemática de esta grave violación de derechos humanos. (Ver comunicado)
El pronunciamiento de la CIDH, hizo referencia a los datos de Control Ciudadano, tras un alerta emitido por la organización el 11 de enero de 2022, en el que se indicó que ya para esa fecha, se habían registrado al menos veintisiete (27) casos de personas «abatidas» por cuerpos de seguridad del Estado y de la Guardia Nacional Bolivariana.
Control Ciudadano ha venido insistiendo en la necesidad de investigación y determinación de responsabilidades en los casos de las muertes catalogadas por las autoridades como resistencia a la autoridad, es decir, homicidios cometidos por cuerpos de seguridad del Estado y la Fuerza Armada Nacional, por uso excesivo de la fuerza o mediante ejecuciones extrajudiciales, así como en la necesidad de una revisión urgente de las reglas de enfrentamiento que están siendo empleadas por policías y militares en el marco de la política de seguridad ciudadana.