Fuente: El Pitazo
Entre abril y agosto de 2018 se registraron 12 ejecuciones extrajudiciales en el estado Bolívar, de acuerdo con el reporte que maneja la ONG Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu).
Crédito @DouglasricoVzla
De acuerdo a los datos, en el municipio Caroní se registraron nueve casos, cuatro en San Félix y cinco en Puerto Ordaz, mientras que otras tres personas murieron por problemas de salud cuando estaban privadas de libertad.
Asimismo, la ONG señala que en abril se registró una víctima; en julio cinco y en agosto seis. En todos los casos los muertos fueron hombres de edades comprendidas entre entre 12 y 40 años.
Codehciu insta a los órganos estatales competentes, tanto nacionales como regionales, a que se realicen las debidas investigaciones.
“Todas las víctimas fueron asesinadas por armas de fuego, presuntamente por funcionarios, mientras que las personas privadas de libertad murieron en condiciones que resultan sospechosas o potencialmente ilícitas”, según reclama la ONG en una nota de prensa.
En los casos documentados, en cinco ocasiones actuó el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc); la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en uno, y la Policía del Estado Bolívar (PEB) en tres.
El Observatorio de Ejecuciones Extrajudiciales de la entidad (OEE) advirtió sobre la inoperancia del Estado y lo exhortó a cumplir con sus responsabilidades. Recordaron que según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, “estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades”.
“En ningún momento pueden los funcionarios policiales juzgar a los imputados y mucho menos ejecutarlos por su propia mano”, advirtieron los voceros de las organizaciones.
“También se apoya en la importancia en el derecho a la vida. La ejecución extrajudicial, que es una violación de múltiples derechos humanos, vulnera la vida y el acceso a la justicia”manifestaron en el informe.
Codehciu lanzó una alerta sobre el descontrol de las autoridades y el abuso de poder. Lo calificaron de una “realidad palpable” que vulnera la democracia y la calidad de vida ciudadana.