La directora ejecutiva de la ONG, Lilia Camejo, dijo a Efe que se trata de un registro alarmante de militares presos políticos, que abarca todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana e incluye desde sargentos de tropa profesional a un mayor general del Ejército.
Por componente de la FANB, el mayor número de procesados corresponde al Ejército, con 96 militares detenidos, seguidos de 71 de la Guardia Nacional, 24 de la Armada y 20 de la Aviación, precisó Camejo.
“Esta ha sido la cifra más alta que hemos tenido”, dijo. Precisó que los casos están en distintas fases del proceso judicial, por lo que la lista incluye militares procesados, condenados y otros con medidas cautelares sustitutivas de libertad.
Denunció el trato que reciben los militares en los centros de reclusión, pues “básicamente en casi todas las audiencias” han llegado “con signos de tortura”.
La abogada afirmó que esas torturas han sido denunciadas ante los tribunales de control y ante los fiscales que llevan cada una de las causas judiciales.
En el caso reciente del denominado “Golpe Vuelvan Caras”, en el que uno de los investigados era el capitán Rafael Acosta Arévalo, asesinado mientras estaba en custodia del Dirección de Contrainteligencia Militar, Camejo indicó que los procesados presentaban al menos “signos de golpes en la cara” cuando llegaron a la audiencia.
Aseguró que entre los casos que tiene documentados, aunque “unos presenten las denuncias y otros no por miedo”, figuran laceraciones en las manos, costillas rotas, “tobillos que no se veían de la inflamación”, “las plantas de los pies rajadas con hojillas sangrando” y narices rotas.
“Es como que no existe”, dijo al ser consultada sobre la actuación de la Defensoría del Pueblo en la investigación de las torturas denunciadas, pues, según indicó, hasta el momento esa instancia no ha contactado a nadie. “Ni a nosotros los abogados, ni a los defensores de derechos ni a los familiares para diligenciar algo”.
Indicó, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tomado medidas cautelares para los que están privados de libertad en las sedes de la Dgcim y en el Servicio de Inteligencia.
En julio, la alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, presentó un informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y recomendó la adopción inmediata de “medidas para cesar, subsanar y prevenir las violaciones de los derechos humanos”.
El informe Bachelet recoge que las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia, “especialmente el Sebin y la Dgcim”, han recurrido “de manera habitual” a “una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante” para “extraer información y confesiones, intimidar y sancionar a las personas detenidas”.
