Fuente: El Universal de México
Soldados mexicanos patrullan después de un ataque que mató a 20 personas en el ayuntamiento de San Miguel Totolapan, Guerrero, en octubre.
Si el gasto militar parcial y acumulado de 21 de los 33 países de América Latina y el Caribe, incluidos México, Brasil, Argentina, Colombia, Chile y Perú como economías líderes del área, sumó más de un billón 889 mil 688 millones de dólares de 1949 a 2021, ¿pueden los latinoamericanos y caribeños proclamar que en 2022 viven más seguros que hace 73 años?
México consumió 171 mil 281.5 millones de dólares en rubro militar de 1949 a 2021 y 6 mil 222 millones de dólares en importar armas de 1950 a 2021. Desde que militarizó su seguridad pública a inicios del siglo XXI y lanzó la guerra al narco en diciembre de 2006, México completó 92 mil 774.4 millones de dólares en gasto castrense de 2001 a 2021.
El monto subió de 14 mil 477.5 millones de dólares en el gobierno de Vicente Fox (2000-2006) a 24 mil 938.8 millones de dólares en el de Felipe Calderón (2016-2012) y a 31 mil 383.4 millones de dólares en el de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
El total parcial de 2019 a 2021 se ubicó en 21 mil 974.7 millones de dólares en el de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), porque el de 2018 —5 mil 601.5 millones de dólares— lo ejecutó Peña Nieto casi en su totalidad. El de 2000, por 3 mil 83.5 millones de dólares, correspondió ejecutarlo en su mayoría a Ernesto Zedillo (1994-2000). Los datos fueron aportados por el (no estatal) Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés). El cálculo fue hecho con el valor del dólar a 2020.
“Más importante” que cuestionar “un gasto en defensa por el simple hecho” de crecer, está “la falta de una visión estratégica efectiva de la defensa en los países latinoamericanos”, afirmó la politóloga brasileña Danielle Ayres, profesora de Relaciones Internacionales en la (estatal) Universidad Federal de Santa Catarina y experta en paz y seguridad.
“Las Fuerzas Armadas de estos países reciben más recursos, pero (…) no tienen una planificación efectiva de qué lugar quieren ocupar estos países en el juego de poder regional y global, ni una planificación clara sobre las amenazas efectivas y los recursos efectivos necesarios para abordarlas”, dijo Ayres a EL UNIVERSAL.
“Vale recordar cuántos de estos países terminan utilizando recursos y personal de las fuerzas de defensa para actividades de seguridad pública, tergiversando la función principal de este agente estatal: las Fuerzas Armadas”, agregó.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial calcularon que la pérdida en América Latina y el Caribe por inseguridad, robo, vandalismo, asistencia médica, justicia, prevención, impacto en turismo, deterioro de competitividad o fuga de inversiones, osciló en un promedio anual de 5% a 7% del Producto Interno Bruto (PIB) en este siglo.
Si las Fuerzas Armadas son responsables de defender la integridad territorial, ¿está más garantizada en 2022 que en 1949 la seguridad de unas fronteras que, a partir de los últimos 25 años del siglo XX, se convirtieron en santuarios de corrupción del contrabando de migrantes, cocaína, heroína, marihuana, drogas sintéticas y otras mercancías?
Para la abogada venezolana Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, grupo no estatal de Caracas de estudios en Fuerzas Armadas, “el gasto militar no debe ser enfocado desde la perspectiva de mayor o menor seguridad, sino desde la eficacia en la defensa de la integridad territorial y capacidades militares de un Estado (…) Ningún Estado latinoamericano supera la prueba exitosamente“, indicó a este diario, al subrayar que “no se corresponde la inversión militar con los resultados en la defensa de la soberanía e integridad territorial”.
Las Fuerzas Armadas en América Latina “en general se han quedado rezagadas en el concepto operativo y capacidades de resguardo de la integridad territorial, en especial en los ámbitos de frontera. En general han sido superadas por las capacidades operativas de nuevos fenómenos criminales“, añadió. “Un Estado puede tener enorme inversión en gasto militar y tener graves problemas de seguridad”, aclaró.