Fuente: Control Ciudadano
De nuevo aumenta participación de militares en el gabinete
Caracas, 24 de agosto de 2021. Con las nuevas designaciones ministeriales realizadas por Nicolás Maduro, aumenta de nuevo la participación de militares en el gabinete, quienes colonizan áreas claves de poder y recursos en Venezuela.
En esta ocasión se produjo el enroque del Almirante en Jefe Remigio Ceballos Ichaso, por la Almirante en Jefe Carmen Teresa Meléndez Rivas, al frente del Ministerio del Poder Popular para Interiores, Justicia y Paz.
Meléndez Rivas se separa del cargo para aspirar a la alcaldía de Caracas, en las elecciones regionales y locales, convocadas por el Consejo Nacional Electoral, para el próximo 21 de noviembre.
Por su parte Ceballos Ichaso, quien fue edecán de Hugo Chávez Frías, viene de ejercer como Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional, desde el año 2017, y ha sido sancionado por los gobiernos de Canadá y Estados Unidos, por “violación de derechos humanos”, entre otras acusaciones.
El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz es un bastión clave de control del sistema de organismos de seguridad e inteligencia del Estado. Dependen de este ministerio, entre otros órganos, la Policía Nacional Bolivariana, la supervisión de todas las policías regionales y municipales, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el Servicio Nacional de Identificación, Migración y Extranjería, la Oficina Nacional Antidrogas; y como órgano desconcentrado, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
En los últimos años, el Ministerio del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz ha estado dirigido por militares.
Por su parte, con la designación del Almirante William Serantes Pinto, al frente del Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico, se asigna una parcela de poder económico clave al sector militar, que consolida su control sobre la pequeña, mediana y gran minería en auge en Venezuela.
Serantes Pinto viene de ejercer como comandante general de la Armada Bolivariana de Venezuela, director del Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (BANFANB) y comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral de Oriente y la Región Estratégica de Defensa Integral de Guayana.
Con estas nuevas designaciones, pasan a ser diez (10) en el gabinete, los ministros que provienen del mundo militar, de un total de treinta y cuatro (34) ministros que están designados actualmente en Venezuela. Cuatro (04) de estos ministros provienen del Ejército, dos (02) de la Armada, uno (01) de la Aviación y tres (03) de la Guardia Nacional Bolivariana.
Para Rocío San Miguel, Presidenta de Control Ciudadano: “No puede perderse de vista que con la designación de efectivos militares al frente de ministerios estratégicos para el país, se reproduce también una estructura militar en los cargos subalternos de los despachos que asumen. Ha sido una práctica reiterada, en los últimos años, que los nuevos ministros militares, traigan efectivos de la Fuerza Armada Nacional, a su vez, para ocupar cargos de importancia en la estructura interna de los ministerios, lo cual fortalece la militarización de la gestión del Estado”.
San Miguel espera que las nuevas designaciones traigan rectificaciones importantes en materia de Derechos Humanos en la gestión.
“Los nuevos ministros militares designados, ejercen importantes competencias que impactan sobre los derechos humanos. Esperemos, en este sentido, que el almirante en jefe Remigio Ceballos Ichaso, al frente del Ministerio de Interior, Justicia y Paz y el almirante William Serantes Pinto, en el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, hagan importantes y urgentes correctivos”, señaló San Miguel.
“El informe de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas (A/HRC/45/33), establece graves señalamientos sobre el funcionamiento y actuación de los órganos de seguridad del Estado, que deben investigarse y sancionarse para establecer correctivos. También advierte sobre denuncias de graves violaciones de los derechos humanos en el Arco Minero de Orinoco, donde se han infiltrado el crimen organizado y los grupos armados ilegales”, explicó la Presidenta de Control Ciudadano.
