Fuente: Univisión/ AHIANA FIGUEROA
Apagones constantes, escasez de gasolina y de gas doméstico, falta de agua potable y de unidades de transporte público se suman a la crisis económica y humanitaria que padecen hoy en día los venezolanos.
Crédito Archivo Efecto Cocuyo
Las fallas eléctricas en todos los estados de Venezuela que han durado hasta 10 horas ya afectan incluso a la capital, Caracas, que en tres meses de 2018 sufrió tres apagones.
“Mi día se resume en sin luz desde las 10 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, llego a la oficina y no hay luz desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, vuelvo a la casa y a las 10 de la noche se vuelve a ir la electricidad. ¿Cómo progresa un país así?”, se pregunta Marcelo Marín desde Zulia, el principal estado productor de petróleo.
Pero hay más. Haya sequía o lluvia, el suministro de agua dejó de ser constante en los grifos de las casas de los venezolanos y muchos caraqueños acostumbran a ir a las faldas del cerro el Ávila para surtirse de los manantiales de la montaña más alta del Caribe.
“La presión del agua es tan baja que cuando llega no sube a llenar los tanques de las casas que quedan más arriba en el barrio, así que igual nunca tenemos. Hay que ir con tobos a la parte baja donde hay un tubo adonde podemos llenarlos de agua”, comenta Inés María Rodríguez, habitante de las Minas de Baruta, al sureste de Caracas.
Esta situación es tan severa que de acuerdo a investigaciones de la Asamblea Nacional, 79% de los hospitales del país se encuentran afectados por la escasez del líquido, lo que agrava la ya precaria situación de la red sanitaria.
Hasta la empresa estatal Pdvsa –otrora faro de eficiencia y rentabilidad- ha tenido problemas para procesar gasolina, al tiempo que el transporte público terrestre y subterráneo pasó a ser un dolor de cabeza más para la población que no tiene cómo trasladarse a su lugar de trabajo o a su casa.
Según datos de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores (Favenpa) en el país circulan unos 4,173,522 de vehículos (sin contar las motocicletas), de los cuales 1.4% corresponde a unidades de transporte público, es decir, 58,429 autobuses y camionetas de transporte. Una cifra minúscula para la demanda de 30 millones de venezolanos.
“Cada vez que voy a viajar a San Cristóbal (estado Táchira) tengo que hacer fila y dormir una noche en el terminal de autobuses para poder comprar los pasajes. No hay unidades suficientes para tanta gente”, comenta Eduardo Sánchez, un plomero de 45 años que vive en Caracas.
Por ello observamos cientos de imágenes de personas que se desplazan en camiones destinados para el traslado de ganado, productos agrícolas y de construcción, lo cual ya ha cobrado vidas de venezolanos. El pasado 31 de mayo en una región del estado Merida un camión de carga que trasladaba pasajeros sin ningún tipo de protección, se volcó al parecer por fallas mecánicas dejando 14 fallecidos y nueve heridos de gravedad.
Además de las fallas en la oferta, agua, electricidad y transporte tienen un factor en común: son responsabilidad de militares designados por el presidente Nicolás Maduro en su gabinete de gobierno.
La preferencia por los hombres de uniforme para puestos claves en la administración pública comenzó desde la gestión del fallecido presidente Hugo Chávez, pero Maduro la intensificó.
Desde 2013 duplicó el número de militares en su gabinete y hoy en día funcionarios militares gestionan 14 de los 32 ministerios. Hasta la fecha poco han hecho para mejorar la calidad de vida de los venezolanos.
El general de la gasolina y el gas
Petróleos de Venezuela (PDVSA) es gerenciada por el general de la Guardia Nacional Bolivariana, Manuel Quevedo desde 2017 y bajo su mando también se encuentran servicios relacionados a la industria: las estaciones de gasolina y el servicio de gas doméstico.
Quevedo fue presidente de la Gran Misión Vivienda (uno de los programas sociales más ambiciosos del chavismo pero que no ha podido acabar con el déficit habitacional ni con los innumerables barrios pobres), además de ministro Vivienda. Fue general de brigada y jefe del Comando Regional situado en Caracas durante las protestas de 2014 contra Maduro y, en las que se desató una brutal represión por parte de las autoridades que resultó en al menos 43 manifestantes y fuerzas del orden muertos.
Bajo su mando, las exportaciones petroleras de PDVSA vienen en caída sostenida. Desde que asumió las riendas de la empresa la producción pasó de 1.7 millones de barriles diarios a 1.4 millones en abril de 2018, la cifra más baja en 30 años.
La economía de Venezuela depende en 95% de la venta de crudo y es la única industria capaz de generar ingresos en divisas, los cuales han mermado debido a la baja en la producción. Esto ha generado una disminución del abastecimiento de combustibles como diésel, gasoil y gasolina; además del gas doméstico.
Los estados cercanos a la frontera con Colombia y Brasil son los que más sufren de la escasez de gasolina y al mismo tiempo son castigados con racionamiento tras la excusa del gobierno de evitar el contrabando. Largas filas de carros se observan en las estaciones de servicio y muchos de ellos se quedan sin poder abastecer a pesar de una espera de hasta seis horas.
En Venezuela 85% del gas que consume el país es a través de “bombonas” o “cilindros”, cuya distribución es monopolio del gobierno. El otro 15% se distribuye vía gas directo por tuberías, otro negocio exclusivo del Estado.
En varias zonas de 11 estados del país han ocurrido protestas entre enero y mayo para exigir la venta del gas doméstico en bombonas. Muchos usan ahora madera o carbón para cocinar al no contar con el servicio por un periodo de hasta cuatro meses.
El mayor general de los apagones
Cinco grandes apagones han ocurrido en el país durante 2018, pero todos los días se registran fallas momentáneas. De acuerdo a cifras del Comité de Afectados por los Apagones ocurrieron 7.788 interrupciones del servicio entre enero y abril. Los estados más perjudicados son Zulia y Táchira, en donde los recortes se han prolongado por varios días. Esta situación ha dañado alimentos y electrodomésticos, mientras caen 30% las ventas de los comercios según datos del gremio que los agrupa.
Los apagones y las fallas eléctricas son resueltas justamente con planes de racionamiento de hasta 15 horas diarias. La población de seis de los 23 estados ha tenido que lidiar con el “plan de administración de carga” como suele llamar el gobierno al racionamiento.
El responsable del sector es el mayor general de la Guardia Nacional Bolivariana, Luis Motta Domínguez quien maneja el Ministerio de Energía Eléctrica desde 2015 .
Durante toda su gestión se ha limitado a afirmar que los apagones son producto de actos de sabotaje, debidos, explica, a la presencia de “personas electrocutadas al tratar de dañar el sistema”.
Sin embargo, las instalaciones son custodiadas por los militares desde 2008 por órdenes de Chávez y esa presencia fue reforzada en 2013 por Maduro.
Motta Domínguez ha ocupado varios cargos en la administración pública (Intendente del organismo fiscalizador de los comercios y precios, así como en el Instituto Nacional de Tierras y en la Empresa Socialista de Carreteras).
El diario The Wall Street Journal informó sobre varias investigaciones por parte de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y fiscales federales en Nueva York y Miami contra funcionarios venezolanos, entre ellos Motta “bajo sospecha” de convertir al país “en un centro global de tráfico de cocaína y lavado de dinero”.
Un coronel para distribuir agua
Desde 2013 se agravó el suministro de agua al deteriorase la infraestructura de los 18 mayores embalses de agua potable y al no sustituirse los miles de kilómetros de tuberías. Tampoco se han construido embalses desde que el chavismo llegó al poder.
La falta de agua también impacta de manera dramática a los hospitales en donde varios tratamientos como los de quimioterapias y diálisis se han suspendido por no contar con el vital líquido, como es el reciente caso del centro asistencial especializado en la atención de niños J.M. de Los Ríos en Caracas.
El ministerio de Ecosocialismo y Agua es comandado desde enero de 2017 por el coronel de la Aviación Militar, Ramón Velásquez Araguayán, un licenciado en Ciencias y Artes Militares, egresado de la Escuela de Aviación Militar, que el presidente Maduro considera que tiene méritos para ocupar el cargo por ser experto en Gerencia Ambiental y Licenciado en Meteorología.
Pero hasta ahora el plan del coronel Velásquez ha sido la de racionar a tres veces a la semana el suministro del vital líquido a las comunidades, pero muchas veces los hogares se quedan sin el servicio por varios días.
Un mayor general en transporte
En Caracas y las principales ciudades del país se experimenta hay serios problemas con el transporte público. Autobuses, camionetas y taxis que antes congestionaban las vías, hoy son escasos, al punto que el tráfico infernal de la ciudad ha casi desaparecido.
La paralización de unidades de transporte público obedece a la falta de repuestos y partes automotores, los cuales su importación ha caído en 40% en 2018, según informó el presidente de Favenpa, Omar Bautista.
El Metro de Caracas, anteriormente un modelo de excelencia del sistema de transporte subterráneo en la región años, ahora es un ejemplo del mal servicio. A los usuarios que antes confiaban en llegar a sus destinos con eficiencia, ahora les toma horas debido a las constantes fallas eléctricas y mecánicas.
“Ingresé al metro a las 6 de la tarde y llegue a las 9 de la noche a mi casa. El tren tardó en llegar al andén, tuve que dejar pasar dos trenes para poder entrar porque había mucha gente esperando, viajaba lento y no había aire acondicionado. Casi me desmayo por el calor”, indicó Maira Contreras, estudiante de Publicidad en Caracas.
El sector es responsabilidad del ministro de Transporte, el mayor general Carlos Osorio, quien está sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y por los gobiernos de Canadá y Panamá por su vinculación en actos de corrupción en la importación y distribución de alimentos, así como por ser considerado de alto riesgo por blanqueo de capitales.
Osorio vienen de un estrepitoso fracaso en un área clave. En 2015, como ministro de Alimentación, Osorio dijo que en dos meses acabaría con la escasez de alimentos pero hoy en día el país está al borde de una crisis humanitaria.
Osorio también estuvo al frente de la empresa siderúrgica en Venezuela y fue ministro del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, designado por Maduro en abril de 2014.
La exigencia por una mejor calidad de los servicios públicos por parte de los venezolanos crece cada vez.
De acuerdo datos recopilados por la organización no gubernamental “Observatorio Venezolano de Conflictividad Social” han ocurrido 927 protestas solo en abril y de ellas, al menos 338 estuvieron vinculadas a la precariedad en servicios básicos. Un promedio de 11 protestas diarias.
“Las calles han sido escenario de protestas para los ciudadanos que a diario sufren la precariedad de los servicios básicos necesarios para gozar de una vivienda digna, adecuada, higiénica, segura y cómoda. Las personas se ven obligadas a implementar antiguas técnicas para la preparación de las comidas y a cambiar sus hábitos alimenticios para adecuarse a las condiciones de vida actuales (menos gas, menos electricidad, menos agua)”, indicó la ONG en su informe.