Fuente: Tal Cual
El Grupo de Trabajo además recordó que los juicios sobre estos siete militares se han suspendido en varias ocasiones, y llamaron la atención sobre sus condiciones de reclusión, en particular tras las torturas -que no han sido procesadas debidamente- y la negación de atención médica adecuada
El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, en su 92° período de sesiones, se pronunció sobre la situación de siete presos políticos militares vinculados a la llamada operación Armagedón, donde afirmaron que fueron detenidos arbitrariamente y se solicitó liberarlos e indemnizarlos.
Crédito: Tal Cual
El documento, referido a la Opinión núm. 49/2021 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, trata los casos del capitán Luis Humberto de la Sotta, el teniente coronel Ruperto Molina Ramírez, el mayor Abraham Américo Suarez Ramos, el mayor Adrián de Gouveia de Sosa, el mayor Ricardo Efraín González Torres, el capitán Carlos Gustavo Macsotay Rauseo y el teniente de fragata Elías José Noriega Manrique.
El Grupo de Trabajo recordó que los oficiales fueron detenidos en mayo 2018 en diferentes bases militares, desconociéndose en la actualidad dónde se encuentran algunos de ellos.
En los siete casos “todas las detenciones se produjeron sin orden de detención, sin informarse de la razón de esta, trasladándolos a los detenidos a lugares desconocidos e inidentificados; donde permanecieron retenidos mientras se los sometía a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes para obtener información respecto a lo que el Gobierno llama Operación Armagedón”.
El Grupo de Trabajo además recordó que en sus casos los juicios se han suspendido en varias ocasiones, y llamaron la atención sobre sus condiciones de reclusión, en particular tras las torturas -que no han sido procesadas debidamente- y la negación de atención médica adecuada.
Por ello, este procedimiento especial de la ONU hizo un llamado al Gobierno venezolano a adoptar las medidas necesarias para remediar la situación de los siete oficiales, liberándolos inmediatamente e indemnizándolos. Además solicitaron se investigue las situaciones que derivaron en la violación de sus derechos humanos.
La directora de la ONG Justicia Venezolana, Lilia Camejo, aseguró que el pronunciamiento del Grupo de Trabajo de la ONU confirma las irregularidades que sufren los presos políticos militares en Venezuela, por lo que instó a tomar las acciones de reparación que fueron solicitadas sin más dilación, debido a que todos los acusados ya suman más de tres años de prisión preventiva.
Este año el Grupo sobre Detenciones Arbitrarias también solicitó la liberación inmediata e indemnización y otros tipos de reparación para Emirlendris Benítez, acusada de estar presuntamente vinculada al intento de magnicidio contra Nicolás Maduro.
Benítez también forma parte de los 91 presos políticos, identificados por el Foro Penal Venezolano, que permanecen detenidos bajo la figura de prisión preventiva por más de tres años. Actualmente se encuentra recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), ubicado en Los Teques. Su hermana tambhién ha reclamado asistencia médica para ella, debido a que no puede caminar.