Fuente: El Carabobeño
El 10 de julio de 2017 Rubén Darío González Jiménez manifestaba pacíficamente en la Isabelica cuando llegaron funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana a reprimir, accionando sus armas contra los manifestantes. El joven de 16 años recibió un disparo en el intercostal derecho y falleció de forma casi inmediata. Casi cinco años después apenas se han convocado dos audiencias, la primera suspendida, y a la segunda el principal acusado, teniente Gregori Adolfo Casanova Méndez, no se presentó.
Crédito: Cortesía Defiende Venezuela
En un comunicado, la ONG Defiende Venezuela recordó que Rubén era estudiante del quinto año de bachillerato. El día de su muerte había culminado sus estudios de secundaria, era deportista y soñaba con ser filósofo y piloto de avión. El 27 de octubre de 2017 su madre se dirigió al Ministerio Público por primera vez a formular la denuncia y desde entonces no ha dejado de buscar justicia.
A casi 5 años de la muerte de Rubén, apenas el 27 de octubre de este año se convocó a la primera audiencia preliminar, diferida por falta de despacho por el tribunal. Se reprogramó para el 10 de noviembre, oportunidad en la cual no se presentó uno de los siete imputados, el autor material del asesinato, teniente de Guardia Nacional Bolivariana Gregori Adolfo Casanova Mendez.
El tribunal sexto de control de Carabobo separó las causas y se solicitó una orden de aprehensión contra el teniente Casanova. De momento no se tiene información del resultado de esta petición de privación de libertad, detalla el escrito.
Los delitos que constan en la acusación fiscal contra los siete funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana involucrados, son: I) Homicidio intencional calificado por motivo fútil con la agravante de haber obrado en contra de un adolescente en perjuicio de Rubén Darío González; II) Uso indebido de arma orgánica; III) Omisión de socorro con la agravante de haber obrado con abuso de autoridad.
La madre del joven asesinado, Dexy González, presentó una acusación particular propia que fue declarada inadmisible por el tribunal. La decisión fue apelada por los abogados ya que ella, como víctima, no fue notificada tal como obligan la Constitución y las leyes en el caso de audiencias preliminares. Aún sigue buscando justicia.
La ONG exigió en el comunicado que Gregori Adolfo Casanova Mendez sea detenido y que el tribunal trabaje para dar justicia a Rubén Darío González, quien fue ejecutado extrajudicialmente por ejercer su derecho a la manifestación pacífica.