Fuente: Tal Cual Digital
El Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos, Humberto Prado, envió información sobre el ataque, ocurrido el 22 de noviembre, a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, y a la CIDH, entre otros organismos internacionales
El Ministro Público confirmó la muerte de seis personas en la masacre de Ikabarú. Este domingo 24 de noviembre se conoció que el ataque a los pemones ocurrió a las 9:00 pm del viernes 22 de noviembre. Las víctimas son Antonio José Perera Flores, de 46 años y sargento retirado de la Guardia Nacional (GN), Máximo Jeremy Muñoz Solano,de 17 años, alias Coquito; Luis Alejandro Fernández Gómez, de 28 años, Richard Antonio Rodríguez Galvis, de 30 años y quien se desempeñaba como vigilante; Eslie Ezequiel Basanta, de 33 años, y Edison Ramón Soto Suárez,de 46 años, alías el Vaquiro.
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De acuerdo con la periodista Pableysa Ostos, Muñoz Solano y Soto Súárez tenían registro policial por hurto y droga, respectivamente. En la masacre además resultó herido el minero Johnny López, de 25 años.
“Según lo relatado por los testigos a las autoridades unos 12 sujetos, armados y encapuchados llegaron al sector para desplazar a un sujeto apodado el Cristóbal, señalado de liderar la extracción de material aurífero en la mina Puerto Caribe”, refirió Ostos.
La periodista del estado Bolívar refirió que, fuentes ligadas a la investigación, refirieron que la banda del Cristóbal robaba a los pobladores y explotaba el oro. El caso lo investiga la Fiscalía 6ta del Ministerio Público.
Por su parte, el activista pemón Ricardo Delgado denunció, este domingo 24 de noviembre, que el indígena Edison Soto cumplió 48 horas sin que se haya producido traslado del cuerpo a Santa Elena. “Régimen juega a que se descompongan los cuerpos para eludir autopsias de ley y enterrarlos en Ikabaru”, aseveró.
Asimismo, el Centro Nacional de Comunicación informó que el Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos, Humberto Prado, envió información sobre la masacre de la comunidad Pemón, en Ikabaru, a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, así como al Secretario Ejecutivo Pablo Abrao de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Además Prado remitió el informe del caso a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, y a la Comisionada Antonia Urrejola Noguera Relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la CIDH.