Fuente: Álvaro Pulido/ Efecto Cocuyo
Las diferentes protestas que se han registrado en el país en las últimas semanas han incentivado al gobierno de Nicolás Maduro a activar de nuevo, de manera implícita, el Plan Zamora para reprimir las manifestaciones.
Este procedimiento, que compagina operaciones combinadas entre funcionarios de seguridad del Estado y civiles, fue creado con el argumento de garantizar el orden público ante posibles ataques internos y externos contra la nación.
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Marina Romero, directora del Centro para los Defensores y la Justicia, explicó a Efecto Cocuyo que el Plan Zamora solo ha tenido una función desde su creación en 2017: el control social.
“Este plan forma parte del sistema de represión para evitar que la gente siga saliendo a las calles. Forma parte de una política de gobierno, tal y como lo revela el informe de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU”, agregó la defensora de derechos humanos.
Según el informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, presentado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, desde 2017 el mandatario Nicolás Maduro activó el Plan Zamora como una respuesta militar a las protestas y contra diferentes “categorías de personas percibidas como enemigos”.
De acuerdo a Marta Valiñas, directora de la misión independiente, este tipo de conductas son sistemáticas y forman parte de una política de Estado, por lo que constituyen crímenes de lesa humanidad.
Las denuncias que comprometen al Estado en materia de derechos humanos coinciden con una oleada de protestas en varias regiones el país, principalmente, por las fallas en los servicios públicos y la escasez de combustible. Según información del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, el porcentaje de protestas en el país en septiembre ha aumentado en comparación con agosto.
Más represión ante falta de liderazgo
Cuando la situación lo amerita, aplicar planes como el Zamora son aceptados cuando se centran en procesos para defender a la nación. Sin embargo, según Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, el problema es que estos operativos funcionan sin mecanismos de control democrático.
“El concepto del pensamiento militar impuesto por el gobierno, del pueblo combatiente, genera confusión en los verdaderos objetivos militares. Es por eso que cualquier plan militar aplicado para el control ciudadano es preocupante”, dijo la experta en el área militar a Efecto Cocuyo.
San Miguel dijo que el problema de las acciones militares en Venezuela donde ocurren violaciones a los derechos humanos es por la falta de un liderazgo en las Fuerzas Armadas.
“El liderazgo interno es fundamental para poner fin a las atrocidades generadas por la Fuerza Armada en el control de manifestación públicas. Y esto no pasa solo por la cúspide en la pirámide militar, sino desde los destacamentos, las Redis, las Zodis y cualquier unidad, porque pequeña que sea. Es importante hacer los correctivos”, destacó.
Desde la publicación del informe de la Misión de Determinación sobre Venezuela presentado en la ONU, los países han solicitado que se respeten los derechos fundamentales en el país. No obstante, el gobierno de Nicolás Maduro ha criticado al escrito sobre el país presentado en el Consejo de DD. HH. al atribuir a estas violaciones como hechos aislados.
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