Michelle Bachelet presentó este jueves en Ginebra, un nuevo informe sobre las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, en el que documentó 38 presuntas ejecuciones de jóvenes entre mayo de 2019 y mayo de 2020 a manos de las FAES y otras ramas de la dictadura chavista.
Entre enero y mayo de 2020, habrían muerto violentamente 1.324 personas en el marco de operaciones de seguridad del Estado en Venezuela
Las cifras del Informe de la Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos son dramáticas. En el párrafo 35 del informe se señala:
Tomando como base un análisis de información de fuentes abiertas realizado por el ACNUDH, entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2020, habrían muerto violentamente 1.324 personas, entre ellas nueve mujeres, en el marco de operaciones de seguridad. Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) fueron presuntamente responsables de 432 muertes, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de 366 muertes, la Guardia Nacional Bolivariana de 136 muertes y las fuerzas de policía del Estado Zulia de 124 muertes. Las cifras más altas de casos se registraron en Zulia (323), Aragua (148), Bolívar (140), y Lara (121). En el contexto de estas operaciones de seguridad habrían muerto cinco miembros de las fuerzas de seguridad y 16 habrían resultado heridos. (Negrilla nuestra)
De conformidad con la resolución 42/4 del Consejo de Derechos Humanos, este informe presenta un panorama general de la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela entre junio de 2019 y mayo de 2020, en el que se incluyen los resultados de la investigación de las denuncias de violaciones de los derechos humanos a la vida, la libertad y la integridad de las persona
La DGCIM ha establecido como patrón, la desaparición forzada de personas durante plazos breves después de su detención
En el informe, párrafos 46 y 66, la Alta Comisionado, señaló lo siguiente:
Con base en los casos documentados por el ACNUDH, casi todas las personas detenidas por la DGCIM fueron sometidas a desaparición forzada durante un breve plazo posterior a su detención y antes de ser llevadas ante el juez. Las autoridades no confirmaban el paradero de las personas a los familiares ni a los abogados durante períodos que solían oscilar entre los siete y los 40 días, lo que suscitó preocupación por el incremento del riesgo de tortura y malos tratos. (Negrilla nuestra)
(…)
El ACNUDH documentó que, durante el período inicial de detención en la DGCIM de Boleíta y los 45 días que duraba la investigación preliminar, algunas personas detenidas permanecían totalmente aisladas durante largos períodos de tiempo en pequeñas celdas sin ventilación, a oscuras y esposados la mayor parte del tiempo.
La respuesta del Estado a intentos de insurrección no puede ser castigada con tortura, desaparición forzada o malos tratos y debe garantizarse un juicio justo
En el informe, párrafo 83 4 la Alta Comisionado, señaló lo siguiente:
El ACNUDH observó un patrón de detenciones ilegales, detenciones arbitrarias y violaciones de las garantías procesales de las personas que presuntamente habían participado en acciones de desestabilización del Gobierno. Casi todas las personas detenidas por la DGCIM fueron objeto de desaparición forzada durante breves períodos de tiempo después de su detención y antes de ser conducidas ante el juez. El ACNUDH condena los varios intentos reportados de insurrección armada contra el Gobierno y reconoce su derecho a impedir esos actos, de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos, y a procesar con justicia a los implicados. Sin embargo, según la legislación internacional, la prohibición de la tortura, los malos tratos y la privación arbitraria de libertad es absoluta, y debe garantizarse el derecho a un juicio justo, incluso en estados de emergencia o en cuestiones de seguridad nacional.(Negrilla nuestra).
La Alta Representante de las Naciones Unidas para los derechos Humanos, sin embrago, ” (…) acoge con agrado el aumento de la cooperación con las autoridades para promover el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos humanos gracias a su presencia en el país”.
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