Fuente: Tal Cual
La Coalición por los Derechos Humanos destacó que más de 100 torturas han sido denunciadas directamente en tribunales y otras 40 fueron llevadas a Fiscalía, Defensoría y Comisión Nacional Contra la Tortura, sin que exista una respuesta institucional o quede constancia en las actas de los juicios
La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia presentó este martes 15 de febrero su informe sobre torturas en Venezuela, donde se destaca que las principales instituciones donde se comete este tipo de delitos contra presos políticos son la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Crédito: Tal Cual
“En Venezuela desde 2017 se ha institucionalizado la tortura con la complicidad de las instituciones (…) La mayoría de las víctimas llegan sangrando a tribunales y no hay ningún tipo de acción, por eso hablamos de complicidad de los poderes públicos, de jueces y fiscales”, señaló la abogada Ana Leonor Acosta, directora de la Coalición.
En #Venezuela se "institucionalizó la tortura", señaló nuestra Directora @AnaLeonorAcosta pic.twitter.com/NweuyKV6Sm
— Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia (@Coalicion_ddhh) February 15, 2022
Para el informe se recibieron más de 50 denuncias documentadas y se incluyeron los testimonios directos de 20 presos políticos. A través de ellos pudieron identificar varios patrones que cometen los organismos de seguridad respecto a las torturas, entre ellos, que la mayoría vienen precedidas de una desaparición forzada de la víctima, no son llevados a tribunales en las 48 horas que establece la ley y en este periodo son torturados.
80% de las torturas se cometen contra hombres, y se realizan torturas físicas y psicológicas sin distingo. Luego de las detenciones y presentaciones en tribunales, además se configura la denegación de atención médica para las lesiones ocasionadas por estas prácticas, lo que deviene en una nueva forma de trato cruel, inhumano y degradante.
La presentación en tribunales tampoco garantiza una sanción, según las investigaciones de la Coalición por los DDHH. “Una de las víctimas dijo «me salvé, me salvé» al momento de ser presentada ante el juez, pero tampoco se tomó en cuenta su testimonio”, dijo la abogada Acosta.
En particular, la ONG identificó que se siguen utilizando los golpes, falta de atención médica, torturas en tensión (posturas incómodas), colgamientos o suspensión, electricidad, desnudez, abuso sexual, cortes en la piel, patadas como formas de tortura física.
Además, existe un patrón de torturas psicológicas durante la detención que incluyen el aislamiento, amenazas de ejecución, amenazas de abuso sexual, persecución y encarcelamiento contra los familiares, negación de agua y alimentación.
Todas ellas han ocasionado lesiones en los presos políticos como fisuras o fracturas en costillas, hematomas; pérdidas de la vista y audición; desorientación espacial y temporal; “y en graves ocasiones, como el caso del capitán Acosta Arévalo, la muerte”.
“Las torturas ni son investigadas ni son atendidas”, sentenció Acosta, mientras que el abogado Alonso Medina Roa indicó que muchas de las torturas no son reflejadas en informes médicos o evaluaciones forenses.
“Nos preocupa la cantidad de profesionales de medicina que han suscrito informes médicos de personas torturadas (…) En el caso de la Dgcim, muchos de los torturados antes de ser llevados a tribunales son llevados a centros médicos o servicios forenses”, destacó.
Torturas contra las mujeres
La abogada Ana Leonor Acosta también mostró su preocupación por el aumento de torturas y la violencia de género como una forma de este delito. La Coalición registra 19 presas políticas actualmente en el país, la mayoría por ser familiares o pareja de personas investigadas.
“Hay un caso de una de ellas que está detenida por ser hermana de un perseguido por la Dgcim y sus hijos prácticamente se encuentran en situación de abandono. A otra se la llevaron detenida con su hija de dos meses”, destacó la abogada.
Las mujeres presas por motivos políticos son sometidas a violencia y abuso sexual o amenazas de este. También sufren golpes, aislamientos, denegación de atención médica y alimentación.
La abogada María Alejandra Poleo destacó que hay responsabilidad detrás de todas estas denuncias. “Tanto la situación de salud de los privados de libertad en recintos comunes como el Sebin o Dgcim se practican este tipo de torturas donde se niega sistemáticamente el derecho a la salud”.
Además de la negación de asistencia médica, se les niega información a los familiares sobre el estado de salud de los detenidos, lo que en muchos casos impide pedir opiniones especializadas o presionar por traslados a hospitales. “En muchos de los recintos de reclusión que conocemos no hay médicos o personal de salud dispuesto para los detenidos”, mencionó Poleo.
Por ello hicieron un llamado a todas las instituciones encargadas para prevenir y detener la tortura, al tiempo que se garanticen los derechos de las personas privadas de libertad.
Sin sanción, sin investigación
La Coalición por los Derechos Humanos destacó que más de 100 torturas han sido denunciadas directamente en tribunales y otras 40 fueron llevadas a Fiscalía, Defensoría y Comisión Nacional Contra la Tortura, sin que exista una respuesta institucional o quede constancia en las actas de los juicios.
En el caso del teniente Richard Alemán, quien reconoció a sus torturadores durante una de las audiencias de juicio, a pesar que la jueza Hennit Carolina López ordenó enviar una copia certificada de su declaración al Ministerio Público, no se ha llamado a sus abogados defensores para la investigación.
Incluso la ONG constató que la Comisión Nacional Contra la Tortura, pese a los anuncios de la administración de Nicolás Maduro en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, no está funcionando pese a que está constituida.
“No está funcionando, no tiene funcionarios (…) Nada se hace con constituir una Comisión si no está funcionando. Incluso los funcionarios de la Defensoría del Pueblo desconocían está Comisión y cómo está funcionando. Nos invitaron a acudir otro día para poder recibirnos las denuncias”, relató Acosta.
La Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes establece que cualquier funcionario que “tengan conocimiento que se ha producido uno de los delitos previstos en esta ley, deberá notificar a la Defensoría del Pueblo, en un lapso no mayor a 48 horas”.
Los funcionarios que incumplan este mandato pueden ser sancionados con multas entre las 50 y 250 unidades tributarias, trabajo comunitario o la destitución del cargo (art. 24).
Incluso, el artículo 19 de la Ley dicta que cualquier funcionario público que colabore de cualquier forma o encubra los delitos de tortura o tratos crueles puede ser sancionado con penas similares entre los 13 y 25 años de prisión.
“Recordemos que la tortura es un delito sancionado por la Corte Penal Internacional, cuya Fiscalía actualmente tiene una investigación sobre Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad”, dijo la abogada.
La ONG destacó que este informe será entregado a organismos internacionales como la Misión Internacional de Determinación de los Hechos, la CPI y la Oficina de la Alta Comisionada para DDHH de la ONU.