Fuente: Efecto Cocuyo
Doble homicidio. Un tribunal en Barinas acordó privativa de libertad contra 14 personas involucradas en el doble homicidio, de Leirry Bauter, funcionario activo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Aragua, y su pareja, Alba Tiapia, crimen que se dio a conocer el pasado 22 de noviembre.
Crédito Efecto Cocuyo
Extraoficialmente fuentes policiales informaron que hay 10 detenidos de los 14 implicados en el caso. De estos involucrados, siete son funcionarios de cuerpos de seguridad (Cicpc y Sebin) del estado Barinas, todos apresados:
Carlos Méndez Mora, detective agregado; Damián Silva González, detective; Nelson Borges González, detective agregado; Javier Vergara Garcés, detective agregado; y Ramón Ramos Tovar, oficial jefe; Héctor Silva, jefe de la delegación de Barinas del Cicpc y Edgar Gómez, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en el estado llanero.
Los otros siete involucrados son civiles: Víctor Gómez, Iván Valderrama, Néstor Montiel, Rubén Taborda, Anderson Zerpa, José Paredes y Leovardo Pulgar.
Adicionalmente, por el homicidio de Bauter y Tapia, hubo tres muertos entre los sospechosos, en un supuesto enfrentamiento con funcionarios policiales: Jaider Albornoz Peña, Omar Bedoya Escobar y Víctor Ramírez González, quienes murieron a manos de efectivos del Cicpc Aragua el pasado jueves, 22 de noviembre, en Barinas.
Los delitos por los que se acusan a los 10 privados de libertad son: doble homicidio calificado, asociación para delinquir y robo de vehículo. Del caso también se recuperaron cuatro vehículos: dos camionetas, un carro y una moto. Además de nueve armas de fuego, entre ellas un fusil.
“En este momento se va a intervenir la delegación estadal Barinas. Por mala praxis policial, todo aquel que se encuentre involucrado en este caso, quedará a la orden del Ministerio Público“, dijo Rico.
El crimen
La última vez que las víctimas, Bauter y Tiapia, fueron vistas en público, fue en las instalaciones de la subdelegación del Cicpc en Maracay, en la urbanización Caña de Azúcar, municipio Mario Briceño Iragorry, el miércoles 14 de noviembre, a las 2:30 pm.
Luego del asesinato, los cuerpos fueron desmembrados. Los restos se encontraron en el sector Masparro, en la carretera principal que conduce a la finca La Lucha, a orillas del río Masparro, en el estado Barinas, el miércoles 21 de noviembre. Sin embargo, se conoció la información hasta el jueves.
Corrupción y venta de armas
Venta ilícita. Según se conoció, Bauter presuntamente, iba a vender unos fusiles, por lo cual fue interceptado por los atacantes, asaltado, desaparecido y en el proceso asesinado. La venta irregular de armamento ha sido uno de los principales hechos de corrupción dentro de los cuerpos de seguridad.
Según el abogado penalista-criminólogo, Luis Izquiel, este tipo sucesos ocurren por el estado de “descomposición en los que se encuentran los cuerpos de seguridad” en el país, que lejos de ofrecer protección a la ciudadanía, generan desconfianza.
Izquiel indicó que los fusiles tienen alta demanda en el mercado negro, y los funcionarios de seguridad tienen fácil acceso a estos, a pesar de ser de uso exclusivo para los efectivos de laFuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb).
“Las mega bandas afianzan su poder a través de la obtención de armas de guerra, que utilizan para cometer ciertos delitos. Los carros blindados son inmunes a muchas armas, pero no a un fusil. Eso te facilita el secuestro cuando la víctima va en un carro blindado y facilita los enfrentamientos contra fuerzas policiales”, explicó el también asesor de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN).
Indicó que el origen de esta venta irregular recae en la débil seguridad en las zonas fronterizas o en la falta de control del armamento en los cuarteles. “La culpa está o en las fronteras o cuarteles. No hay otro responsable”.
Señaló que las autoridades de la Fanb deberían asegurar un mayor resguardo de las armas y además, depurar las nóminas. “Deben sacar a los funcionarios que estén involucrados en hechos de corrupción. Son los que terminan vendiendo las armas”, destacó.
Ya otros funcionarios habían resultado fallecidos en un contexto similar. En febrero de este año Jefferson Bolívar, adscrito a la División Contra Extorsión y Secuestro del Cicpc, resultó muerto también por una presunta venta de un fusil, en Caricuao, municipio Libertador de Caracas.
Este lunes 26 de noviembre, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, en rueda de prensa señaló que han puesto a la orden del Ministerio Público a 1.515 funcionarios públicos. De esta cifra, 300 pertenecían al Cicpc.