Fuente: El Universal
Como un sistema de represión caracterizó Marco Antonio Ponce, coordinador del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), la violación reiterada de derechos humanos por parte del Estado venezolano durante las manifestaciones pacíficas.
Crédito El Universal
En las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se realizan esta semana en Montevideo, Uruguay, Ponce insistió en que el “sistema de represión” busca caracterizar a una parte de la población como “enemiga interna y agentes desestabilizadores”, reseñó nota de prensa.
“Al menos 10 componentes tiene este sistema de represión que el gobierno venezolano mantiene desde 2014. Su actualización en 2017 con el Plan Zamora 200 no solo incorpora a paramilitares, sino que también le asigna tareas a militantes del partido del Gobierno de represión y delación”, explicó Ponce.
El Coordinador del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social también manifestó su preocupación por la “incitación al odio” que hace uso del sistema de medios públicos y las redes sociales. Explicó que la incitación también forma parte de los componentes porque “prefigura y predispone la acción represiva en un marco ideológico contra un sector de la población”.
En los últimos cinco años, el OVCS ha registrado al menos 38.947 protestas, de las cuales más del 90% han sido con características pacíficas. En el mismo periodo, el 70% de las protestas ha sido para exigir derecho a la alimentación, salud, trabajo, vivienda, agua potable, servicios básicos, entre otros.
Los 10 componentes del sistema de represión del Estado venezolano, según el organismo, son: “Ataques conjuntos de Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y civiles armados pro gobierno; en la mayoría de las protestas donde actuaron los colectivos armados se registraron manifestantes asesinados o heridos de bala; uso sistemático de sustancias tóxicas y armas de fuego; práctica de tratos crueles, inhumanos o degradantes a manifestantes; práctica de torturas; detenciones arbitrarias; detenciones y agresiones en zonas residenciales en horas de la noche; allanamientos sin orden judicial; agresión a periodistas; procesamiento de civiles en tribunales militares.