Fuente: Venepress
La Corte Penal Internacional (CPI) informó que seguirá evaluando los delitos de lesa humanidad en Venezuela y espera que para el año 2020 concluya dicho estudio.
Crédito Venepress
En su reporte preliminar de 2019 anunció que el caso del país suramericano lo vienen desarrollando desde el 8 de febrero de 2018, tras una revisión cuidadosa, independiente e imparcial de un número de comunicaciones e informes que documentan los hechos dentro de la jurisdicción de la organización desde al menos abril de 2017.
Cabe destacar que, para redactar este análisis tomaron de referencia la investigación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la posible comisión de crímenes.
Debido a esto, en octubre de 2018 el presidente del CPI asignó la situación de Venezuela a la Sala de Cuestiones Preliminares.
En el reporte del tribunal de justicia internacional, se nombraron los antecedentes de dicha averiguación, comenzando con el año 2014 hasta el 2019.
2014
Las protestas fueron protagonizadas por los estudiantes universitarios debido a los altos niveles de inseguridad, el descontento popular, la alta inflación, la escasez de alimentos básicos y un espiral de criminalidad.
Para este entonces, “las fuerzas de seguridad fueron las causantes de las docenas de muertes y de las detenciones de líderes de la oposición por presunto apoyo a la violencia”.
2015
Manifestaciones principalmente pacíficas pero mientras corrían los meses, se registraron violaciones de derechos humanos como los arrestos y enjuiciamiento de los líderes de la oposición.
En diciembre de este año, la oposición ganó dos tercios de los escaños en el Parlamento, obteniendo así los votos necesarios para enmendar la Constitución, destituir a los magistrados de la Corte Suprema y nombrar funcionarios claves, incluido al Fiscal General.
2016
Se llevó a cabo un referéndum revocatorio contra el Ejecutivo, Nicolás Maduro, arrojando oleadas de movilizaciones antigubernamentales en todo el país.
Paralelamente, miles de progubernamentales, alzaron la voz contra Estados Unidos (EE.UU) por “declarar” a Venezuela como “una amenaza de seguridad nacional”; además de imponer sanciones contra burócratas estatales sobre presuntos abusos contra los derechos humanos.
2017
Este año se registró una escalada de violencia, por lo que la Corte Suprema emitió dos fallos asumiendo los poderes de la Asamblea Nacional (AN) y limitando impunidad parlamentaria. Esto fue mejor conocido como un “Golpe de Estado” por parte de la oposición.
Por consiguiente, en abril de 2017, el gobierno venezolano activó un plan de emergencia, conocido como ‘Plan Zamora’, el cual en su segunda fase, el 17 de mayo, hizo que dos mil miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y 600 tropas militares fueran desplegadas para controlar las manifestaciones públicas.
Dentro de este orden de ideas, el 1 de mayo, el Ejecutivo anunció planes para reemplazar a la AN por una Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Así que el 30 de julio, se realizaron las elecciones para su surgimiento.
Dichos comicios fueron calificados como fraudulentos según la oposición y observadores que condenaron el establecimiento de la ANC.
2018
El 20 de mayo se celebraron elecciones presidenciales, haciendo que Maduro fuera “reelegido” en medio de acusaciones de fraude e irregularidades generalizadas .
Ante esto, el Grupo de Lima, un organismo compuesto por 14 estados latinoamericanos y Canadá, que se creó en 2017 para abordar la crisis política en Venezuela, decidió no reconocer la legitimidad del proceso electoral alegando que no logró cumplir con los “estándares internacionales para un proceso democrático, libre, justo y transparente “.
Otras naciones y las organizaciones internacionales también condenaron la elección del presidente Maduro e impusieron sanciones contra altos funcionarios venezolanos.
2019
Se realizaron manifestaciones convocadas pro el presidente de la AN, Juan Guaidó, quien luego el 23 de enero se proclamó como Presidente Interino de Venezuela, invocando la Constitución pidió el establecimiento de un gobierno de transición y la celebración de comicios presidenciales.
Hasta ahora, más de 60 países lo han reconocido mientras que otros 50 estados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), continuan reconociendo a Maduro.
Entre los delitos que encontró la Corte Penal Internacional se nombran:
- Privación de libertad: van más de 15 mil arrestos desde 2014, tomando en cuenta algunos han sido liberados de manera incondicional y otros condicionalmente. Entre este punto también destacan a la desaparición forzada.
- Maltrato y tortura: la cantidad varía considerablemente dependiendo de las torturas u otras formas de malos tratos en detención desde 2017. La presunta conducta supuestamente se usó para castigar o forzar confesiones y / o incriminación de otros.
- Delitos sexuales y de género: a pesar de la ausencia de estimaciones generales de la escala de este supuesto conducta, múltiples ejemplos de violencia sexual contra hombres y mujeres en el contexto de detención ha sido documentado por varias fuentes.
- Presuntos actos de persecución: las autoridades implementaron medidas destinadas a suprimir y castigar la expresión de puntos de vista disidentes y víctimas específicas en razón de su actual o percibida oposición política al gobierno.
Por último, el CPI procederá a una evaluación de admisibilidad y continuará registrando denuncias de delitos en la medida en que puedan caer dentro de la jurisdicción de la Corte.