Fuente: Correo del Caroní
Lupa por la Vida, un proyecto de la ONG Provea y Centro Gumilla, reitera la denuncia sobre una alta letalidad de organismos policiales y militares persiste en el país, bajo un contexto de impunidad estructural.
Crédito: Correo del Caroní
El monitoreo del proyecto Lupa por la Vida, que llevan a cabo el Centro Gumilla y Provea, contabilizó de julio a septiembre de este año 372 presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por los cuerpos de seguridad del Estado, las cuales pueden constituir crímenes de lesa humanidad.
Destacan que estas muertes cinco fueron mujeres, una cifra alta considerando las tendencias generales en el país en cuanto al asesinato de mujeres en operativos de seguridad.
El Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) es el cuerpo armado del Estado identificado con el mayor número de presuntas ejecuciones extrajudiciales con 114, según los datos.
Lupa por la Vida resalta que en informes anteriores observó que “el Estado persistía en su patrón letal, pero maquillaba el mismo sustituyendo a las FAES por el Cicpc, esta tendencia se mantiene este trimestre”.
Asimismo, destacan la participación de componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, presuntamente responsables de 40 casos, “lo cual es el resultado de los procesos de militarización de las labores de seguridad ciudadana”, explican.
“Creemos importante observar está tendencia porque de profundizarse estaríamos en presencia de una reconfiguración del modelo represivo”, agregan en su informe.
En los últimos 9 meses, el monitoreo registró 1.197 ejecuciones extrajudiciales a manos de funcionarios policiales y militares en casi todo el territorio nacional.
En este trimestre, el mes de julio mostró la mayor cantidad de víctimas con 137. Añaden que en la primera quincena de este mes se efectuaron diversos operativos policiales en las zonas de la Cota 905 y El Paraíso de Caracas.
De acuerdo a las cifras de Lupa por la Vida, en agosto hubo una leve baja con 120, cerrando el mes de septiembre con 115 ejecuciones extrajudiciales.
En este sentido, durante este lapso se registraron 16 muertes más en comparación con el lapso de abril a junio, cuando se monitorearon 356.
En la data certificada por la organización se constata que fueron identificadas 242 de las víctimas. Otras 130 quedaron sin ser reconocidas al momento de recoger los datos.
“Pese a que se ha evidenciado un considerable descenso de estas estadísticas en relación al balance presentado en el año 2020, persiste la alta letalidad. Una actuación arbitraria por parte de los organismos de seguridad, amparada bajo el pretexto de la aplicación de dispositivos policiales y militares con el fin de controlar el accionar de bandas delincuenciales”, condenan.
Por otro lado, denuncian que la impunidad sigue arropando la falta de aplicación de justicia en los órganos jurisdiccionales que no investigan estos hechos ni determinan responsabilidades a los funcionarios actuantes ni sus cadenas de mando, pese a las constantes denuncias de los familiares de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales.
“Pese a que se ha evidenciado un considerable descenso de estas estadísticas en relación al balance presentado en el año 2020, persiste la alta letalidad. Una actuación arbitraria por parte de los organismos de seguridad, amparada bajo el pretexto de la aplicación de dispositivos policiales y militares con el fin de controlar el accionar de bandas delincuenciales”.
Poder de letalidad de los organismos de seguridad
En el lapso estudiado por Lupa por la Vida, el Cicpc registró el mayor poder de letalidad con 114 presuntas ejecuciones extrajudiciales. Este organismo con competencia nacional, que había sido desplazado por la PNB como el más letal, retomó el liderato en las violaciones del derecho a la vida que por muchos años encabezó.
Le siguen las policías estadales con 92 muertes, destacando a la policía del estado Carabobo con 44 casos, seguida de la regional de Aragua con 11 muertes.
La Policía Nacional Bolivariana realizó 49 de estas actuaciones, de las cuales 21 le pertenecen a la propia PNB; 26 a las FAES y 2 a la nueva Dirección Contra la Delincuencia Organizada, DCDO.
A las FANB se le adjudican 40 muertes, diseminada en 34 para la GNB y 6 para el Ejército bolivariano.
Las policías municipales cierran este capítulo con 18 registros.
Una de las estadísticas más altas en este renglón la presentan los operativos en donde actúan en conjunto la PNB, las FAES, Cicpc, FANB y Dgcim, con 34 ejecuciones.
Crédito Lupa por la vida
Estados con más casos
De acuerdo con Lupa por la Vida, en los estados donde se registraron más casos durante este trimestre despuntan entidades de la región central: Carabobo con 59 casos; Distrito Capital con 52; Aragua con 48; y Miranda con 45.
Luego aparecen los estados Lara, Anzoátegui y Zulia, con 34, 31 y 24 registros, respectivamente. Asimismo, destacan los repuntes de muertes en los estados Bolívar (23) y Monagas (16) durante este periodo.
Edades y días de mayores actuaciones de los cuerpos de seguridad
Otros datos que resalta el informe de Lupa por la Vida son que, entre las 242 víctimas identificadas, 121 son de edades entre 18 y 30 años; 51 entre 31 y 50 años. Igualmente hay 3 menores de 18 años y el asesinato de 5 mujeres durante este período.
“Ante esta realidad, en Lupa por La Vida seguimos insistiendo que el derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla establece el artículo 43 de la Constitución”, manifiestan.
Sostienen que estos nuevos datos confirman algunas constantes. Una de ellas, que la violencia institucional policial y militar en Venezuela sigue arrojando como saldo el asesinato de miles de personas hasta la fecha. La mayoría de las víctimas son jóvenes de zonas pobres.
“Lo que define un patrón de discriminación y criminalización del habitante joven de nuestros barrios. La impunidad ante las violaciones del derecho a la vida favorece la alta letalidad con la cual actúan”, denuncian.
La organización sostiene que es necesario una política integral frente al delito que implique medidas de carácter preventivo que ofrezca oportunidades para los jóvenes, uso progresivo y diferenciado de la fuerza, desmilitarización de las labores de seguridad ciudadana, respeto a los derechos humanos e investigación y sanción a los funcionarios responsables de actos contrarios a la ley y la Constitución.
Por último, recuerdan que la falta de actuación de la estructura de justicia en el país para identificar autores materiales y cadenas de mando de miles de presuntas ejecuciones, continúa reafirmando el importante papel que juegan la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas para Venezuela y el trabajo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. “La omisión de la institucionalidad nacional para avanzar hacia la garantía de justicia, fortalece las acciones de las instancias internacionales, que van quedando como la única esperanza de los familiares de las víctimas”, añaden. (Con información de Lupa por la Vida)
¿Qué es Lupa por la vida?
Lupa por la Vida es un proyecto de derechos humanos que monitorea a nivel nacional las violaciones al derecho a la vida, focalizada en las ejecuciones extrajudiciales por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Los hallazgos de este monitoreo tienen como objetivo la construcción de una base de datos que sirva de memoria y apoyo a las víctimas para la exigencia de verdad, justicia y reparación y la construcción de políticas públicas para la no repetición y el restablecimiento del Estado de derecho.
Visión
• Respeto a las víctimas y sus anhelos de justicia.
• Responsabilidad en el manejo y resguardo de la información
• Solidaridad con las víctimas.
• Compromiso en la búsqueda de la verdad, justicia y no repetición.
• Relevancia de la memoria de las víctimas.