Con retraso, jueza de la Operación Gedeón remite al MP denuncias de torturas a militares

Fuente: Tal Cual 

Durante la audiencia del 11 de noviembre, el primer teniente (r) Richard Alemán —supuesto involucrado en la Operación Gedeón— denunció que ha sido víctima de torturas como golpizas, descargas eléctricas, asfixia, ahogamientos y abuso sexual con un objeto por parte de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim)

r a la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio Público las denuncias de torturas hechas hace una semana por los militares Richard Alemán y Ángelo Rosales.

La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia confirmó la decisión a través de su cuenta en Twitter. Además, la ONG señaló que la orden fue emitida durante la audiencia que se realizó el pasado martes 16 de noviembre.

«Es la primera vez que una juez hace una pronunciamiento como este por la presunción de torturas contra ciudadanos imputados», destacó la Coalición.

Durante la audiencia del 11 de noviembre, el primer teniente (r) Richard Alemán denunció que fue víctima de torturas, que incluyeron golpizas, descargas eléctricas, asfixia, ahogamientos y abuso sexual con un objeto por parte de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Alemán también denunció que dos de sus hermanos y otros familiares fueron encarcelados con el objetivo de que se declarase culpable por cargos relacionados al terrorismo, traición a la patria y tráfico de armas.

Otros detenidos por estar presuntamente involucrados en la Operación Gedeón, como Josnars Adolfo Baduel, también han denunciado ser víctimas de golpizas, descargas eléctricas y ahogamientos mientras están bajo custodia de la Dgcim.

La Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes establece que cualquier funcionario que “tengan conocimiento que se ha producido uno de los delitos previstos en esta ley, deberá notificar a la Defensoría del Pueblo, en un lapso no mayor a 48 horas”. 

Los funcionarios que incumplan esto pueden ser sancionados con multas entre las 50 y 250 unidades tributarias, trabajo comunitario o la destitución del cargo (art. 24).

Incluso, el artículo 19 de la Ley dicta que cualquier funcionario público que colabore de cualquier forma o encubra los delitos de tortura o tratos crueles puede ser sancionado con penas similares entre los 13 y 25 años de prisión.

Las torturas y tratos crueles, incluido el abuso y violencia sexual contra civiles y militares detenidos por razones políticas ha sido documentada en diversos informes de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, la OEA y la Misión de Determinación de Hechos, quienes han coincidido que se tratan de prácticas recurrentes, especialmente cometidos por organismos de inteligencia y contrainteligencia en Venezuela.

Así también se detalla en el especial La república que tortura, hecho por TalCual, donde se evidencia que estos delitos, al igual que los tratos crueles, inhumanos y degradantes son poco investigados y sancionados por el Estado venezolano.