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Comunicado: Control Ciudadano deplora el silencio del comandante del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), Almirante en Jefe Remigio Ceballos Ichaso, en su valoración de los sucesos ocurridos en el Estado Táchira, el pasado sábado 23 de febrero de 2019, donde grupos parapoliciales y paramilitares  (colectivos armados) actuaron en contra de la población civil, sin ser repelidos y capturados por la Fuerza Armada Nacional.

https://www.youtube.com/watch?v=mQveZzLYqzM&feature=youtu.be

Preocupa a Control Ciudadano, que el monopolio de las armas en Venezuela, no se encuentre como establece el artículo 324 de nuestra Constitución, bajo el control de la FANB y por el contrario, se esté alentando discursivamente a los ciudadanos a tomar las armas en la defensa de la llamada revolución bolivariana.

Dos artículos (el 324 y 328) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, son claves para entender que la defensa militar de la Nación, esta atribuida constitucionalmente y en exclusividad a la Fuerza Armada Nacional como cuerpo profesional; y que la Fuerza Armada Nacional es la única institución a la que la Constitución atribuye el monopolio y control de las armas en Venezuela.

“Alarma el patrón de la información que suministran los efectivos militares venezolanos que están cruzando la frontera, denunciando las órdenes que están impartiendo en la Fuerza Armada Nacional de Venezuela, por mandos militares, de asesinar al pueblo y utilizar colectivos armados”, señala Rocío San Miguel, Presidente de Control Ciudadano, “según ha quedado de manifiesto en decenas de videos públicos, donde queda el registro de esta información”, agrega.

https://youtu.be/Png1YJXdYyk

Control Ciudadano, hace un llamado a los órganos regionales y universales de protección de derechos humanos, a realizar un seguimiento a esta situación, exigiendo a las autoridades militares de Venezuela impidan la actuación de colectivos armados en contra de la población civil, ya que alentar estas conductas y permitirlas, por parte de la Fuerza Armada Nacional, representan graves violaciones a los Derechos Humanos tipificadas como delitos de Lesa Humanidad.

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