Fuente: Efecto Cocuyo
El jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), Domingo Hernández Lárez, anunció el despliegue de más 500 soldados en el Alto Orinoco, en el estado Amazonas al sur de Venezuela.
Crédito: Efecto Cocuyo
“Más de 500 efectivos de la Fanb se desplazan hacia el Alto Orinoco a luchar por la integridad territorial y la soberanía nacional, contra los grupos delincuenciales depredadores del ambiente. La protección ambiental es tarea de todos, es un deber y un derecho constitucional”, posteó el militar en su cuenta de la red social X, antes Twitter.
Desde junio, el gobierno de Nicolás Maduro inició operaciones para el desalojo de personas que practican la minería ilegal en el Amazonas, pero sólo ofrecen cifras de desalojos sin detallar en qué consisten estas acciones.
Qué piden las ONG
Organizaciones defensoras del ambiente y los pueblos indígenas piden un plan integral para reforestar las amplias áreas que se han visto impactadas por la extracción ilegal de minerales en parques nacionales.
“Desde el Observatorio de Ambiente instamos al Estado venezolano a crear medidas que frenen el impacto ambiental que se vive en el sur de Venezuela”, solicitó la iniciativa, que pertenece a la ONG Fundaredes, en un video publicado en su cuenta en X, el mes pasado.
Luis Betancourt Montenegro, director general del Grupo de Investigaciones sobre la Amazonía (Griam) en Venezuela, dijo a Efecto Cocuyo a finales de julio que la llamada “Operación Autana” no sólo debe actuar en el parque nacional Yapacana, en el estado Amazonas, sino en el resto de la amazonía venezolana.
Explicó que hace 30 años la minería ilegal estaba concentrada en los municipios Alto Orinoco y Atabapo, pero la actividad se extendió a los siete municipios de Amazonas “debido al poco interés que el Estado venezolano, y gobiernos de todas las tendencias políticas, han demostrado por la región”.
Mientras que Luis Salas, director ejecutivo de Wataniba, grupo de trabajo socioambiental de la Amazonía, dijo a este medio que las acciones no solo deben contemplar el desalojo de mineros, sino llevar asistencia médica, alimentaria y restitución de derecho a las comunidades indígenas.
Explicó que hace 30 años la minería ilegal estaba concentrada en los municipios Alto Orinoco y Atabapo, pero la actividad se extendió a los siete municipios de Amazonas “debido al poco interés que el Estado venezolano, y gobiernos de todas las tendencias políticas, han demostrado por la región”.
Mientras que Luis Salas, director ejecutivo de Wataniba, grupo de trabajo socioambiental de la Amazonía, dijo a este medio que las acciones no solo deben contemplar el desalojo de mineros, sino llevar asistencia médica, alimentaria y restitución de derecho a las comunidades indígenas.