Fuente: El Pitazo/Bianile Rivas
Juan García, coordinador de la organización no gubernamental Fundaredes, precisó que los recientes desplazamientos hacia Colombia se producen desde las poblaciones apureñas Puerto Páez, Cinaruco y Capanaparo y desde el caserío El Burro, estado Amazonas
Las organizaciones sociales y de derechos humanos del estado Apure mantienen el monitoreo en la frontera sur oeste de la entidad con la nación colombiana, luego de que la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) advirtiera el pasado 11 de enero sobre el desplazamiento forzado de comunidades indígenas por Puerto Carreño hacia el departamento de Vichada.
Crédito: La Voce/referencial
“Se han contabilizado más de 1.000 indígenas y campesinos en situación de movilidad forzada”, aseguró Juan García, coordinador de la organización no gubernamental Fundaredes, quien precisó que los recientes desplazamientos hacia Colombia se producen desde las poblaciones apureñas Puerto Páez, Cinaruco y Capanaparo, y desde el caserío El Burro, estado Amazonas.
“El abandono de hogares y tierras cultivadas estaría asociado al conflicto que por el control de las zonas ribereñas del Arauca mantienen los grupos paramilitares colombianos Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc)”, precisó García en entrevista con El Pitazo, este jueves, 20 de enero.
Juan García señaló que Fundaredes trabaja en el levantamiento de gráficas y testimonios para documentar el drama social del conflicto armado en la frontera de Apure con Colombia. Sobre esta situación, la Onic adelantó en su comunicado del 11 de enero pasado que “las comunidades que se asentaron en Puerto Carreño denuncian no contar con agua potable, alimentación, atención médica y albergues en condiciones dignas».
Según argumenta la Onic, la situación en el lugar supone una «grave» emergencia humanitaria, dadas las condiciones precarias e inhumanas en las que se encuentra esta población indígena, Igualmente señala que, al desplazamiento forzado de indígenas y campesinos, se suman las amenazas contra sus vidas en sus territorios, el riesgo inminente de reclutamiento forzado de niñas y niños, y la siembra de minas antipersona por parte de las disidencias de las Farc.
El activista de Fundaredes informó que, según balance de desplazados desde Apure, publicado por el alcalde del municipio colombiano Puerto Carreño, Jair Beltrán Hinojoza, al 15 de enero habían arribado a esa jurisdicción 989 ciudadanos, distribuidos en los sectores casco urbano: 124 familias (585 personas), Aceitico: 24 familias (164 personas), Murillo: 33 familias (127 personas) Venturosa: 22 familias (113 personas).