Por Rocío San Miguel
Donaciones del Ministerio Público con motivo de la emergencia en Las Tejerías, Estado Aragua
Tres aspectos deben corregirse en materia de gestión de riesgos y administración de desastres, a partir de las situaciones que se han presentado en Las Tejerias y El Castaño:
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Eliminar la prohibición de acceso y restricciones a la prensa.
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Rendir cuentas de la administración de recursos de emergencia provenientes de organismos públicos y de las donaciones de las agencias internacionales, gobiernos extranjeros y empresas privadas.
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Determinar responsabilidades y correctivos respecto de las obligaciones que impone la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos del 9 de enero de 2009, que se encuentra vigente.
En Venezuela lamentablemente no existe una Política Nacional de la Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos como obliga dicha ley (Art 7). Cada vez que ocurre un desastre natural queda en evidencia que:
- No se han adoptado medidas para evitar o disminuir los niveles de riesgo.
- Ni se han generado las capacidades para afrontar las emergencias y desastres.
En Venezuela, además, existe un Consejo Nacional de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos (Art. 10), que es el ente rector en la materia (Art. 10 y 12) y lo preside el presidente de la República (Art. 13).
El gobierno, en consecuencia, no puede seguir echándole la culpa a los colonizadores, la iguana o el imperio, para proteger a Maduro, en el incumplimiento de sus responsabilidades como jefe de gobierno y presidente del Consejo Nacional de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos. Un órgano consultivo que además tiene la obligación como mínimo, de reunirse bimestralmente como establece la Ley (Art. 11).
En cuanto a la participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en la gestión de desastres, deben destacarse varios aspectos:
La respuesta militar ante la tragedia de Las Tejerías y El Castaño, es el resultado de un Estado desmantelado en lo institucional, que solo encuentra en la FANB, el instrumento que le permite tapar la ausencia de políticas públicas en la gestión de sus obligaciones y responsabilidades legales.
LA FANB ha respondido con prontitud, utilizando su fortaleza natural de obediencia tras una orden y lo ha realizado con los medios de los que dispone, con disciplina y voluntad de trabajo.
Afortunadamente, no han existido denuncias de graves violaciones a DD. HH. en la gestión de estos desastres. Algo que debería darse por sentado, pero que en el caso venezolano debe destacarse y es positivo. Recordemos en el pasado, la gestión de administración de desastres en el deslave de Vargas y las graves violaciones a los derechos humanos que cometieron efectivos militares y de los cuerpos de seguridad del Estado.
Finalmente, apelar a la designación de dos autoridades militares, el G/D (Ej) César Augusto Febres Cabello y el G/D (GNB) Juan Sulbarán Quintero, para coordinar las operaciones en Las Tejerias y El Castaño, es el reconocimiento de la incapacidad del ministerio de interior, con competencias sobre la materia, a través de su viceministro para la Gestión de Riesgo y Protección Civil, el M/G (GNB) Carlos Pérez Ampueda.