Fuente: La Prensa de Lara
En los últimos siete años se han incrementado los casos de militares presos por razones políticas y que se han convertido en víctimas de torturas y de vejaciones por alzar su voz contra Nicolás Maduro, según lo refleja el informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela. Maduro contabiliza más funcionarios castrenses tras las rejas, que los que hubo durante la presidencia de Hugo Chávez.
Crédito La Prensa de Lara
Según la periodista de la fuente militar Sebastiana Barráez, en el país hay 132 militares presos que han participado en conspiraciones para derrocar a Maduro. A esta cifra se le suman 45 funcionarios aproximadamente, que aunque no han sido procesados por un Tribunal de Justicia Penal Militar, que pertenecen a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y son los de la denominada “Operación Gedeón”, la insurrección militar registrada en mayo en Macuto, La Guaira.
Las cifras sobre los militares encarcelados es más extensa de acuerdo a la ONG Justicia Venezolana, que contabiliza 260 militares presos políticos en total, 109 son del Ejército, 102 de la Guardia Nacional (GN), 24 de la Aviación y 25 de la Armada. Pero lo explicado por la abogado y presidente de la organización civil Control Ciudadano, Rocío San Miguel, refleja que cualquier lista de casos que extraoficialmente se manejen en Venezuela, es apenas la punta del iceberg del total de funcionarios encarcelados.
“No tenemos el alcance total de militares políticos presos, estimamos que los números que manejan las organizaciones se pueden multiplicar por tres, porque el Estado mantiene los casos en total opacidad”, puntualizó.
El grueso de estos militares está en la Cárcel Militar de Ramo Verde, también en los anexos militares de la Cárcel de Pica en Monagas y Santa Ana en Táchira. Los más destacados dentro de la FANB y además los que están en peores condiciones de sus DD.HH según ONG’s, se ubican en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Boleíta, el Sebin en El Helicoide y la cárcel de máxima seguridad de Fuerte Tiuna.
“El régimen se ha dedicado a poner presos a militares, civiles y policías, pero en el caso de los militares ha sido despiadado, porque los ven como una traición, una secta. Eso es contra cualquiera que actúe dentro de la Constitución y esté en desacuerdo con el chavismo”, expresó Iván Simonovis, comisionado especial de Seguridad e Inteligencia de la Presidencia Interina de Venezuela.
Máxima tortura
Según la abogada defensora de DD.HH Tamara Sujú, los militares y sus familiares son vigilados constantemente por la policía política de Maduro. “El Dgcim tiene la misión de espiar a la FANB y además van por la familia a los que también reprimen”, aseveró.
Detalló que las torturas que les aplican a militares para hacerlos confesar, son atroces. “Van desde colgamientos en vigas y en un polipasto (máquina compuesta por dos poleas y una cuerda). Cuando los cuelgan lo hacen con las manos delante o atrás, incluso boca abajo y les dan golpes con palos y bates. En esa posición les ponen electricidad en las partes íntimas. También los ahogan con bolsas plásticas llenas de gases tóxicos o en agua. Les ponen las cabeza hacía atrás y le echan agua continua en la nariz y boca para asfixiarlos”, denunció.
“Hay detenidos a los que les han sacado las uñas de las manos o pies con alicates, y después les ponen electricidad a carne viva. Hay quienes les han torcido las articulaciones del tobillo o los brazos hasta tratar de dislocárselos, como si estuvieras en una máquina de tortura en la época medieval. Hay víctimas que les han rajado las plantas de los pies con navajas para que no puedan caminar. Muchos militares registran costillas fracturadas que no han recibido atención médica a pesar de no soportar el dolor”, advirtió.
La directora de Justicia Venezolana, Liana Camejo, también informó que entre los delitos que se les imputan a estos militares está la traición a la patria, rebelión militar, sustracción de objetos pertenecientes a la FANB, y en casos como los de la Operación Gedeón, procesados en jurisdicción ordinaria, son terrorismo y conspiración con gobiernos extranjeros.