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Fuente: Tal Cual/ Luisa Quintero

La negación de alimentos a los detenidos es considerada como un trato cruel, inhumano o degradante en la legislación internacional. La Ley especial para prevenir y sancionar la Tortura establece penas entre los cinco y 15 años de prisión contra quienes incurran en estos actos

El expreso político y secretario general de Sintraferrominera, Rubén González, denunció que las autoridades del Centro de Procesados Militares Oriente, mejor conocida como la cárcel de La Pica, prohíben insumos a los presos políticos y «humillan» a sus familiares.

Crédito Tal Cual

A través de la red social Twitter, González responsabilizó de esta situación al director del penal, coronel Franklin Vázquez Delgado, y el subdirector Naudy Alvarado.

La denuncia del expreso político fue respaldada por Katherine Aguilar, esposa del teniente del Ejército Hugo Aparicio, quien dijo que a pesar de llevarles una cocina eléctrica y alimentos, debido a que no tienen gas desde hace un día, las autoridades del penal se niegan a recibir estos insumos o las visitas a los familiares.

«No hemos sabido nada de ellos durante el día de hoy. Le pedimos a las autoridades competentes que tomen acciones», solicitó Aguilar.

Mientras que Sandra Hernández, esposa del sargento Luis Bandres, señaló que los familiares están preocupados porque llevan las encomiendas y no las reciben, «sin importar que se dañe lo que con tanto sacrificio podemos llevar».

La negación de alimentos a los detenidos es considerada como un trato cruel, inhumano o degradante en la legislación internacional. La Ley especial para prevenir y sancionar la Tortura establece penas entre los cinco y 15 años de prisión contra quienes incurran en estos actos. También establece sanciones a aquellos funcionarios que incumplan la ley o no notifiquen de estos delitos.

El teniente Aparicio forma parte de los 132 militares detenidos por razones políticas. En su caso, fue apresado el 18 de junio de 2019, acusado junto a otros siete efectivos de estar involucrados en un supuesto alzamiento.

Aparicio y el resto de los militares fueron detenidos por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) dentro de la 32 Brigada Caribes, ubicada en Monagas. Según la minuta de la Región Estratégica de Defensa Integral Oriental (Redior), los uniformados supuestamente tenían como objetivo detener a autoridades civiles y militares de esa entidad, entre ellos la exgobernadora Yelitze Santaella.

Mientras que el sargento mayor de Tercera Luis Alexander Bandres estuvo involucrado en el alzamiento de un grupo de funcionarios de la Guardia Nacional en Cotiza (Caracas) el 21 de enero de 2019. Sus familiares han denunciado que fue torturado en múltiples oportunidades para que aceptara una supuesta vinculación con varios líderes políticos, entre ellos Juan Guaidó.

 

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