Por Rocío San Miguel
En su discurso de investidura como nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro indicó un ambicioso programa de objetivos de su gobierno, en un acto marcado por la visibilización de símbolos vinculados a su trayectoria política y aspiraciones.
Entre sus prioridades y aunque no mencionó a Venezuela en sus palabras, realizó dos anuncios que tendrán impacto en materia de seguridad para nuestro país: La implementación del acuerdo de paz y los diálogos para que la paz sea posible en Colombia.
¿Qué tiene que ver esto con Venezuela?
El acuerdo de paz suscrito entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), el 23 de junio de 2016, para poner fin al conflicto armado de más de sesenta años en ese país, estableció, entre otros aspectos, la dejación de las armas por parte de las FARC -EP y la reinserción de los combatientes desmovilizados a la sociedad, en un proceso que estuvo acompañado por la voluntad política, la asesoría y los recursos de la comunidad internacional.
Sin embargo, rápidamente se pudo empezar a constatar que no todos los desmovilizados se reinsertaron al proceso de paz y que varios frentes se declararon disidentes del acuerdo, muchos de los cuales comenzaron a operar en Venezuela, vinculados al control de los tráficos ilegales y actividades delictivas que se verifican a todo lo largo de la frontera entre ambos países, expandiéndose cada vez más su accionar, a otros espacios del territorio nacional, como el Estado Bolívar donde ha sido denunciada su presencia.
La paz es un noble propósito que debe apoyarse, y el acuerdo de paz de 2016, un hito histórico que Gustavo Petro aspira poder replicar con otros grupos alzados en armas en Colombia.
Sin embargo, el monitoreo del proceso de dejación de armas y desmovilización de combatientes, debe extenderse en su seguimiento sobre los efectos que tenga en el territorio de los países vecinos a Colombia, para evitar que disidentes y desertores de los grupos armados al margen de la ley, encuentren en los países fronterizos, el espacio para la continuidad de sus actividades, como ha ocurrido.
Varias veces lo hemos advertido, el proceso de paz en Colombia debió incorporar, con la cooperación de la ONU, un eje de vigilancia para evitar el deslave de grupos armados al margen de la ley hacia Venezuela, un pie de fuerza criminal que está socavando la seguridad en varias regiones fronterizas de nuestro país, a seis años de la firma del acuerdo de paz.
Avanzar en el restablecimiento de relaciones diplomáticas y consulares entre Venezuela y Colombia, es el primer paso de un largo, pero urgente camino de medidas que deben tomarse en materia de seguridad entre ambos países, y que ya ha sido anunciado.
Los pasos siguientes deben incluir la cooperación entre las Fuerzas Armadas de Venezuela y Colombia, el apoyo de la arquitectura de agencias, programas y fondos de la ONU para fortalecer la respuesta institucional sostenida a los desafíos transfronterizos y el monitoreo de la presencia de grupos armados de Colombia en Venezuela.
Hablar de la paz en Colombia, como quiere Petro, pasa por la certeza, de que los grupos armados no continuarán moviéndose, para instalarse en Venezuela.