Fuente: El Venezolano

Al menos 100 ciudadanos han sido detenidos en protestas y enviados a tribunales castrenses. La abogada y defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel, teme la aplicación de juicios sumarios

Los venezolanos que manifiestan en contra del gobierno de Nicolás Maduro tienen razones de sobra para preocuparse. A la feroz arremetida de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) hay que agregar las detenciones arbitrarias de civiles y su posterior traslado a recintos castrenses para ser procesados bajo la legislación militar.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en sus artículos 49 y 261 la obligatoriedad de que los ciudadanos sean juzgados “por jueces naturales”, es decir, por tribunales civiles y de conformidad con lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP).

Es la primera vez en la era democrática del país que se aplica la justicia militar de forma masiva y en detrimento de las garantías que prevé el ordenamiento legal vigente. A algunos de los detenidos se les ha querido vincular con supuestos ataques al centinela solo por manifestar en las cercanías de algunas zonas de seguridad.

El evidente disgusto entre la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, con el sistema de administración de justicia derivó en este limbo legal que afecta al menos a 100 civiles que están bajo las órdenes militares, pese a que el monopolio de la acción penal es competencia exclusiva e intransferible del Ministerio Público.

En el estado Carabobo más de 700 personas fueron detenidas el pasado fin de semana, de este grupo 70 han sido presentadas ante tribunales militares. Igual situación se vivió en  Zulia, entidad que reporta 18 detenidos, Falcón 19 y Lara 8.

La mayoría de estas personas es defendida por abogados de la ONG Foro Penal Venezolano (FPV), agrupación que también brindó asistencia legal durante las manifestaciones ocurridas entre febrero y abril de 2014.

 

 “Esto es una monstruosidad”

La presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, Rocío San Miguel, la aplicación de leyes militares para procesar y juzgar a civiles viola no solo la Carta Magna sino los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

“Esto que ocurre es una monstruosidad”, atinó a decir la también abogada con respecto al incumplimiento del debido proceso.

Precisó que la tendencia mundial es la adecuación de la legislación militar. “Solo Venezuela y Cuba han quedado rezagadas (…) En otros países ya se ha avanzado en la redacción de leyes que establecen que delitos cometidos incluso en recintos militares sean procesados por la justicia ordinaria”, apuntó.

“Se utiliza disposición del siglo XIX”

San Miguel indicó que el país tiene anclado el contenido militar y el que se está aplicando data del siglo XIX. “Otro aspecto que debe denunciarse es que los juzgados militares no cumplen con los principios de oralidad y publicidad de los juicios”.

Manifestó su preocupación ante la posibilidad de que se realicen juicios sumarios que permitan condenar a civiles. “Está el caso de dos jóvenes detenidos en Lara y que fueron enviados a la cárcel de Ramo Verde. Hay que determinar si fueron sentenciados porque eso evidenciaría que se viola el juicio oral y público al que tienen derecho los ciudadanos”.

Desde su punto de vista, en Venezuela hay un estado de conmoción de facto, pero que el Ejecutivo no quiere publicar en Gaceta Oficial. “Esto es sumamente grave porque suspende los derechos civiles y políticos de la población”, detalló.

Recordó que Ortega Díaz está facultada para determinar la responsabilidad de los jueces militares que han ordenado la detención de civiles. “Es momento para que haga uso de sus atribuciones”, sentenció.

No cesan las protestas

En el país escasean los alimentos y las medicinas, pero no las ganas de impulsar un cambio político que se cristalice en la celebración de elecciones.

El dolor por la muerte de jóvenes en las protestas se convierte en estímulo para seguir en “la resistencia” que jóvenes como Juan Pablo Pernalete (20), Armando Cañizález (17) y Miguel Castillo (27), fallecidos en los últimos 15 días, iniciaron en rechazo a la Constituyente de Maduro.

Crédito El Venezolano

Crédito El Venezolano

 

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